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Constructores de cementerios verticales

Constructores de cementerios verticales

No he podido dejar de pensar en la corta novela El reino de este mundo, del cubano Alejo Carpentier. Trata de la rebelión de los esclavos en Haití, de su pronta independencia de Francia (anterior a la de los hispanoamericanos), del único rey haitiano (suicidado el rey negro en su palacio y exilada su corte

Luis Sambrano
Por

Luis Sambrano

Fundador y editor6 jul. 2026

En la compleja trama de la tragedia venezolana, una sombra persistente se cierne sobre el paisaje urbano: la proliferación de edificaciones, tanto de la Misión Vivienda como del sector privado, erigidas en terrenos de alto riesgo. Esta peligrosa arquitectura de la irresponsabilidad, que se alza como potencial "cementerio vertical", no solo desafía las advertencias de expertos nacionales e internacionales, sino que también evoca el fantasma de desastres pasados y la impunidad de una burocracia que prioriza la imagen sobre la seguridad ciudadana.

La Peligrosa Arquitectura de la Negligencia Estatal

La historia reciente de Venezuela está marcada por catástrofes naturales que dejaron cicatrices profundas, como el devastador terremoto de Caracas en 1967 y la tragedia de Vargas en 1999. Sin embargo, en lugar de aprender de estas amargas lecciones, el país ha sido testigo de una preocupante tendencia: la construcción masiva en zonas geológicamente inestables o propensas a eventos sísmicos y deslizamientos. Expertos en la materia, como Carlos Genatios y Marianela Lafuente, ya en un informe clave de 2020, señalaron las graves deficiencias y riesgos asociados a la ubicación de numerosas estructuras, muchas de ellas parte de programas habitacionales del Estado.

Estas advertencias no son nuevas ni aisladas. Desde 2005, técnicos japoneses, con vasta experiencia en construcción antisísmica y gestión de desastres, ofrecieron recomendaciones cruciales que, lamentablemente, fueron sistemáticamente desatendidas por las administraciones chavistas. La insistencia en ignorar criterios técnicos fundamentados en la geología del terreno, la sismicidad de la región y la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos, configura un patrón de negligencia que trasciende la mera omisión para adentrarse en el terreno de la irresponsabilidad criminal. Las construcciones en áreas inadecuadas no son un accidente, sino el resultado de decisiones políticas y administrativas que hacen caso omiso de la seguridad y el bienestar de los futuros habitantes. La pregunta que resuena es inquietante: ¿qué funcionarios, imbuidos de una lógica de "taumaturgos" capaces de desafiar la realidad, aprobaron estas "tumbas de concreto" a pesar de un historial de catástrofes que debería haber servido de guía?

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La metáfora del "taumaturgo burócrata", acuñada por Alejo Carpentier, adquiere una resonancia particular en el contexto venezolano. Se refiere a aquellos que, en su afán por generar maravillas o logros a toda costa, terminan por convertirse en gestores de un sistema caótico y negligente. En Venezuela, esta figura se manifiesta en la cúpula de un gobierno que ha priorizado la construcción acelerada de viviendas como bandera política, a menudo sacrificando la calidad, la planificación y, fundamentalmente, la seguridad. La urgencia política ha eclipsado la prudencia técnica, transformando proyectos de vida en potenciales escenarios de desastre.

Frente a la crítica, surgen rápidamente las justificaciones oficiales. Voces desde el poder buscan desviar la atención, argumentando que la mayoría de los derrumbes recientes se han producido en edificaciones privadas de "vacaciones", una afirmación que busca eximir al Estado de su responsabilidad principal en la supervisión y planificación urbana. Otros señalan que la responsabilidad recae en los cálculos de los ingenieros, pero convenientemente omiten que las alcaldías y municipios, bajo la égida de la misma burocracia estatal, han eludido su deber de supervisar no solo los "detallitos" municipales, sino la idoneidad de los terrenos y la solidez estructural de las edificaciones. Esta retórica, que promete seguir construyendo con la misma celeridad e irresponsabilidad, subvencionando incluso más estructuras potencialmente inseguras, es una muestra clara de la persistencia de esta mentalidad "taumatúrgica" que se niega a reconocer sus errores y asumir las consecuencias. La lógica es perversa: se reconoce la falla en la supervisión, pero en lugar de corregirla, se anuncia la continuidad del mismo patrón de desarrollo que ha generado el problema.

