El Calvario Tras las Rejas: Insalubridad y Represión Definen la Gestión Penitenciaria en Venezuela
La retórica oficial sobre la humanización y la modernización del sistema penitenciario venezolano se desmorona frente a una realidad marcada por la insalubridad, la represión sistemática y una alarmante opacidad institucional. Bajo la dirección del ministro Julio García Zerpa, el despacho para el Servicio Penitenciario ha sido escenario de una preocupante escalada de motines, fallecimientos bajo custodia y traslados forzosos, lo que ha llevado al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a exigir su renuncia, denunciando que su gestión proyecta una imagen de normalidad que dista abismalmente de la crisis que se vive en los recintos carcelarios del país.
La Promesa Incumplida de un "Nuevo Sistema"
Designado en junio de 2024 por el presidente Nicolás Maduro, Julio García Zerpa asumió el cargo con la promesa de edificar un "nuevo sistema penitenciario" que garantizara la dignidad humana, la justicia y la reinserción social. Sin embargo, el panorama que se observa en penales como Yare III, el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) y otras prisiones del occidente, tal como lo documenta el OVP y lo narran decenas de familiares, dista mucho de esas aspiraciones. La insalubridad extrema y la represión institucionalizada se han erigido como los verdaderos pilares de la gestión, contradiciendo cualquier intento de proyectar una visión humanizada. La organización de derechos humanos ha señalado que el ministro ha optado por minimizar las tragedias y silenciar los hechos, en lugar de asumir la responsabilidad política e institucional que le corresponde.
Cárceles como Instrumento de Represión Política
La instrumentalización del sistema carcelario para fines políticos ha sido una constante en Venezuela, una práctica que la gestión de García Zerpa ha profundizado. Tras las protestas poselectorales, el gobierno de Maduro ordenó la reactivación de centros penitenciarios como Tocuyito y Tocorón, que previamente habían sido clausurados, para albergar a más de dos mil personas detenidas en el marco de las manifestaciones. Estas cárceles, bajo la supervisión directa del ministro, operaron hasta el año 2026 como centros de reclusión para presos políticos. Los familiares de estos detenidos denunciaron de manera consistente la falta de alimentación adecuada, la ausencia de atención médica y las condiciones de insalubridad extremas a las que eran sometidos sus parientes, evidenciando una flagrante violación de sus derechos humanos fundamentales.
