De refugio en refugio: cuando el derecho a la vivienda se convierte en espera
En un espacio que originalmente estaba destinado a la construcción de un minicentro comercial —y que quedó en obra gris, sin terminar— habita Adriana González* con sus cuatro hijos. Lo que comenzó como una solución temporal en 2019 se convirtió en un albergue permanente, en donde comparte cocina y baños con al menos 80 familias
Adriana González*, una madre con cuatro hijos, reside desde 2019 en un refugio improvisado en La Florida, Caracas. Este espacio, originalmente proyectado como un minicentro comercial y que permanece en obra gris, alberga a unas 80 familias. La situación de Adriana, quien ha vivido de "refugio en refugio" durante la última década, se ha deteriorado tras los sismos del 24 de junio, que provocaron el colapso de varias paredes dentro del albergue, dejándola sin su cubículo original y obligándola a dormir en un salón común sobre colchonetas delgadas, según un reporte de Runrun.es.
Una década de espera por vivienda digna
La experiencia de Adriana González es representativa de miles de familias venezolanas que han permanecido en refugios temporales por más de una década. Muchas de estas personas fueron desalojadas de sus hogares tras las intensas lluvias de 2010 en La Guaira, cuando el Estado venezolano prometió soluciones habitacionales que, en numerosos casos, no se han materializado. La espera por una vivienda digna se extiende por más de 15 años para algunas de estas familias.
Antes de su llegada al refugio en La Florida, Adriana trabajó en el Hotel Liana, en Plaza Venezuela, donde desempeñó labores de limpieza y apoyo logístico. Fue a través de su antiguo empleador que obtuvo ingreso al albergue. Su vida actual se caracteriza por la falta de privacidad, el hacinamiento y las interrupciones en el servicio de agua potable. Adriana ha expresado sentirse incómoda, pero ha señalado que la situación económica del país le impide adquirir una vivienda propia o alquilar un espacio para ella y sus hijos, y no cuenta con apoyo familiar o empleo estable.
La deuda habitacional se agrava tras los sismos
La emergencia nacional declarada a raíz de los terremotos del 24 de junio ha incrementado la ya existente deuda habitacional del Estado, de acuerdo con el general retirado Antonio Rivero, quien fue director Nacional de Protección Civil en Venezuela hasta 2008. Rivero ha afirmado que el panorama para quienes ya estaban refugiados antes de los sismos es "más que sombrío", y ha expresado escepticismo sobre la capacidad del gobierno actual para satisfacer los requerimientos de vivienda de estas personas.
Según Rivero, la prolongada permanencia de ciudadanos en refugios improvisados es una "clara señal" del incumplimiento estatal de su obligación constitucional de garantizar una vivienda digna. La legislación venezolana estipula que dormir en el suelo, vivir en condiciones de hacinamiento y carecer de habitabilidad y salubridad mínimas constituye una violación directa de los derechos humanos.
Venezuela es signataria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que obliga al Estado a asegurar el derecho a una vivienda digna para todos sus ciudadanos y a implementar medidas para prevenir condiciones de vida infrahumanas. Estándares internacionales, como los establecidos por el Manual Esfera, la ONU y ACNUR, subrayan que la estadía en refugios debe ser breve y que estos espacios deben ser seguros, especialmente para mujeres y niños, a fin de mitigar riesgos de violencia y abuso.
Potencial de reconstrucción y desafíos estructurales
Antonio Rivero ha enfatizado la gravedad de los daños causados por los dos terremotos, pero ha sostenido que una gestión adecuada podría permitir la reconstrucción de Venezuela. Sus estimaciones sugieren que el doblete sísmico podría haber dejado entre 50.000 y 100.000 familias damnificadas, lo que se traduce en aproximadamente 250.000 a 300.000 personas. El exdirector de Protección Civil ha afirmado que, en un país con condiciones normales, esta cantidad de viviendas podría construirse en un año.
Para ilustrar este punto, Rivero ha citado el primer gobierno de Rafael Caldera, que estableció una meta de construir 100.000 viviendas en un año, objetivo que, según él, fue alcanzado y superado en los últimos años de su gestión. Ha recalcado que la reconstrucción de La Guaira, zonas de Caracas y otros estados afectados por los terremotos del 24 de junio es factible, mencionando ejemplos de países como Perú, Chile e islas devastadas por huracanes que han logrado una recuperación completa tras desastres similares.
Rivero ha identificado la corrupción, la falta de planificación y la ausencia de estudios técnicos apropiados en materia de gestión de riesgos como las causas principales de los problemas habitacionales y de infraestructura en Venezuela. Ha advertido contra la reanudación de construcciones en Vargas y Caracas sin estudios microsísmicos de suelo, para evitar la repetición de emergencias de magnitud similar o superior.
Adriana González, por su parte, no aspira a una vivienda lujosa, sino a un espacio para ella y sus hijos donde no tenga que compartir paredes improvisadas y baños con decenas de personas. A pesar de las adversidades, ha expresado gratitud por el refugio que la ha albergado por casi siete años y mantiene la esperanza de acceder a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución.
*La identidad de Adriana González ha sido modificada para protegerla de posibles represalias.
