Jonathan Carrillo, el último periodista judicializado
Jonathan Carrillo, imputado por cinco delitos relacionados con el intento de ingreso ilegal de un ciudadano extranjero, es el último periodista judicializado de una lista de al menos 40 trabajadores de la prensa, que hasta enero de este año tenían procesos penales abiertos. Caracas. El 20 de julio de 2022 el estudiante de Comunicación Social, […]
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Jonathan Carrillo, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), enfrenta un juicio sin pruebas concluyentes que lo vinculen con los delitos imputados, lo que lo convierte en el último trabajador de la prensa bajo proceso judicial activo en el país. Tras permanecer privado de libertad durante tres años, siete meses y seis días, Carrillo comparece actualmente bajo medidas cautelares mientras su defensa técnica denuncia múltiples irregularidades en el expediente y un prolongado retardo procesal. El caso, reportado por el portal de noticias Crónica Uno, expone las dinámicas de persecución judicial contra los comunicadores en el territorio nacional.
La detención y el periplo por los centros de reclusión
El arresto de Carrillo ocurrió el 20 de julio de 2022 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Ciudad Bolívar para visitar a su madre. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ejecutaron la aprehensión bajo acusaciones de migración ilícita, usurpación de funciones, uso de documento público falso, forjamiento de documentos públicos y asociación para delinquir. Desde ese momento, el estudiante del noveno semestre de Comunicación Social inició un recorrido por centros de detención que incluyó la sede del Sebin en El Helicoide y el internado judicial Yare II.
Durante su reclusión, el joven denunció haber sido víctima de maltratos físicos y psicológicos por parte de los custodios de estos recintos. Según relató el propio afectado a Crónica Uno, las secuelas de los golpes recibidos y las horas que lo obligaron a permanecer de pie bajo el sol en Yare II persisten en su cotidianidad. La privación de libertad interrumpió su formación académica cuando se encontraba en la fase final de su carrera universitaria, la cual pudo retomar hace pocos meses bajo condiciones de alta vulnerabilidad emocional y económica. La excarcelación de Carrillo se ejecutó el 26 de febrero, luego de que su madre hiciera pública la situación a finales de 2025 para exigir justicia ante la falta de avances en los tribunales.
Un expediente sin pruebas y el testimonio de los captores
A pesar de encontrarse fuera de la cárcel, Carrillo continúa sometido a un régimen de presentación obligatoria cada 30 días y mantiene una prohibición de salida del territorio nacional. El juicio formal comenzó el pasado 29 de junio y ha estado marcado por constantes diferimientos y suspensiones de las audiencias programadas. De acuerdo con los reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Ministerio Público no ha presentado elementos de convicción que demuestren la participación del estudiante en los hechos de ingreso ilegal al país que se le atribuyen.
Durante la sexta audiencia de juicio, celebrada el miércoles 7 de octubre, comparecieron dos de los nueve funcionarios del Sebin que participaron en el procedimiento de detención de 2022. Conforme a las declaraciones de Carrillo recopiladas por Crónica Uno, ninguno de los dos agentes gubernamentales aportó testimonios que lo incriminaran o que respaldaran la tesis de la Fiscalía. Las cinco sesiones previas de esta etapa procesal se habían postergado debido a la incomparecencia de la totalidad de los funcionarios policiales citados por el tribunal de la causa, lo que prolongó el estado de incertidumbre del estudiante.
Obstáculos a la defensa técnica y el retardo procesal
El acceso a la justicia y el derecho a la defensa oportuna han sido severamente limitados durante los más de tres años de proceso judicial. El SNTP informó que fue apenas el miércoles 7 de octubre cuando el tribunal de la causa permitió la juramentación formal de los abogados privados de Carrillo. Esta decisión administrativa impidió que la defensa técnica tuviera acceso directo al expediente penal durante más de cuarenta meses, una situación que vulnera las garantías constitucionales del debido proceso. Tras revisar las actas procesales por primera vez, los defensores confirmaron la ausencia de pruebas de relevancia que vinculen al estudiante con el caso.
Las anomalías procesales comenzaron desde la fase preparatoria. Carrillo detalló que la audiencia preliminar, una etapa diseñada para determinar la viabilidad de un juicio, tuvo que repetirse en cuatro ocasiones en diferentes jurisdicciones. Dos de estas convocatorias se realizaron en el estado La Guaira, y las dos restantes se desarrollaron en los tribunales con competencia en materia de terrorismo de la ciudad de Caracas. Posteriormente, el caso fue transferido al Tribunal 24 de Juicio, donde la jueza a cargo declaró diversas incidencias que prolongaron aún más el inicio del debate oral y público.
El panorama de los trabajadores de la prensa en el país
La situación jurídica de Jonathan Carrillo se enmarca en un contexto de judicialización sistemática contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Venezuela. Estadísticas del SNTP señalan que, hasta enero de este año, se contabilizaban al menos 40 trabajadores de la prensa con causas penales abiertas en los tribunales venezolanos, de los cuales 24 permanecían privados de libertad en diferentes recintos penitenciarios del país.
En las últimas tres semanas, diversos procesos de negociación política entre el parlamento electo en 2015 y la administración gubernamental de Delcy Rodríguez han derivado en la resolución de varios de estos casos. Periodistas como Luis López, Gabriel González y Rory Branker recibieron sentencias absolutorias, mientras que la causa penal contra Carlos Correa fue sobreseída definitivamente. Asimismo, el periodista y activista social Carlos Julio Rojas, quien estuvo recluido en El Helicoide acusado de magnicidio y otros cargos graves, recibió una sentencia absolutoria tras una audiencia donde la representación fiscal admitió la inexistencia de pruebas para sostener la acusación.
Con la resolución favorable de las causas
