La tierra tembló en el norte de Venezuela, y con ella, se desmoronó la frágil fachada de un Estado ya moribundo. Los recientes y devastadores terremotos no solo dejaron a su paso escombros y desolación, sino que expusieron de manera brutal la absoluta incapacidad, ineficiencia y desidia de las estructuras gubernamentales para responder a una emergencia de tal magnitud. Lo que se ha revelado es mucho más que una falla logística: es la confirmación de que la maquinaria estatal, tal como la conocemos, ha sido desmantelada y reconfigurada para fines muy distintos a la protección y servicio de sus ciudadanos. Esta cruda realidad exige un "reseteo" urgente, no solo en la visión interna de la nación, sino en la percepción y estrategia de aquellos actores internacionales que pretenden tutelar su futuro.
Desde las primeras horas críticas, las 72 a 96 que marcan la diferencia entre la vida y la muerte para quienes quedan atrapados bajo los escombros, la ausencia del Estado fue notoria y dolorosa. Testimonios que se multiplicaron como la pólvora en redes sociales y medios independientes, pintaron un panorama desolador: ni efectivos militares, ni equipos de rescate especializados, ni hospitales de campaña, ni maquinaria pesada para remover cascotes hicieron acto de presencia de forma oportuna. La ventana de oportunidad para salvar vidas se cerró sin que el aparato público mostrara la más mínima reacción coordinada o efectiva.
En contraste, la respuesta provino de donde siempre ha emergido la esperanza en las peores crisis venezolanas: de la sociedad civil. Voluntarios, muchos de ellos jóvenes, se lanzaron con sus propias manos, con herramientas rudimentarias y una determinación inquebrantable, a buscar sobrevivientes. Brigadas internacionales, con su experiencia y recursos, comenzaron a llegar, pero su labor se vio cruelmente obstaculizada por la "opacidad revolucionaria" y los amagos por controlar todo de parte de las fuerzas de seguridad. Se denunció, incluso, que se impidió el acceso y la coordinación, evidenciando una prioridad por el control político sobre la vida humana. La angustia de la población, en vilo y sin información clara, fue el reflejo más fiel de un Estado que no solo falla en el momento más crítico, sino que activamente dificulta la ayuda.
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La tragedia natural puso en evidencia la falacia de la estrategia adoptada por actores internacionales, en particular el "protectorado" estadounidense impuesto tras la "captura" del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero. Bajo el liderazgo del entonces presidente Donald Trump y el senador Marco Rubio, se delineó un plan de tres etapas para Venezuela –estabilización, recuperación y transición democrática– delegando la conducción del país a Delcy Rodríguez y su entorno. La premisa subyacente a esta arriesgada maniobra era que, si bien el liderazgo había cambiado, la maquinaria estatal subyacente seguía siendo funcional y operativa, capaz de ser "reprogramada" para nuevos fines. Los terremotos demostraron, con una crueldad inusitada, que esa premisa es radicalmente errónea. Ese Estado funcional, capaz de gestionar una crisis o de implementar un plan de reconstrucción, simplemente no existe.
Para comprender la magnitud de este colapso, es necesario hacer una digresión y examinar la génesis de la destrucción del Estado venezolano bajo el chavismo. La pregunta de cómo Nicolás Maduro se mantuvo al frente del poder, a pesar de su notoria falta de preparación, mediocridad e incompetencia, es central. Su primer período (2013-2018) fue un desastre sin paliativos: la economía se redujo a una cuarta parte, PDVSA, la joya de la corona, fue desmantelada, la institucionalidad republicana pulverizada, la hiperinflación devoró los salarios y la represión se convirtió en la moneda de cambio. A pesar de este historial, fue relanzado para un segundo mandato, "ganando" unas elecciones de 2018 abiertamente fraudulentas y siendo "ostracizado" por la comunidad democrática internacional. La historia se repitió en 2024, cuando, ante el inminente triunfo de la oposición liderada por María Corina Machado, Maduro y su entorno, con la complicidad de figuras como Delcy Rodríguez y el ilegítimo Elvis Amoroso, se robaron descaradamente los resultados.
