Los terremotos, psicología de la crisis y una devastación que nadie quiso ver
Por Jesús Noel Hermoso F. El Estado venezolano está devastado. Lo poco que queda se encuentra secuestrado por los peores hombres y mujeres del país. El doblete sísmico que nos golpeó no hizo más que desnudar la verdad. La muerte institucional no comenzó el 29 de junio de 2026, pero fue en ese sacudón y
El 29 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por un doblete sísmico de proporciones devastadoras. Lo que comenzó como una catástrofe natural se transformó rápidamente en el más crudo espejo de la realidad nacional, revelando la profunda descomposición de un Estado que, más allá de sus ruinas físicas, ya se encontraba moral e institucionalmente pulverizado. Los terremotos no solo derrumbaron infraestructuras y arrebataron vidas; expusieron, con brutal claridad, la verdadera magnitud de una tragedia que muchos se negaban a ver, un drama donde la bondad y la maldad se desbordaron, pero con un patrón inquietante: lo peor provino, de forma abrumadora, del propio Estado.
La nación, ya fragilizada por años de crisis multidimensional, se encontró de repente ante un escenario apocalíptico que exigía una respuesta coordinada, humana y efectiva. Sin embargo, lo que se manifestó fue una profunda polarización de la conducta humana: por un lado, la resiliencia, el altruismo y la solidaridad de una sociedad civil abandonada a su suerte; por otro, la indolencia, la corrupción y la barbarie de una estructura de poder que, en lugar de proteger, depredó a sus propios ciudadanos en su momento de mayor vulnerabilidad.
La Muerte Institucional Revelada: Un País en Piloto Automático Desactivado
La devastación física de ciudades y pueblos fue solo una parte de la catástrofe. El impacto psicológico en la mente colectiva fue igualmente profundo y perturbador. Como bien señala la psicología de emergencias, en momentos críticos el cerebro desactiva el "piloto automático", cediendo el control a la amígdala, la parte más primitiva que rige la supervivencia. En este estado, emergen tanto la capacidad adaptativa del ser humano –el altruismo, la cooperación, la creatividad para salvar vidas– como sus vulnerabilidades más oscuras –el egoísmo, el acaparamiento, la violencia desatada por la desesperación. Venezuela experimentó ambas caras de esta moneda, pero la distinción crucial radicó en quién encarnó cada extremo.
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La muerte institucional del Estado venezolano no fue un evento súbito provocado por los sismos. Venía gestándose desde hace años, alimentada por la corrupción endémica, la polarización política y el desmantelamiento sistemático de las estructuras democráticas y de servicio público. Los terremotos de junio de 2026 no iniciaron esta descomposición, pero actuaron como un potente catalizador que la hizo innegable, exponiendo la fragilidad de un sistema que ya estaba en ruinas mucho antes de que la tierra temblara. La falta de preparación, la ausencia de protocolos de emergencia efectivos, la escasez de equipos de rescate y la tardía, casi inexistente, respuesta oficial, no fueron fallas aisladas, sino el reflejo de una estructura estatal corroída desde sus cimientos.
El Claroscuro de la Humanidad: Héroes Anónimos y Funcionarios Depredadores
En medio del caos, la sociedad venezolana mostró su lado más noble. En La Guaira, una de las zonas más golpeadas, los ciudadanos más humildes, aquellos históricamente subestimados y golpeados por la crisis, emergieron como los verdaderos héroes. Historias de vecinos rescatando vecinos, de voluntarios organizando colectas espontáneas, de comunidades enteras uniéndose para buscar supervivientes entre los escombros, inundaron las redes sociales y los pocos medios independientes que aún operaban.
Un episodio emblemático de esta dualidad ocurrió cuando un grupo de mujeres, en un acto de dignidad incalculable, arrebató fajos de billetes de 100 dólares a policías que los habían sustraído de viviendas damnificadas, y los destruyeron uno a uno. No los usaron para sí mismas, no los cambiaron por comida o insumos; los hicieron pedazos, en un potente gesto de repudio a la corrupción y de afirmación de la dignidad humana frente a la vileza. Este acto, más allá de su valor monetario, se convirtió en un símbolo de la resistencia moral de un pueblo que se negaba a ser cómplice o víctima pasiva de la depravación.
Contrastando con esta ola de solidaridad, la respuesta del Estado fue de una indolencia inaudita e inhumana. La ausencia total de maquinaria pesada y de equipos de rescate especializados durante los primeros días fue un testimonio desgarrador de la incapacidad operativa y la falta de planificación. El decreto de luto nacional, emitido inexplicablemente ocho días después del doblete sísmico, no hizo más que subrayar la desconexión del "triunvirato gobernante" con el dolor de su pueblo. Su principal preocupación, según las denuncias, parecía centrarse en actos protocolares y en la adulación a intereses externos, ignorando la magnitud de la tragedia interna.
Pero la indolencia no fue el único rostro del Estado. La información que emergió de las zonas de desastre reveló un patrón sumamente inquietante: las reacciones desadaptativas más flagrantes, los actos de mayor degradación humana, fueron protagonizadas casi en su totalidad por funcionarios del Estado, particularmente por policías y militares, es decir, las bases represivas y de sustentación del régimen.
