El 24 de junio de 2026 Venezuela fue sacudida por dos potentes sismos que se convirtieron en un terremoto con un incuantificable poder destructivo. Pero
Venezuela, una nación acostumbrada a la metáfora de la tierra que tiembla bajo sus pies, ha sido testigo de sismos que, aunque naturales y devastadores, palidecen en comparación con el verdadero "terremoto" que ha sacudido sus cimientos políticos, económicos y sociales. Así lo advierte el economista José Guerra, cuya perspicaz visión desentraña la cronología de una catástrofe gestada no por fuerzas telúricas, sino por decisiones humanas y ambiciones desmedidas. El 24 de junio de 2026, si bien la tierra pudo haber vibrado, la verdadera conmoción que ha dejado una estela de destrucción incalculable, se remonta mucho antes, a un punto de inflexión que redefinió el destino de la nación: el 4 de febrero de 1992.
Ese día marcó el inicio de una era de inestabilidad y promesas incumplidas. Un grupo de militares sediciosos, liderado por Hugo Chávez Frías, intentó derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Este alzamiento, aunque fallido en su objetivo inmediato, sembró la semilla de la polarización y la desconfianza en las instituciones democráticas. Pérez, quien había asumido el poder en medio de una profunda crisis económica, se vio forzado a implementar un paquete de medidas de ajuste (conocido como "El Gran Viraje") recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Estas políticas, que buscaban modernizar la economía y reducir el gasto público, generaron un impacto desfavorable en amplios sectores de la población, exacerbando el descontento social que había estallado con el "Caracazo" de 1989. Fue este caldo de cultivo de frustración y desesperanza el que alimentó el plan golpista incubado en los cuarteles, presentándose como una alternativa radical a un sistema percibido como corrupto e ineficiente.
La sombra del 4F se proyectó sobre los años siguientes. La presidencia de Rafael Caldera (1994-1998), marcada por una profunda crisis financiera y un estilo de gobierno que muchos consideraron ambiguo y carente de dirección clara, terminó por allanar el camino para el ascenso de Hugo Chávez. Caldera, quien había indultado a Chávez tras el golpe, dejó un vacío de poder y una institucionalidad debilitada, permitiendo que el discurso populista y anti-sistema calara hondo en el electorado. La promesa de una "revolución" y la refundación de la república resonaron con fuerza en una sociedad cansada de los partidos tradicionales y anhelante de un cambio radical.
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Así, en diciembre de 1998, Hugo Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales con un apoyo popular arrollador, respaldado por una coalición heterogénea que incluía a la izquierda en todas sus denominaciones, un militarismo agazapado y, paradójicamente, sectores que algunos observadores calificaron de fascistas por su retórica confrontacional y centralizadora. De esta mezcla ideológica y política, advierte Guerra, no podía surgir nada bueno para Venezuela. En un contexto de un auge petrolero fenomenal, que podría haber sido la palanca para un desarrollo sostenible, se sentaron las bases para destruir lo poco bueno que existía y exacerbar los males preexistentes.
Los trece años de gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) se convirtieron en una auténtica vorágine de demagogia, irresponsabilidad y decisiones económicas que, bajo el pretexto de la justicia social, desmantelaron la estructura productiva y fiscal del país. La primera y más significativa víctima de esta vorágine fue la industria petrolera, PDVSA, la columna vertebral de la economía venezolana. De ser una empresa de clase mundial, eficiente y profesional, fue transformada en una especie de "campo de experimentación" político. El punto de inflexión fue el paro cívico-petrolero de 2002-2003, tras el cual miles de trabajadores calificados fueron despedidos y reemplazados por personal leal al gobierno, sin la experiencia técnica necesaria. El resultado fue una caída drástica en la producción: de 3.200.000 barriles diarios en 1998 a 2.500.000 barriles diarios en 2012, y una conversión de PDVSA en una agencia de empleos y de proyectos utópicos, muchos de ellos fallidos y marcados por la corrupción. La falta de inversión en mantenimiento, exploración y nuevas tecnologías selló su destino.
Otra víctima crucial fue el sector productivo, tanto industrial como agropecuario. La política de expropiaciones y confiscaciones, justificada por la "seguridad alimentaria" o la "recuperación de empresas estratégicas", minó sus bases. Empresas emblemáticas como Lácteos Los Andes, Sidor (la acería más grande del país) o Agroisleña (una de las principales distribuidoras de insumos agrícolas), pasaron a manos del Estado, sufriendo una debacle productiva que llevó a la escasez, la dependencia de importaciones y la ruina de miles de pequeños y medianos productores. La inversión privada se paralizó ante la incertidumbre jurídica y la amenaza constante de la intervención estatal.
