HRW: La jurisdicción universal puede ser un camino a la justicia en Venezuela
Con la posibilidad de extradición del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torelles a Argentina se abre una vía hacia la justicia fuera de Venezuela expuso la organización Human Rights Watch (HRW). La justicia argentina solicitó a España la extradición de Verdú Torelles, señalado de ser uno de los presuntos responsables
La posible extradición del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torelles desde España hacia Argentina representa un hito trascendental en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, según ha destacado la organización Human Rights Watch (HRW). Esta acción judicial, impulsada por la jurisdicción universal, abre una vía crucial para la rendición de cuentas fuera de las fronteras venezolanas, donde la impunidad ha sido la norma.
Verdú Torelles es señalado como uno de los presuntos responsables de la trágica muerte de Geraldine Moreno Orozco, un emblemático caso ocurrido durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela en 2014. La solicitud de extradición, presentada por la justicia argentina, ha sido notificada al militar por las autoridades españolas. Recientemente, el Consejo de Ministros de España aprobó la continuidad del procedimiento, remitiendo el expediente a la Audiencia Nacional, instancia que tendrá la última palabra sobre la entrega del coronel.
La Jurisdicción Universal como Último Recurso
La asesora senior de justicia internacional de Human Rights Watch, Michelle Reyes Milk, ha subrayado la desoladora realidad de que "las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país". En este contexto, la iniciativa argentina se erige como un poderoso recordatorio de que la justicia posee la capacidad de trascender las fronteras nacionales. Este principio se materializa a través de la jurisdicción universal, un mecanismo legal que permite a los tribunales de un país investigar y juzgar ciertos crímenes atroces —como crímenes de lesa humanidad—, independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas y victimarios.
La aplicación de la jurisdicción universal surge como respuesta a la incapacidad o falta de voluntad de los sistemas judiciales nacionales para procesar a los responsables de crímenes graves. En el caso venezolano, múltiples informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado una sistemática impunidad. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, por ejemplo, ha encontrado motivos razonables para creer que las violaciones perpetradas por el gobierno constituyen crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió en 2021 una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, lo que refuerza la percepción de un colapso del sistema de justicia interno.
El Caso Geraldine Moreno y la Escalada de la Investigación Argentina
La denuncia que dio origen a la solicitud de extradición de Verdú Torelles fue interpuesta ante los tribunales argentinos en junio de 2023 por InterJust, una organización de derechos humanos que representa a familiares de personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la GNB durante las protestas de 2014. El caso de Geraldine Moreno Orozco, una joven estudiante de 23 años que falleció tras recibir un impacto de perdigones en el rostro durante una manifestación en Valencia, estado Carabobo, se convirtió en un símbolo de la represión estatal. Su muerte, atribuida a la GNB, nunca encontró una respuesta satisfactoria en los tribunales venezolanos, perpetuando el dolor de sus familiares y la exigencia de verdad y reparación.
En septiembre de 2024, un juez de instrucción en Argentina emitió órdenes de detención no solo contra Verdú Torelles, sino también contra otros 13 oficiales de la GNB, con el objetivo de interrogarlos en relación con la denuncia. De concretarse la extradición, Verdú Torelles sería el primer implicado en este caso específico en comparecer ante tribunales argentinos. Más aún, según HRW, se convertiría en la persona de más alto rango hasta la fecha en enfrentar un proceso judicial en cualquier país por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. Este precedente sería invaluable para las víctimas y para la comunidad internacional que clama por la justicia.
La Mirada Argentina sobre la Cúpula del Poder
La ambición de la justicia argentina no se detiene en los mandos intermedios. De manera separada y paralela, el mismo juez ha emitido citaciones y órdenes de detención contra figuras de la más alta esfera del poder venezolano: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia. Estas acciones judiciales se derivan de otra denuncia presentada en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, ampliando el espectro de la investigación sobre la cadena de mando y la responsabilidad por las violaciones sistemáticas.
La inclusión de Maduro y Cabello en las órdenes de detención argentinas envía un mensaje contundente sobre la determinación de buscar responsabilidades en todos los niveles, desde los ejecutores directos hasta quienes ostentaban el poder de mando y control. Aunque la materialización de estas órdenes contra figuras de tan alto perfil internacionalmente protegidas por sus cargos representa un desafío considerable, la mera existencia de tales procesos judiciales constituye un instrumento de presión y una negación de la impunidad absoluta.
El Rol Indispensable de la Cooperación Internacional
La efectividad de la jurisdicción universal, como lo demuestra el caso Verdú Torelles, depende crucialmente de la cooperación entre Estados. La disposición de España para tramitar la solicitud de extradición argentina es un claro ejemplo de esta colaboración indispensable. Como señaló Michelle Reyes Milk de HRW, "la persecución de casos de jurisdicción universal por parte de Argentina envía un mensaje claro y contundente de que no debería haber refugio seguro para quienes sean responsables de graves violaciones de derechos humanos. La cooperación de otros Estados, como España, es fundamental para ese esfuerzo".
El representante de las víctimas venezolanas, Ignacio Jovtis, ha estado monitoreando de cerca el proceso, asegurando que las autoridades españolas han cumplido con los pasos necesarios para avanzar en la solicitud de extradición. Este seguimiento constante por parte de organizaciones de derechos humanos y representantes legales es vital para mantener la presión y garantizar que los procedimientos avancen con la debida diligencia.
Un Faro de Esperanza en la Oscuridad de la Impunidad
La posibilidad de que Ephraín Enrique Verdú Torelles sea extraditado a Argentina y enfrente la justicia por la muerte de Geraldine Moreno Orozco y otras violaciones de derechos humanos, representa una luz de esperanza para miles de víctimas venezolanas. En un país donde el sistema judicial ha sido instrumentalizado y cooptado, y donde la impunidad se ha consolidado como una política de Estado, la jurisdicción universal emerge como un mecanismo fundamental para que los responsables de crímenes atroces rindan cuentas. Este precedente no solo busca reparar el daño a las víctimas, sino también enviar una señal inequívoca a los perpetradores: que las fronteras no serán un escudo contra la justicia, y que los crímenes contra la humanidad no quedarán impunes. La comunidad internacional, a través de estas acciones, reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad global.
