El estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo, de 28 años, acudió al Palacio de Justicia en Caracas para exigir el sobreseimiento de su causa y el otorgamiento de su libertad plena. Carrillo, quien estuvo privado de libertad durante tres años, siete meses y seis días, es considerado el último profesional o estudiante del área de la comunicación que mantiene un expediente judicial abierto en el país, según el registro de organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos.
Actualmente, el estudiante cursa el noveno semestre de la carrera universitarias y se encuentra bajo un régimen de medidas cautelares sustitutivas acordado el pasado 26 de febrero. Dichas medidas le prohíben la salida del territorio nacional y le imponen la obligación de presentarse de manera periódica ante los tribunales correspondientes.
La detención de Carrillo ocurrió el 20 de julio de 2022 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Posterior a su aprehensión, la defensa y sus allegados denunciaron un periodo de desaparición forzada temporal antes de confirmarse su traslado a la sede del SEBIN en El Helicoide y, posteriormente, al Centro Penitenciario Yare II, lugares donde permaneció recluido y en los cuales denunció haber sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al presentarse a la séptima audiencia de su juicio oral y público, Carrillo reafirmó su inocencia ante los medios de comunicación y las organizaciones que acompañan su caso, señalando que la interrupción forzada de sus actividades académicas se debió a un procedimiento arbitrario en el momento en que se encontraba próximo a obtener su título universitario.
Cronología de las irregularidades y retardo procesal
El expediente tramitado en contra de Jonathan Carrillo contempla cinco cargos penales: migración ilícita, usurpación de funciones, uso de documento público falso, forjamiento de documentos públicos y asociación para delinquir. Las autoridades del Ministerio Público vincularon estos delitos con una presunta logística para el ingreso irregular de un ciudadano extranjero al país.
A lo largo de los casi cuatro años que ha tomado el proceso judicial, la defensa técnica ha documentado faltas al debido proceso y dilataciones injustificadas. La audiencia preliminar debió ser reprogramada y ejecutada en cuatro oportunidades distintas y en jurisdicciones diferentes. Dos de estos actos se celebraron en tribunales ordinarios del estado La Guaira y otros dos ante los Tribunales con Competencia en Materia de Terrorismo radicados en Caracas.
En ese sentido, el caso permaneció asignado durante dos años y siete meses al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Casos Vinculados al Terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero. Durante este lapso, según las declaraciones prestadas por el imputado, no se realizaron las actuaciones ni las diligencias de investigación orientadas a comprobar la veracidad de las acusaciones o el esclarecimiento de los hechos.
Carrillo detalló asimismo que, durante una de las fases desarrolladas en la jurisdicción de La Guaira, las autoridades judiciales le propusieron someterse a un procedimiento de admisión de hechos o negociación procesal, propuesta que fue rechazada por el estudiante argumentando la ausencia de responsabilidad penal en los actos imputados.
El juicio formal se inició el 29 de junio del presente año. Desde esa fecha, el debate oral ha registrado suspensiones continuas. De un total de nueve funcionarios del SEBIN promovidos por la fiscalía en calidad de testigos promovidos para sustentar la acusación, únicamente dos han acudido a declarar. Dichas comparecencias se concretaron el 7 de octubre durante la sexta audiencia del proceso.
De acuerdo con lo expuesto por el procesado y sus representantes legales, las declaraciones rendidas por los funcionarios actuantes no aportaron elementos que permitan vincular directamente a Carrillo con la comisión de los cinco delitos atribuidos. Asimismo, la defensa privada denunció que solo se le permitió formalizar su juramentación y acceder a la totalidad de las actas procesales cuatro años después de iniciada la investigación, constatando la carencia de pruebas de convicción en las actas de la fiscalía.
A las puertas del juzgado, Carrillo cuestionó la aplicación de la legislación antiterrorista y la Ley contra el Odio en casos vinculados a la libertad de expresión e información, señalando que el ejercicio periodístico o la formación en el área de la comunicación social no constituyen tipos penales, por lo que instó a revisar las garantías constitucionales que protegen el debido proceso en la República.
