Denuncian que a José Faustino Hermoso quieren cambiarle la identidad para mantenerlo detenido 

Denuncian que a José Faustino Hermoso quieren cambiarle la identidad para mantenerlo detenido 

Familiares de José Faustino Hermoso García denunciaron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto a fiscales del Ministerio Público, pretenden que este se cambie el nombre y declare culpable para mantenerlo preso, en un caso descrito como sin precedentes por organizaciones civiles venezolanas.  “Mi hijo se llama José Faustino Hermoso y lo están

Redacción Libertad VZLA
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Equipo editorial3 jun. 2026

Denuncia de Aberración Jurídica: Presunta Coacción para Cambiar Identidad y Forzar Culpabilidad a Detenido en Venezuela

Caracas, Venezuela – Una grave denuncia sacude los cimientos del sistema judicial venezolano, revelando un presunto esquema de coacción sin precedentes: familiares de José Faustino Hermoso García aseguran que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y fiscales del Ministerio Público intentan obligarlo a cambiar su identidad y declararse culpable de un delito que no cometió, todo con el fin de mantenerlo tras las rejas. Este caso, calificado por organizaciones civiles como una aberración jurídica, expone una vez más las profundas fisuras en la administración de justicia del país.

El Corazón de la Denuncia: Una Identidad Impuesta

La madre del detenido, Yajaira García, ha alzado su voz en un video difundido por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, detallando la angustiosa situación que vive su hijo. Según su testimonio, a José Faustino Hermoso se le está forzando a asumir una nueva identidad, la de "Fausto Malavé", y a admitir culpabilidad por un crimen del que se declara inocente. La señora García responsabiliza directamente a la jueza tercera de control, Yulimer Mariana Hernández Prieto, a la fiscal Mirtha Lugo y al Comando 11 de la GNB en el estado Zulia por cualquier daño que pueda sufrir su hijo. Esta acusación dibuja un escenario donde la verdad procesal es manipulada a través de la suplantación de identidad, una táctica que, de confirmarse, representaría una flagrante violación de los derechos humanos y del debido proceso.

La gravedad de la situación radica en que no se trata solo de una confesión bajo presión, sino de la negación de la propia existencia jurídica del individuo. Obligar a una persona a renunciar a su nombre y adoptar uno falso para incriminarse, va más allá de la tortura física; es una aniquilación de la personalidad civil, un acto que despoja al individuo de su historia, sus lazos familiares y su capacidad para defenderse legalmente bajo su verdadera identidad. Este tipo de práctica, de ser verídica, establece un precedente oscuro y peligrosísimo para la integridad del sistema judicial.

Un Caso de Origen Doméstico Convertido en Pesadilla Judicial

El calvario de José Faustino Hermoso García se inició el pasado 30 de abril, cuando fue detenido por efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. Según el abogado Eduardo Torres, quien también ha sido preso político, la detención se originó por un altercado de carácter personal entre Hermoso García y un funcionario policial. Torres enfatiza que no se trata de un caso de índole política, sino de un "problema doméstico" que escaló tras una amenaza del funcionario: "Donde te vea te voy a reventar".

Sin embargo, lo que comenzó como un incidente personal rápidamente se desvirtuó en una serie de irregularidades que sugieren un patrón de abuso de poder. La naturaleza de la detención por el Conas, una unidad especializada en delitos graves, para un altercado personal, ya levanta sospechas sobre la proporcionalidad y legalidad de la acción inicial. Más alarmante aún, el abogado Torres denunció que los tribunales del área metropolitana de Caracas se negaron a recibir un recurso de habeas corpus, una herramienta legal fundamental para garantizar la libertad y el debido proceso de cualquier detenido. La negativa a procesar este recurso es una obstrucción directa a la justicia y un indicio de la vulnerabilidad del sistema ante presiones externas o arbitrariedad.