Este reiterado desatino, que desafía la lógica política convencional, se desvela con una cuota de "malicia", como bien señala García Larralde. Hugo Chávez, quien se consideraba insustituible, pactó con el castrismo, al que estaba completamente entregado, el nombramiento de Nicolás Maduro como su sucesor. La elección no recayó en Diosdado Cabello, quien por su posición como presidente de la Asamblea Nacional era el sucesor natural, porque ni los cubanos ni el propio Chávez confiaban en él. Maduro, en cambio, se había formado como agente cubano en la Escuela "Ñico López" en La Habana, lo que garantizaba su lealtad a la agenda de la autocracia caribeña.
La Metamorfosis Fascista del Estado
Para asegurar la continuidad de la "revolución bolivariana" tras la muerte de Chávez, Cuba terminó de montar un aparato de seguridad de Estado terrible, inspirado en las prácticas perfeccionadas a lo largo de los años por la KGB rusa y la Stasi de Alemania Oriental, a su vez herederas de la Gestapo nazi. Este formidable "aparato de terror" se convirtió en la columna vertebral que sostendría a Maduro, independientemente de sus fracasos o de los avatares políticos. Los desastres de su gestión lo llevaron a un uso creciente de esta máquina represiva. Para ello, fue necesario corromper a los mandos militares, colocándolos al frente de cuanto negocio y empresa estatal existía, incluyendo PDVSA, convirtiéndolos en socios y garantes del saqueo.
Simultáneamente, para anular toda rendición de cuentas y destruir los "checks and balances" de la democracia republicana, el régimen montó una institucionalidad paralela: un Tribunal Supremo de Justicia abyecto y una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, que usurpó la representación popular legítimamente electa en la Asamblea Nacional de 2015, de mayoría opositora. Contra este blindaje fascista se estrellaron las movilizaciones ciudadanas que pedían respeto a la Constitución, la convocatoria de un referendo revocatorio y la restitución de los derechos ciudadanos. Hubo muertos, heridos y perseguidos. El Estado, transformado en un instrumento para conculcar garantías y reprimir a los venezolanos, demostró su eficiencia solo en esta función. Todo lo demás, lo dejaron atrofiar. Quien comandaba esta horrible metamorfosis, siempre bajo supervisión cubana, era Nicolás Maduro.
Se engendró una simbiosis enfermiza entre mafias que saqueaban impunemente el país y el manto protector de la represión. Un círculo vicioso que se retroalimentaba perversamente: a medida que los atropellos de Maduro provocaban más indignación y protestas, más se recurría al aparato de terror. Y mientras más reprimía y asesinaba, más crecía el malestar, obligando a una nueva ola de represión. La expoliación chavista solo prosperaba en este juego cruel. Continuar enriqueciéndose, a cuenta de ser "revolucionarios" y, por ende, dueños del país, obligó a sostener al nefasto Maduro. Aunque careciera de legitimidad y apoyo, a través de él podían contar con el sostén de la represión. Y la autocracia cubana podía seguir parasitando a Venezuela, como lo demostraron los 33 cubanos muertos durante la "incursión gringa" del 3 de enero, parte de un contingente de más de 100 dedicados a proteger al dictador.
Implicaciones de un Estado Secuestrado
El aparato estatal se subordinó a las tareas de control y represión. El resto de la administración pública se fue atrofiando bajo el peso de la desidia, la falta de recursos y las corruptelas generalizadas. Es este el Estado sobre el cual Marco Rubio y sus aliados pensaban descargar el cometido de su protectorado. Uno que ha mostrado, tan dolorosamente, no estar a la altura de sus responsabilidades elementales en momentos de tan terrible
