La posible extradición del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torelles desde España hacia Argentina representa un hito trascendental en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, según ha destacado la organización Human Rights Watch (HRW). Esta acción judicial, impulsada por la jurisdicción universal, abre una vía crucial para la rendición de cuentas fuera de las fronteras venezolanas, donde la impunidad ha sido la norma.
Verdú Torelles es señalado como uno de los presuntos responsables de la trágica muerte de Geraldine Moreno Orozco, un emblemático caso ocurrido durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela en 2014. La solicitud de extradición, presentada por la justicia argentina, ha sido notificada al militar por las autoridades españolas. Recientemente, el Consejo de Ministros de España aprobó la continuidad del procedimiento, remitiendo el expediente a la Audiencia Nacional, instancia que tendrá la última palabra sobre la entrega del coronel.
La Jurisdicción Universal como Último Recurso
La asesora senior de justicia internacional de Human Rights Watch, Michelle Reyes Milk, ha subrayado la desoladora realidad de que "las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país". En este contexto, la iniciativa argentina se erige como un poderoso recordatorio de que la justicia posee la capacidad de trascender las fronteras nacionales. Este principio se materializa a través de la jurisdicción universal, un mecanismo legal que permite a los tribunales de un país investigar y juzgar ciertos crímenes atroces —como crímenes de lesa humanidad—, independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas y victimarios.
La aplicación de la jurisdicción universal surge como respuesta a la incapacidad o falta de voluntad de los sistemas judiciales nacionales para procesar a los responsables de crímenes graves. En el caso venezolano, múltiples informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado una sistemática impunidad. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, por ejemplo, ha encontrado motivos razonables para creer que las violaciones perpetradas por el gobierno constituyen crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió en 2021 una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, lo que refuerza la percepción de un colapso del sistema de justicia interno.