Desaparición Forzada, Tortura y Negación de Derechos Básicos

La situación de Hermoso García se agravó considerablemente tras su detención. El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales ha denunciado que, debido a la supuesta falta de una identidad reconocida por las autoridades, Hermoso García fue retenido por más de un mes. Durante este período, fue trasladado al estado Zulia, incurriendo en lo que la organización describe como una desaparición forzada. Este traslado, sin conocimiento de sus familiares ni acceso a representación legal, constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales.

La madre del detenido, Yajaira García, también ha afirmado que su hijo ha sido víctima de torturas, una acusación que añade una capa de horror a un caso ya de por sí alarmante. La combinación de detención arbitraria, traslado sin información, negación de acceso a abogados y familiares, y presuntos actos de tortura, pinta un cuadro desolador de la situación de los derechos humanos en los centros de detención venezolanos. Estas prácticas contravienen no solo la Constitución venezolana sino también múltiples tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la nación. La privación de la identidad y la imposibilidad de ser visto por un abogado o familiar durante un mes son tácticas que buscan aislar al detenido, debilitar su defensa y facilitar la coacción.

El Hilo Político en un Caso "No Político"

A pesar de que el abogado Eduardo Torres insiste en que el caso de José Faustino Hermoso García no tiene motivaciones políticas, la trayectoria familiar del detenido introduce una dimensión que no puede ser ignorada en el contexto venezolano. Hermoso García es hijo de Bernardo Hermoso, sobrino de Carlos Hermoso y primo de Jesús Noel Hermoso, todos ellos reconocidos dirigentes políticos y luchadores sociales del partido Bandera Roja. En Venezuela, la pertenencia a familias con un historial de activismo político, especialmente de oposición, a menudo expone a los individuos a un escrutinio estatal más severo y a la posibilidad de que sus problemas, incluso de índole personal, sean instrumentalizados.

Esta conexión familiar, sumada a la brutalidad de las presuntas acciones judiciales y militares, genera una inevitable preocupación. Aunque el origen del conflicto sea "doméstico", la respuesta del Estado —desde la intervención del Conas, la negación de recursos legales, la desaparición forzada, las acusaciones de tortura y la supuesta coacción para cambiar de identidad— excede con creces lo que se esperaría en un estado de derecho. La pregunta que surge es si esta desproporción y saña tienen alguna relación con los vínculos políticos de la familia Hermoso, o si es simplemente una manifestación extrema de la fragilidad institucional y la arbitrariedad que impera en el sistema judicial venezolano. La madre de Hermoso García incluso hizo un llamado a "la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez", una expresión que, aunque peculiar, refleja la desesperación y la búsqueda de auxilio en las más altas esferas del poder.

El Desgaste del Estado de Derecho y la Urgencia de Rendición de Cuentas

El caso de José Faustino Hermoso García, con sus múltiples capas de violaciones a los derechos humanos y la presunta manipulación de la identidad, se erige como un sombrío testimonio de la erosión del estado de derecho en Venezuela. La idea de que un ciudadano pueda ser forzado a cambiar su nombre para facilitar su procesamiento y condena es una afrenta directa a los principios fundamentales de justicia y dignidad humana. Organizaciones civiles han calificado este incidente como "sin precedentes", lo cual subraya la singularidad y la extrema gravedad de las acusaciones.

La comunidad nacional e internacional debe poner atención a este caso, que trasciende la individualidad de Hermoso García para convertirse en un símbolo de la vulnerabilidad de cualquier ciudadano ante un sistema que, según las denuncias, está dispuesto a pisotear la identidad y la verdad. La exigencia de rendición de cuentas para los funcionarios de la GNB, los fiscales del Ministerio Público y la jueza involucrados es imperativa. La negación de un habeas corpus, la desaparición forzada, las alegaciones de tortura y el intento de suplantación de identidad no pueden quedar impunes. La integridad del sistema de justicia, ya de por sí cuestionada, se ve aún más comprometida por estas acusaciones, que demandan una investigación exhaustiva e independiente para determinar la verdad y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todos los venezolanos. La recuperación de la credibilidad en las instituciones pasa por la transparencia y la justicia en casos como el de José Faustino Hermoso García.

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