Kimberly Espaillata y Omarly Arcia siguen detenidas tras cuatro años y 140 audiencias diferidas en Bolívar
La operación Roraima en Bolívar mantiene a 10 personas tras las rejas, de las cuales dos son mujeres. Omarly Arcia y Kimberly Espaillata afrontan un prolongado encierro mientras sus familiares denuncian retardo procesal. Ciudad Bolívar. Casi cuatro años han pasado desde las detenciones de Kimberly Espaillata y Omarly Arcia, dos mujeres arrestadas en circunstancias distintas, […]
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El diferimiento recurrente de las audiencias preliminares y la inasistencia del Ministerio Público mantienen privadas de libertad a ciudadanas detenidas en el marco de la llamada Operación Roraima en el estado Bolívar. Las denuncias presentadas por los familiares de Kimberly Espaillata y Omarly Arcia exponen un patrón de retardo procesal en el circuito judicial de la entidad, con expedientes paralizados que acumulan decenas de suspensiones sin la presentación de pruebas concluyentes por parte del órgano acusador.
Acusaciones sin comparecencia fiscal en el caso de Kimberly Espaillata
Kimberly Espaillata acumula cerca de cuatro años privada de libertad tras ser aprehendida en un procedimiento vinculado a la intervención militar en el sur del país. De acuerdo con las declaraciones de su hermana, Mariana Pérez, la Fiscalía no ha presentado en los tribunales a los funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecutaron el arresto, lo que ha generado el diferimiento de más de 140 audiencias desde el inicio del proceso.
Pérez explicó que durante el último año las convocatorias ante el tribunal se han fijado de manera consecutiva, pero las sesiones no concluyen debido a la ausencia de los representantes del Ministerio Público, quienes no comparecen de forma presencial ni mediante los canales telemáticos previstos por la ley. La imputación contra Espaillata abarca la presunta comisión de complicidad necesaria en el tráfico de armas y municiones, complicidad necesaria en el tráfico de material estratégico (categoría legal destinada a resguardar bienes energéticos y mineros del Estado) y asociación para delinquir.
La defensa familiar sostiene que el expediente inicial se fundamentó en un traslado bajo la premisa de rendir declaraciones por supuesta resistencia a la autoridad. Según el testimonio de Pérez, los efectivos de seguridad ingresaron a la residencia de Espaillata para realizar un procedimiento de inspección sin la presencia de la detenida, de su padre ni de testigos civiles. El principal elemento incriminatorio señalado por la representación fiscal consiste en un teléfono móvil que, según la familia, no pertenecía a la procesada y fue obtenido mediante un procedimiento de procedencia dudosa.
En relación con la conducción del juicio, Pérez indicó que el juez Darwin Bastardo manifestó en sede judicial la falta de elementos probatorios suficientes para dictar una sentencia condenatoria. Según la versión del familiar, el magistrado expresó su disposición a emitir la boleta de excarcelación correspondiente, pero condicionó la medida a la recepción de una instrucción de rango superior. Asimismo, la familia logró ubicar la residencia de uno de los funcionarios involucrados, quien se encuentra fuera del territorio nacional; sin embargo, el Ministerio Público no ha gestionado la notificación ni la toma de testimonio mediante videoconferencia.
La detención de Omarly Arcia y el uso de insumos de intercambio local
En una situación similar se encuentra Omarly Arcia, arrestada el 1 de noviembre de 2022 por comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Su hermana, Wilenis Arcia, informó que la detenida permanece recluida en la sede policial de Vizcaíno, ubicada en San Félix, y que a la fecha la familia no ha obtenido las autorizaciones requeridas para realizar visitas en el centro de reclusión.
Las hermanas Arcia, originarias de la zona de Guarenas-Guatire en el estado Miranda, se habían trasladado al sur del estado Bolívar para laborar en las zonas de extracción minera. Durante el allanamiento practicado a la vivienda familiar, los funcionarios militares incautaron teléfonos celulares y un gramo de oro, denominado localmente como "grama", el cual fue incorporado al expediente como evidencia delictiva.
Wilenis Arcia precisó que la cantidad de mineral decomisada correspondía a la remuneración por los trabajos realizados en la zona, dado que la grama de oro funciona como la principal unidad de cuenta y medio de pago comercial en las poblaciones del sur de Bolívar. Por su parte, Carla Mendoza, también hermana de la privada de libertad, reportó que el caso de Arcia suma 55 audiencias diferidas, por lo que exigió la revisión técnica del expediente para definir el estatus jurídico de la ciudadana.
Contexto del despliegue militar en las zonas mineras
La Operación Roraima constituye un despliegue de las Fuerzas Armadas iniciado a finales de octubre de 2022 en los municipios del sur del estado Bolívar. La versión oficial de la comandancia militar atribuye a este operativo el objetivo de combatir la minería no autorizada y desarticular a los grupos armados independientes que operan en los yacimientos de la región.
Sin embargo, los reportes recopilados entre los residentes de las comunidades afectadas señalan la ejecución de allanamientos a viviendas particulares sin las debidas órdenes judiciales, confiscación de bienes de uso cotidiano e incursiones que derivaron en las detenciones de habitantes locales. Los familiares de las víctimas sostienen que las actuaciones policiales y militares en la zona carecieron de la supervisión de testigos independientes.
Calificación de las organizaciones de derechos humanos
Organizaciones no gubernamentales especializadas en el monitoreo del sistema de justicia venezolano han documentado las irregularidades presentes en los expedientes derivados de la Operación Roraima. La organización Justicia, Encuentro y Perdón ha advertido formalmente que la paralización sistemática de las audiencias preliminares y de juicio quebranta las garantías constitucionales relativas al debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva.
De forma complementaria, análisis del Foro Penal venezolano señalan que la utilización de objetos de uso personal o pequeñas fracciones de minerales preciados como elementos de convicción probatoria, sin la práctica de peritajes técnicos ni auditorías de origen, evidencia deficiencias en la sustentación jurídica de los expedientes redactados por los órganos de investigación penal.
Los allegados de Kimberly Espaillata y Omarly Arcia reiteraron que sus reclamos se centran en el cese del retardo procesal, el cumplimiento de las comparecencias fijadas para la representación fiscal y la evaluación transparente de las pruebas existentes para resolver la privación de libertad de ambas mujeres.