Ecos de la Tragedia: De Vargas a la Desidia Actual

La historia de la desidia gubernamental en Venezuela tiene un punto de inflexión brutal en el deslave de Vargas de diciembre de 1999. Aquel evento catastrófico, que se cobró miles de vidas y transformó el litoral central, ocurrió en un momento fundacional para el régimen naciente. La prioridad de entonces, como hoy, pareció ser la agenda política por encima de la vida humana: la celebración de un referéndum constituyente eclipsó el rescate y la atención a las víctimas que se ahogaban bajo el lodo. Esa fecha no solo marcó el inicio de una nueva era política, sino también la instauración de un patrón de prioridades donde la imagen y el control político prevalecen sobre la gestión de crisis y la protección ciudadana.

Dos décadas y media después, la misma ineficacia y negligencia se repiten, pero con una magnitud multiplicada. La "maldad" a la que se refiere la reflexión sobre Carpentier, entendida no como un acto individual de crueldad, sino como la perversa indiferencia de un sistema político que desvaloriza la vida de sus ciudadanos, se ha institucionalizado. La falta de planificación urbana, la corrupción en la asignación de terrenos y contratos, la ausencia de control y la impunidad en la toma de decisiones que ponen en riesgo a la población, son manifestaciones de una desidia que se ha convertido en política de Estado. Es en este "Reino de este mundo" venezolano donde la realidad se deforma, y la lógica de la supervivencia cede ante la arbitrariedad de quienes detentan el poder. La gente, sin embargo, con su inherente solidaridad y capacidad de resiliencia, se las arregla para encender luces de esperanza y apoyo mutuo frente a la oscuridad de la miseria espiritual y material impuesta por la cúpula gobernante.

Ausencia de Rescate y el Silencio Militar

En medio de la tragedia, la ausencia de una respuesta estatal coordinada y efectiva es un síntoma más de la disfuncionalidad sistémica. La apatía militar, o su tardía e insuficiente intervención en situaciones de desastre, es particularmente alarmante. ¿Dónde estaban los cuerpos de ingenieros militares, tanto del ejército como de la armada, para colaborar en las tareas de rescate y auxilio? ¿Por qué no se desplegaron de inmediato carpas hospitalarias para atender a los heridos o campamentos militares para albergar a los damnificados? La fuerza armada, que constitucionalmente debería ser garante de la seguridad y el bienestar de la nación, parece haber abdicado de su rol en momentos críticos, dejando a la población a su suerte.

Las justificaciones para esta inacción son tan variadas como falaces. Algunos analistas, con intereses particulares en el "asesoramiento" político, intentan construir narrativas que exculpen al estamento militar, alegando traumas o parálisis por eventos pasados. Sin embargo, estas apologías no hacen más que blanquear la ineptitud y la falta de compromiso con el pueblo. La realidad es que la militarización de la sociedad venezolana no se ha traducido en una mayor capacidad de respuesta ante desastres, sino en una fuerza que parece más orientada a la contención política que a la protección civil. La pregunta sigue en el aire, con un eco de frustración y rabia: ¿dónde están los militares cuando más se les necesita?

La Venezuela actual se ha convertido, por acción u omisión de sus "taumaturgos" en el poder, en una constructora de "cementerios verticales". La irresponsabilidad, la desidia y la falta de rendición de cuentas han edificado un legado de vulnerabilidad que pende sobre la cabeza de millones de venezolanos. Revertir esta tendencia exige no solo un cambio de paradigma en la gestión pública, sino una profunda reflexión sobre el valor de la vida humana y la necesidad imperante de la justicia. Sin ello, la tragedia venezolana seguirá siendo un ciclo perpetuo de negligencia y dolor.