Plataforma Unitaria y Machado dan un mensaje sobre cómo debe marchar la transición democrática

Walter Molina y José Vicente Carrasquero analizan el alcance del acuerdo nacional que presentó la coalición de partidos que apoya a María Corina Machado

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Equipo editorial19 oct. 2026

La Plataforma Unitaria Democrática, junto con la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, suscribió un acuerdo de unidad nacional compuesto por 14 puntos. El documento establece las bases para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela, reafirma la conducción política emanada de las elecciones primarias de octubre de 2023 y plantea reformas estructurales como la eliminación de la reelección indefinida para cargos ejecutivos.

Esta postura conjunta surge tras la publicación de la hoja de ruta en abril y del Manifiesto de Panamá en mayo. El texto consolida un consenso entre los principales sectores de las fuerzas democráticas en un momento clave de la dinámica política del país, coincidiendo con el desarrollo de negociaciones entre la representación del chavismo y miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Antecedentes y ejes centrales del acuerdo de unidad

El acuerdo ratifica la legitimidad del liderazgo opositor e integra un conjunto de demandas dirigidas a lograr el restablecimiento del orden constitucional. Entre los aspectos prioritarios expuestos en la declaración destacan la exigencia de liberación inmediata para los presos políticos, la fijación de un calendario hacia elecciones presidenciales y la reestructuración de los poderes públicos.

Según declaraciones brindadas al medio El Pitazo por el politólogo Walter Molina, la firma de este pacto representa un avance en la articulación de la oposición. Molina sostuvo que la cohesión opositora debe sostenerse en una estrategia con metas específicas y plazos delimitados, enfatizando la necesidad de acordar una fecha clara para la realización de comicios presidenciales, propuesta que situó en el año 2027. De acuerdo con el analista, el uso de la negociación política debe mantenerse como un medio para alcanzar el cambio democrático y no como un estado permanente.

A diferencia de los pronunciamientos previos difundidos en meses anteriores, este documento extiende su alcance hacia la institucionalidad futura del Estado venezolano. Al incorporar el compromiso explícito de suprimir la reelección indefinida en los cargos de elección popular del Poder Ejecutivo, el bloque opositor busca sentar las bases para la alternancia obligatoria en el poder.

Restablecimiento institucional y reformas de fondo

El compromiso de modificar las normas electorales para prohibir la reelección sin límites requerirá una reforma de carácter constitucional. En este contexto, el politólogo José Vicente Carrasquero explicó en entrevista con El Pitazo que, aunque fijar esta posición de manera anticipada resulta un precedente relevante, la ejecución formal de esta medida dependerá de un próximo gobierno respaldado por una mayoría parlamentaria amplia.

Carrasquero indicó que la eliminación de la reelección continua apunta a corregir uno de los factores que, a su juicio, contribuyó al deterioro de la institucionalidad en la historia reciente del país. Asimismo, precisó que la exigencia de garantías para comicios transparentes constituye un requisito ordinario en procesos de transición, mientras que los cambios constitucionales de fondo corresponderán al periodo posterior al cambio de gobierno.

El análisis sobre el acuerdo diferencia las etapas requeridas para el cumplimiento de las metas planteadas:

  • Primera fase: Medidas de carácter humanitario y de garantías básicas, centradas en la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos y la cesación de medidas represivas.
  • Segunda fase: Renovación de los poderes públicos indispensables para el arbitraje democrático, principalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
  • Tercera fase: Consolidación del marco institucional bajo una nueva administración, en la cual se implementarían las reformas constitucionales para impedir la permanencia indefinida en el ejecutivo.

Al respecto, Molina aclaró que el proceso de reconstrucción institucional no puede anteponerse a la consulta ciudadana. De acuerdo con su postura, condicionar la realización de comicios a la renovación previa de la totalidad de las instituciones alteraría la secuencia lógica necesaria para una transición efectiva.

La dinámica de la mesa de negociación y el plano internacional

El pronunciamiento de la Plataforma Unitaria y el liderazgo opositor guarda relación con el espacio de diálogo donde participan exdiputados del Parlamento de 2015 y representantes del chavismo. Carrasquero señaló a El Pitazo que este espacio responde a una agenda definida en gran medida por la mediación e influencia de Estados Unidos sobre las partes involucradas.

El analista destacó que los puntos quinto y sexto del acuerdo suscrito por la Plataforma Unitaria y Machado coinciden con los objetivos teóricos de la mesa de negociación, en lo relativo a la reinstitucionalización del Estado y el nombramiento de nuevos rectores para el CNE y magistrados para el TSJ. No obstante, advirtió sobre la falta de iniciativas autónomas por parte del chavismo para flexibilizar las restricciones políticas o agilizar la liberación de prisioneros.

En el texto del acuerdo, la mención a los actores internacionales se alinea con la estrategia de tres fases delineada por la administración estadounidense, actor relevante en el escenario nacional tras los acontecimientos políticos del 3 de enero. Según el análisis de Carrasquero, la acción exterior ha marcado pautas para encauzar a los factores políticos hacia un proceso de democratización.

Por su parte, Molina enfatizó que el documento funciona como un mensaje interno dentro del espacio opositor para unificar criterios y evitar divergencias estratégicas. La ratificación de la ruta electoral y la exigencia de garantías institucionales buscan impedir que sectores políticos prolonguen las fases de negociación sin concretar resultados definidos en beneficio de la ciudadanía.

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