A la liquidación del aparato productivo siguió la destrucción de la institucionalidad fiscal y monetaria, heredada de décadas, que, aunque imperfecta, era funcional. El Banco Central de Venezuela (BCV), cuya autonomía es pilar fundamental para la estabilidad económica, fue convertido en la "imprenta monetaria" del gobierno. Para financiar déficits fiscales crecientes, producto de un gasto público desmedido y la caída de la producción petrolera, el BCV imprimió dinero sin respaldo, inyectando liquidez excesiva en la economía. Este proceso, que se venía gestando desde mucho antes, derivó en noviembre de 2017 en un proceso hiperinflacionario que pulverizó el poder adquisitivo de los venezolanos y destruyó el valor de la moneda nacional.
La irresponsabilidad fiscal no se limitó a la monetización de la deuda interna. Hugo Chávez no solo consumió la renta petrolera presente, sino que hipotecó la futura, mediante un proceso de endeudamiento masivo. La deuda externa saltó de US$ 28.000 millones en 1998 a US$ 90.000 millones en 2012, gran parte de ella contraída con China y Rusia bajo condiciones opacas y sin un impacto visible en el desarrollo productivo del país. El conglomerado de empresas estatales creado por Chávez, muchas de ellas ineficientes y corruptas, hoy se valora a "precios de remate", representando una carga para el Estado en lugar de un activo.
El sistema de precios fue destrozado a través de una serie de controles, uno más absurdo que el otro. Estos, sumados a un control de cambio vigente entre 2003 y 2019, propiciaron una fuga de capitales superlativa, estimada para ese lapso en aproximadamente US$ 100.000 millones. Este capital, vital para la inversión y el desarrollo, se disfrazó de importaciones sobrefacturadas, cupos de viajeros, compras en línea por internet y la adquisición de bonos de la deuda pública en dólares pagaderos en bolívares, creando un festín para la corrupción y el arbitraje cambiario, mientras el país se desangraba.
Análisis de Implicaciones: El Legado del Terremoto
Las implicaciones de este "terremoto" son multifacéticas y de una profundidad que pocos países han experimentado en tiempos de paz.
En el ámbito económico, la destrucción es casi total. La capacidad productiva del país está diezmada, con fábricas cerradas, campos improductivos y una infraestructura deteriorada. La hiperinflación ha aniquilado el ahorro y la inversión, forzando una dolarización transaccional de facto que, si bien ofrece un respiro a la economía informal, subraya la pérdida de soberanía monetaria y la incapacidad del Estado para estabilizar su propia divisa. La dependencia casi exclusiva de la renta petrolera, mal administrada y ahora en declive, ha dejado al país sin alternativas de generación de riqueza. La reconstrucción económica será una tarea titánica que requerirá no solo ingentes inversiones, sino la restauración de la confianza, la seguridad jurídica y la autonomía de las instituciones.
A nivel social, el impacto ha sido devastador. La otrora robusta clase media venezolana ha sido pulverizada, y la pobreza extrema ha alcanzado niveles alarmantes. La calidad de los servicios públicos –salud, educación, electricidad, agua– ha colapsado, sumiendo a millones de venezolanos en una precariedad que no conocían. El éxodo masivo de más de siete millones de venezolanos, la diáspora más grande de la historia reciente de América Latina, es el testimonio más palpable de la desesperación y la falta de oportunidades. Familias separadas, talentos perdidos y un tejido social fragmentado son cicatrices profundas que tardarán generaciones en sanar. La tragedia que hoy asola el alma de los venezolanos, con sus penurias diarias y la pérdida de la esperanza, es inmensa, pero, como bien señala José Guerra, es minúscula si se compara con la magnitud de la destrucción institucional y productiva generada por las políticas de Hugo Chávez.
Políticamente, el legado es la centralización del poder, el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho. La separación de poderes fue erosionada sistemáticamente, con el poder ejecutivo controlando los demás poderes públicos. La libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y razón de ser de medios como "Libertad VZLA", fue cercenada a través de leyes restrictivas, cierres de medios de comunicación y la criminalización de la disidencia. La polarización política se institucionalizó, haciendo casi imposible el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones consensuadas para los problemas nacionales.
Conclusión
El análisis de José Guerra no es solo una retrospectiva histórica; es una advertencia y una hoja de ruta para comprender el presente y enfrentar el futuro. El verdadero terremoto que ha arrasado Venezuela no fue un evento natural, sino una serie de decisiones políticas y económicas que, bajo la bandera de una supuesta revolución, desmantelaron las bases de una nación. La tragedia de hoy, con su carga de escasez, migración y desesperanza, es el resultado directo de una gestión que, tratando de hacer lo que sus artífices consideraban "bueno", terminó haciendo lo peor.
Para "Libertad VZLA", es imperativo recordar esta historia y desentrañar sus
