Frente Norte de Caracas denuncia impunidad luego del sobreseimiento a colectivo que invadió terreno de enfermeros
Caracas.- Dirigentes gremiales, vecinos y defensores de derechos humanos denunciaron la decisión del Ministerio Público de decretar el sobreseimiento de la causa penal contra los integrantes del colectivo armado Pablo Alen Hijo, quienes mantienen invadido un terreno propiedad de la Federación de Enfermeros en la avenida Francisco Javier Uztáriz de San Bernardino, en Caracas. La
Una decisión emitida por la Fiscalía 24 Nacional del Ministerio Público concedió el sobreseimiento de la causa penal abierta contra los integrantes del grupo denominado colectivo Pablo Alen Hijo, quienes ocuparon por la fuerza un terreno perteneciente a la Federación Colegio de Profesionales de la Enfermería de Venezuela. El inmueble, localizado en la avenida Francisco Javier Uztáriz de la urbanización San Bernardino, en el municipio Libertador de Caracas, permanece bajo control de este grupo desde el año 2022.
La medida judicial, firmada por la fiscal Mariángel Lárez, desestimó las acciones legales emprendidas por el gremio de la salud, a pesar de que los representantes legales de la federación consignaron ante los tribunales la documentación catastral y los títulos constitutivos que acreditan la titularidad jurídica del espacio. La resolución generó reacciones inmediatas por parte de organizaciones comunitarias, defensores de derechos humanos y dirigencias sindicales, quienes advierten sobre la consolidación de un patrón de impunidad que vulnera las garantías sobre los bienes inmuebles en la capital venezolana.
Ocupaciones irregulares y vulneración de derechos patrimoniales
El abordaje de este terreno se produjo bajo el argumento por parte de los ocupantes de destinar el espacio a la construcción de desarrollos habitacionales vinculados a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, la permanencia de grupos armados sin autorización de los propietarios legítimos ha provocado alarma entre las comunidades aledañas del sector San Bernardino.
El coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, explicó que este tipo de resoluciones judiciales alientan la continuidad de tomas no autorizadas en el municipio Libertador. Según datos recabados por el trabajo de contraloría social de esta organización comunitaria, más del 90 % de las incursiones y tomas de inmuebles en la zona central de la ciudad son ejecutadas por agrupaciones armadas alineadas con el partido de gobierno, siendo las personas de la tercera edad y las instituciones sociales o gremiales los sectores más vulnerables ante estas actuaciones.
Rojas dirigió un exhorto público al funcionario Larry Devoe, solicitando la revisión de las actuaciones del Ministerio Público y la aplicación estricta del artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual garantiza el derecho a la propiedad privada y establece que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. De igual forma, los voceros comunitarios instaron a la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, a coordinar acciones institucionales para restituir el orden legal en los inmuebles afectados dentro de la jurisdicción capitalina.
Esquemas de extorsión y la crisis del sector inmobiliario urbano
El fenómeno de las tomas no autorizadas en el centro de Caracas ha mutado progresivamente desde la simple demanda habitacional hacia dinámicas de extorsión económica, de acuerdo con las denuncias presentadas por las organizaciones vecinales. Las estructuras ocupadas ilegalmente son utilizadas en diversos casos como mecanismo de presión financiera contra los legítimos propietarios.
Un caso citado por el Frente Norte de Caracas para ilustrar esta situación ocurre en el edificio identificado con el número 133, situado en la esquina de Ferrenquín de la parroquia La Candelaria, en las inmediaciones de la sede principal del Ministerio Público. Dicha edificación cumple 17 años bajo ocupación irregular y posee calificación de riesgo estructural o "etiqueta roja".
Según los testimonios presentados por los afectados, los ocupantes informales demandan sumas de dinero que oscilan entre los 10.000 y los 35.000 dólares estadounidenses a los dueños originales a cambio de desalojar las instalaciones, respaldando las exigencias mediante mensajes de audio con amenazas explícitas. Esta práctica evidencia el deterioro de los mecanismos de arbitraje estatal y la indefensión de los ciudadanos ante la toma prolongada de sus bienes.
La inacción judicial prolongada frente a este tipo de conductas genera un entorno de inseguridad jurídica que paraliza el mercado inmobiliario, desincentiva la inversión en infraestructura y deteriora la calidad del tejido urbano en parroquias históricas del centro y norte de la capital.
Movilización gremial en defensa del patrimonio institucional
Frente a la decisión que favoreció a los integrantes del colectivo, la representación sindical del sector salud anunció el inicio de acciones de protesta pacífica y articulación nacional. El secretario de actas de la Federación Colegio de Profesionales de la Enfermería de Venezuela, Domingo Parra, rechazó el fallo fiscal y ratificó que el terreno en disputa constituye la sede matriz histórica del gremio, obtenida tras décadas de gestiones organizativas y aportes de sus afiliados.
Parra formalizó un llamado a la unificación de las bases sindicales del sector e instó a las directivas de los 35 colegios de enfermería distribuidos en el territorio nacional a movilizarse hacia la sede de San Bernardino. El objetivo de la convocatoria es sentar un precedente en la defensa de los activos institucionales de las organizaciones profesionales independientes en el país.
El caso del terreno de los enfermeros en San Bernardino reabre el debate sobre la vigencia del marco legal en materia de propiedad en Venezuela, la actuación del sistema de justicia ante organizaciones irregulares y el impacto socioeconómico que genera el sobreseimiento de causas penales vinculadas a delitos contra la propiedad.
