La Criminalización Persistente: Operativo Policial en Barquisimeto Desnuda el Ataque a la Comunidad LGBTIQ+ Venezolana
Un alarmante operativo perpetrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Barquisimeto, estado Lara, ha puesto de manifiesto la grave y sistemática criminalización que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela. El sábado 30 de mayo de 2026, un establecimiento de entretenimiento dirigido a esta población fue objeto de un allanamiento ilegal, extorsión y la detención arbitraria de al menos 33 hombres, quienes fueron acusados por los agentes de "ejercer el delito de la homosexualidad", una figura inexistente en la legislación venezolana.
Una Incursión Arbitraria y Discriminatoria
La denuncia, articulada por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento SOMOS, detalla una serie de violaciones flagrantes a los derechos humanos. Los efectivos de la PNB, actuando vestidos de civil, irrumpieron en el local sin orden judicial alguna, lo que de entrada invalida cualquier procedimiento y lo califica como un allanamiento ilegal. Esta modalidad de operación, donde agentes sin identificación clara y sin respaldo legal proceden a detenciones y requisas, es una práctica recurrente que genera indefensión y abre la puerta a la extorsión, un delito que, según las organizaciones, también se consumó durante el incidente.
La esencia de la denuncia radica en la motivación explícitamente discriminatoria de la acción policial. Acusar a individuos de "ejercer el delito de la homosexualidad" no solo es una afirmación jurídicamente insostenible, sino que revela una profunda animadversión y prejuicio por parte de los perpetradores. En el ordenamiento jurídico venezolano no existe ninguna ley que criminalice la orientación sexual. Esta imputación arbitraria no solo carece de base legal, sino que representa una afrenta directa a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, contraviniendo principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en múltiples tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado venezolano es signatario.
El impacto de este tipo de acciones va más allá de la mera transgresión legal. La detención de los 33 hombres, la humillación pública a la que fueron sometidos y la exposición forzada de su orientación sexual a familiares y amigos, constituyen una grave vulneración de su derecho a la privacidad, a la intimidad y a la reputación. En una sociedad donde la discriminación y los prejuicios contra las personas LGBTIQ+ persisten, la revelación involuntaria de la orientación sexual puede tener consecuencias devastadoras en el ámbito personal, familiar, social y laboral, exacerbando la vulnerabilidad de estas personas y exponiéndolas a mayores riesgos de estigmatización y violencia.
