Amenazan a presos políticos del Rodeo I por exigir celdas seguras tras los sismos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó sobre posibles agresiones físicas contra los internos de El Rodeo I, quienes exigen no ser encerrados en celdas con daños tras los recientes sismos debido a la total ausencia de planes de evacuación. Familiares y defensores denunciaron este sábado 18 de julio el riesgo inminente
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó sobre amenazas contra internos recluidos en el Internado Judicial El Rodeo I, quienes se niegan a ser devueltos a celdas que, según sus denuncias, presentan daños estructurales tras sismos recientes. La organización, junto a familiares de los detenidos, señaló que la ausencia de planes de evacuación y la falta de una evaluación técnica independiente de la infraestructura penitenciaria exponen a los reclusos a riesgos ante posibles nuevos movimientos telúricos.
Denuncias de Intimidación y Riesgo en El Rodeo I
El pasado sábado 18 de julio, familiares y defensores de los presos políticos en El Rodeo I denunciaron un riesgo elevado de agresiones violentas contra los internos, según reportó Runrun.es. Esta alerta surgió tras las visitas familiares obligatorias de ese fin de semana. Los testimonios recabados desde el penal indican que los detenidos han recibido amenazas de ataques por parte del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) o de otros grupos violentos dentro de la prisión. El propósito de estas intimidaciones, conforme a las denuncias, es forzar a los reclusos a regresar a sus celdas, a pesar de que la seguridad estructural de estos espacios no ha sido verificada por una evaluación técnica externa.
Actualmente, los presos políticos permanecen concentrados en un área común interna, bajo vigilancia, y han manifestado su negativa a ser confinados en zonas que consideran inseguras frente a la posibilidad de futuros sismos. Esta postura se fundamenta en la experiencia vivida durante movimientos telúricos previos, cuando los custodios, según los testimonios, los mantuvieron encerrados y sin resguardo por un lapso aproximado de 45 minutos, omitiendo cualquier protocolo de evacuación. El Estado, hasta la fecha de la denuncia, no ha implementado planes de prevención ni ha permitido el acceso a inspecciones externas para evaluar la infraestructura del centro penitenciario.
Inacción Oficial y Descalificación de Denuncias
La situación en El Rodeo I se agudizó tras una reunión celebrada el lunes 13 de julio entre familiares de los detenidos y altos funcionarios gubernamentales. En el encuentro participaron el ministro para el Servicio Penitenciario, el viceministro y el director general de Atención Integral a las Familias. Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la falta de voluntad política por parte de las autoridades para abordar los abusos dentro de la cárcel.
De acuerdo con el comunicado del Comité, en lugar de asumir responsabilidades, investigar los hechos y adoptar medidas de protección, las autoridades presentes en la reunión negaron y minimizaban las denuncias presentadas. La organización también afirmó que los funcionarios descalificaron tanto a las víctimas como a las organizaciones que las representan, y no adquirieron ningún compromiso para sancionar a los implicados ni para modificar los patrones de maltrato denunciados. Esta postura oficial ha contribuido a incrementar la percepción de desprotección y el riesgo de que se repitan tratos considerados crueles.
Exigencias de Protección y Responsabilidad
Ante lo que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos describe como inacción estatal, la organización ha exigido la aplicación inmediata de medidas de protección para los reclusos en El Rodeo I. Entre sus demandas se incluyen la realización de una auditoría técnica externa e independiente sobre la infraestructura penitenciaria, el cese de cualquier forma de represalia contra los internos y la destitución urgente de los altos directivos del sistema carcelario.
La organización ha enfatizado que las autoridades tienen conocimiento de la gravedad de la situación y poseen la obligación legal de actuar. El comunicado del Comité puntualizó que la responsabilidad política para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos recae directamente sobre Delcy Rodríguez, en su rol de autoridad interina del Ejecutivo. El Comité advirtió que si el gobierno fuerza el reingreso de los detenidos a los calabozos bajo las condiciones actuales de inseguridad y sin una evaluación adecuada, asumirá la total responsabilidad por cualquier daño que pueda sufrir la vida y la integridad física de los prisioneros. Este pronunciamiento subraya la preocupación por la seguridad de los internos y la exigencia de una respuesta institucional que garantice sus derechos fundamentales.
