El Calvario Tras las Rejas: Insalubridad y Represión Definen la Gestión Penitenciaria en Venezuela
La retórica oficial sobre la humanización y la modernización del sistema penitenciario venezolano se desmorona frente a una realidad marcada por la insalubridad, la represión sistemática y una alarmante opacidad institucional. Bajo la dirección del ministro Julio García Zerpa, el despacho para el Servicio Penitenciario ha sido escenario de una preocupante escalada de motines, fallecimientos bajo custodia y traslados forzosos, lo que ha llevado al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a exigir su renuncia, denunciando que su gestión proyecta una imagen de normalidad que dista abismalmente de la crisis que se vive en los recintos carcelarios del país.
La Promesa Incumplida de un "Nuevo Sistema"
Designado en junio de 2024 por el presidente Nicolás Maduro, Julio García Zerpa asumió el cargo con la promesa de edificar un "nuevo sistema penitenciario" que garantizara la dignidad humana, la justicia y la reinserción social. Sin embargo, el panorama que se observa en penales como Yare III, el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) y otras prisiones del occidente, tal como lo documenta el OVP y lo narran decenas de familiares, dista mucho de esas aspiraciones. La insalubridad extrema y la represión institucionalizada se han erigido como los verdaderos pilares de la gestión, contradiciendo cualquier intento de proyectar una visión humanizada. La organización de derechos humanos ha señalado que el ministro ha optado por minimizar las tragedias y silenciar los hechos, en lugar de asumir la responsabilidad política e institucional que le corresponde.
Cárceles como Instrumento de Represión Política
La instrumentalización del sistema carcelario para fines políticos ha sido una constante en Venezuela, una práctica que la gestión de García Zerpa ha profundizado. Tras las protestas poselectorales, el gobierno de Maduro ordenó la reactivación de centros penitenciarios como Tocuyito y Tocorón, que previamente habían sido clausurados, para albergar a más de dos mil personas detenidas en el marco de las manifestaciones. Estas cárceles, bajo la supervisión directa del ministro, operaron hasta el año 2026 como centros de reclusión para presos políticos. Los familiares de estos detenidos denunciaron de manera consistente la falta de alimentación adecuada, la ausencia de atención médica y las condiciones de insalubridad extremas a las que eran sometidos sus parientes, evidenciando una flagrante violación de sus derechos humanos fundamentales.
Un Patrón de Muertes Bajo Custodia y Cero Rendición de Cuentas
La gestión de García Zerpa ha estado ensombrecida por un preocupante número de muertes de presos bajo custodia del Estado, especialmente de aquellos catalogados como presos políticos. El Estado, que debería garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ha fallado repetidamente en esta obligación. Un caso emblemático es el de Edwin Santos, activista del partido Voluntad Popular en el estado Apure. Detenido el 23 de octubre de 2024, Santos permaneció bajo custodia hasta el día siguiente, siendo encontrado sin vida el 25 de octubre en El Nula. Mientras su partido y testigos afirmaron que su muerte ocurrió bajo custodia, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, negó estas acusaciones, atribuyendo el fallecimiento a un accidente de tránsito. Este incidente es parte de un patrón más amplio: según el informe anual del OVP, un total de 26 presos políticos han fallecido bajo custodia estatal entre 2015 y 2025, una cifra que subraya la grave crisis humanitaria y la impunidad reinante en el sistema penitenciario.
La Masacre de Yare III: Silencio y Desplazamiento Forzoso
El 20 de abril de 2026, el Centro Penitenciario Región Capital Yare III se convirtió en un símbolo de la brutalidad y el abandono. Cinco reclusos perdieron la vida en un episodio de violencia cuyas circunstancias exactas permanecen sin esclarecer. Aunque los discursos oficiales intentaron minimizar el suceso como una "riña entre internos", las investigaciones independientes y los desgarradores testimonios de los familiares revelaron una realidad mucho más cruda. Las celdas de Yare III se habían transformado en un infierno de privaciones, donde la falta de agua potable y raciones de comida durante días consecutivos, sumada a requisas violentas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, llevó a la desesperación a la población carcelaria. Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios fueron las víctimas fatales de esta tragedia.
Más de un mes después de estos eventos, el caso Yare III se ha sumido en un silencio institucional casi total. A pesar de que el Ministerio Público inició una investigación formal, no ha presentado resultados concretos ni ha identificado a los responsables materiales e intelectuales de los disparos. Los familiares de las víctimas, en su búsqueda de justicia, se congregaron frente al Palacio de Justicia en Caracas, exigiendo una investigación exhaustiva por parte de la fiscalía. Sin embargo, la respuesta del despacho de García Zerpa fue la aplicación de una política de dispersión: se ordenaron traslados masivos de reclusos de Yare III a otros penales del país. Esta táctica, lejos de buscar la verdad, parece tener como objetivo disolver focos de protesta y neutralizar a posibles testigos directos de los asesinatos, consolidando la opacidad y la impunidad.
Una Realidad Carcelaria Lejos de la Dignidad
La gestión del ministro Julio García Zerpa al frente del Servicio Penitenciario de Venezuela ha evidenciado una profunda brecha entre la narrativa oficial y la cruda realidad. Lejos de construir un sistema que dignifique al ser humano, las cárceles venezolanas se han convertido en espacios donde la insalubridad y la represión son la norma, donde las muertes bajo custodia son un patrón preocupante y donde la opacidad institucional blinda la impunidad. La exigencia de renuncia por parte del Observatorio Venezolano de Prisiones no es solo un llamado a la rendición de cuentas, sino un grito desesperado por la vida y la dignidad de miles de personas privadas de libertad en un sistema que parece haber olvidado su propósito fundamental. La falta de transparencia en casos como el de Yare III y la estrategia de dispersión de los reclusos solo refuerzan la percepción de un Estado que evade su responsabilidad y perpetúa un ciclo de violaciones a los derechos humanos.