Los casos documentados son espeluznantes:
Robo de divisas: En las Residencias Vallarta, La Guaira, agentes del CICPC fueron grabados sustrayendo un fajo de aproximadamente 10.000 dólares en efectivo de una familia damnificada.
Saqueo con vehículos oficiales: Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron filmados utilizando motocicletas oficiales para saquear electrodomésticos, incluyendo equipos de sonido nuevos en cajas de grandes dimensiones.
Hurtos militares: Se denunciaron incursiones y hurtos en apartamentos residenciales desalojados en Catia La Mar por parte de funcionarios militares.
Indolencia en el deber: Un funcionario militar fue capturado en estado de embriaguez mientras se suponía que vigilaba las labores de remoción de escombros y salvamento de vidas, mientras decenas de ciudadanos trabajaban incansablemente.
Extorsión y despojo en puntos de control: Tras la militarización de las zonas de desastre, se impusieron salvoconductos estrictos. En estos puntos, agentes policiales y militares retenían o robaban utensilios de cocina, ollas, ropa, comida, equipos y calzado, bajo el pretexto de "revisiones de seguridad".
Desaparición forzada de un rescatista: Wilmer Antonio Cruz, conocido como "El Topo de La Guaira", un rescatista improvisado que se ganó el cariño de la gente por su labor incansable, fue presuntamente secuestrado por funcionarios del Estado vestidos de negro, luego de criticar públicamente al gobierno interino por la desatención y la falta de insumos. Este hecho es una escalofriante muestra de la persecución contra quienes alzan la voz, incluso en medio de la tragedia.
En contraste, las denuncias dirigidas contra civiles fueron sustancialmente menores y menos graves, reduciéndose a hurtos por calamidad en casas abandonadas o saqueos a algunos comercios, y en un par de casos extremos, abuso sexual. Es decir, mientras la sociedad civil, con sus imperfecciones, mayoritariamente se inclinó hacia la solidaridad, el brazo armado del Estado se reveló como una fuerza depredadora.
Implicaciones: Un Estado Criminal Contra su Sociedad
La concentración de los actos más degradantes en el seno de las fuerzas de seguridad y militares del Estado venezolano pone en evidencia una verdad dolorosa y alarmante: estamos presenciando un enfrentamiento entre el Estado y sus ciudadanos. La tragedia sísmica no solo reveló la descomposición del Estado, sino que confirmó la tesis de que Venezuela y su aparato gubernamental han sido tomados por asalto por una banda de delincuentes. Lo peor de la sociedad, armado y organizado, controla al resto de ciudadanos por la fuerza, y lo hace sin el menor asomo de humanidad, incluso en la hora más oscura de la nación.
Esta situación no solo compromete la soberanía y la integridad interna del país, sino que también plantea serias interrogantes sobre la complicidad internacional. La mención de que el "Gobierno de Donald Trump" puso al servicio de intereses particulares a esta "banda de criminales" después del 3 de enero de 2026, si bien no se detalla, sugiere una implicación de actores externos en la perpetuación de un régimen que ahora se revela abiertamente como depredador. Esta exposición a la luz pública podría tener profundas implicaciones geopolíticas y éticas, al desnudar alianzas que, lejos de estabilizar, han profundizado la crisis humanitaria y moral de Venezuela.
Las consecuencias sociales son devastadoras. La erosión total de la confianza en las instituciones públicas, la sensación de abandono y la experiencia directa de la opresión por parte de quienes deberían proteger, dejan cicatrices psicológicas y sociales profundas en la población. La resiliencia del pueblo venezolano es admirable, pero también lo es el hastío y la desesperación que genera vivir bajo un yugo tan cruel.
El Anhelo de Cambio Acelerado: Nada que Perder, Salvo las Cadenas
Inicialmente, podría haberse pensado que una tragedia de tal magnitud permitiría a la cúpula gobernante, a esos "Los Rodríguez" que detentan el poder, "lavarse la cara", actuar con un mínimo de empatía o, al menos, simular una respuesta humana. Incluso, que la conmoción podría retrasar el anhelo de cambio que hierve en la sociedad venezolana, dadas las circunstancias extremas. Sin embargo, la cruda realidad demostró lo contrario.
La tragedia no retrasó el cambio; lo aceleró. La brutalidad y la indolencia expuestas por los sismos no dejaron lugar a dudas: la salida de esta caterva de delincuentes, de este Estado criminal, es una urgencia vital. Los sacrificios que esto pueda implicar, por duros que sean, parecen insignificantes frente a la perspectiva de seguir viviendo bajo un régimen que no solo es incapaz de proteger, sino que activamente se beneficia del sufrimiento de su propio pueblo.
Los terremotos de junio de 2026 fueron un punto de inflexión. No solo revelaron la devastación física, sino la podredumbre moral y política de un sistema. En ese claroscuro, en esa confrontación entre la dignidad de un pueblo y la depravación de su Estado, quedó expuesta la verdadera magnitud de la tragedia venezolana. Y con ella, la
