Claves | OVP: al menos 7414 presos sobreviven en «cárceles paralelas» del CICPC
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en su último informe que al menos 7414 personas privadas de libertad se mantienen recluidas en calabozos policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), instalaciones destinadas originalmente para el resguardo temporal. «Sin embargo, desde el año 2011, tras una circular emitida por Iris Varela, entonces
Un total de 7.414 personas privadas de libertad permanecen recluidas en los calabozos de paso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), espacios que originalmente fueron diseñados para albergar a los detenidos de manera estrictamente provisional. De acuerdo con una investigación presentada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), estos recintos policiales terminaron convirtiéndose en centros de reclusión permanentes debido a las restricciones de traslado hacia los penales tradicionales, lo que somete a la población penal a condiciones de hacinamiento, falta de servicios básicos y retardo procesal.
La organización no gubernamental documentó que el tiempo promedio de permanencia en estas celdas provisionales alcanza los 615 días, lo que equivale a un año y ocho meses de reclusión en espacios que carecen de la infraestructura física y de los servicios sanitarios indispensables para albergar a personas a largo plazo. Este escenario contradice las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece un límite máximo de 48 horas de permanencia para los ciudadanos en los calabozos de detención preventiva antes de ser presentados ante los tribunales o trasladados a cárceles comunes.
El origen de las cárceles paralelas y el impacto del retardo procesal
La transformación de las sedes del cuerpo detectivesco en prisiones permanentes se remonta al año 2011. Según el informe del OVP, durante ese período la entonces ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, emitió una resolución interna que limitaba los cupos de ingreso en las cárceles nacionales y obligaba a las dependencias policiales a solicitar autorizaciones previas para ejecutar los traslados de los reclusos. Esta directriz administrativa generó un embudo en el sistema de justicia, obligando a las comisarías locales a retener a los reos de forma indefinida.
Los datos recolectados por la organización muestran que una de cada tres personas recluidas en estas celdas ya superó los dos años bajo custodia policial. Asimismo, el 58 % de la población total registrada en estos espacios, equivalente a 4.291 personas, acumula más de doce meses de detención en las sedes de la policía científica.
La prolongación de estas detenciones se encuentra directamente vinculada con la parálisis de los procesos judiciales. El informe del OVP detalla que 6.518 reclusos, que representan el 87,9 % del total evaluado, no cuentan con una sentencia firme en su contra. Esta cifra evidencia que casi nueve de cada diez personas recluidas en los calabozos policiales se encuentran bajo la figura de detención preventiva, esperando una definición sobre su situación jurídica. Para la organización, este porcentaje demuestra que la prisión preventiva dejó de ser una medida excepcional y se convirtió en una práctica generalizada dentro del sistema judicial venezolano, lo que equivale a imponer una condena anticipada sin juicio previo.
Distribución geográfica y las delegaciones con mayor saturación
La investigación del OVP identificó un total de 157 dependencias del Cicpc que operan actualmente como centros penitenciarios paralelos a lo largo del territorio nacional. La concentración de reclusos se focaliza principalmente en el centro y occidente del país, siendo el Área Metropolitana de Caracas la región con mayor volumen de personas afectadas, al registrar 1.103 detenidos, lo que representa el 14,88 % del total nacional.
El estado Zulia se ubica en el segundo lugar con 864 personas bajo custodia (11,65 %), seguido por el estado Miranda con 733 reclusos (9,89 %), Carabobo con 616 personas (8,3 %) y Aragua con 562 detenidos (7,58 %). Estas cinco entidades federales concentran el 51 % de la población total que se encuentra recluida de forma irregular en los calabozos de la policía científica.
A nivel de recintos específicos, la Delegación Municipal de Maracaibo, en el estado Zulia, destaca como la dependencia con la mayor cantidad de internos del país, al albergar a 278 personas en sus celdas. En el interior de Venezuela, otras sedes muestran niveles críticos de ocupación: la Coordinación de Aprehendidos de Carabobo registra 240 detenidos; la Delegación Municipal de Valencia cuenta con 202; la sede de Maturín, en Monagas, alberga a 167 personas; la Delegación de San Francisco de Apure mantiene a 164 internos; la de Barinas reporta 160 reclusos y la de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, registra 158 personas.
El OVP advierte que la dispersión geográfica de esta población carcelaria dificulta la contraloría judicial y limita de forma severa el monitoreo independiente por parte de organizaciones de derechos humanos, lo que reduce la transparencia sobre el estado físico de los detenidos y entorpece la documentación de posibles abusos o tratos crueles.
Poblaciones vulnerables y la falta de personal calificado
El informe del OVP pone especial énfasis en el impacto diferenciado que tiene esta crisis carcelaria sobre los grupos más vulnerables de la población penal. Entre los detenidos en las dependencias del Cicpc se identificaron a 914 mujeres, lo que representa el 12,3 % de la población total. De este grupo femenino, el 83,8 % (766 mujeres) permanece bajo arresto sin haber recibido una sentencia definitiva.
La organización advierte que las instalaciones policiales carecen por completo de la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades biológicas y de higiene propias de la población femenina, tales como el acceso continuo a agua potable, espacios de privacidad y productos básicos para la salud menstrual.
Asimismo, la investigación detectó la presencia de 17 adolescentes privados de libertad en estas sedes policiales. El OVP denunció que ni los familiares ni los defensores de estos jóvenes han tenido acceso oportuno a los expedientes judiciales para verificar si se están respetando las garantías de excepcionalidad y separación de adultos consagradas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
Por otra parte, se constató la presencia de 181 adultos mayores de 65 años en los calabozos del Cicpc. Esta población de la tercera edad enfrenta graves riesgos debido a la ausencia de personal médico capacitado y a la falta de medicamentos esenciales para el tratamiento de patologías crónicas. El observatorio recordó que, bajo la custodia del Estado en distintos calabozos del país, fallecieron más de 30 reclusos entre abril y septiembre de 2026, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes requieren atención médica constante.
A pesar de la presencia de estos grupos de riesgo, el grueso de la población afectada se concentra en los sectores económicamente activos de la sociedad. El 56,7 % de los detenidos (4.205 personas) tiene edades comprendidas entre los 26 y los 45 años. Para el OVP, esta realidad implica un impacto socioeconómico directo sobre el entorno familiar de los reclusos, pues la detención interrumpe la principal fuente de ingresos de numerosos hogares y debilita las redes de apoyo comunitario.
El colapso operativo de las dependencias policiales
El informe del OVP concluye señalando que los funcionarios adscritos al Cicpc no poseen la formación académica ni técnica requerida para la custodia de privados de libertad a mediano y largo plazo, dado que sus competencias profesionales están orientadas de forma exclusiva a la investigación criminalística y penal.
Las 157 delegaciones policiales identificadas continúan operando sin asignaciones presupuestarias especiales ni recursos humanos formados para la administración de recintos penitenciarios de estas dimensiones. La persistencia de esta situación constituye, según el observatorio, un reflejo de la falta de coordinación estatal para garantizar traslados oportunos y procesar de manera regular las causas judiciales de los ciudadanos bajo arresto preventivo.
