OVP denuncia la muerte de un recluso en Bolívar bajo la custodia del Estado
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció este 12 de septiembre la muerte bajo custodia del Estado de Júnior Rafael Velásquez Herrera, venezolano de 23 años recluido en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar. El joven fue asesinado con un arma de fuego y el principal acusado es otro miembro del
La muerte de un joven de 23 años bajo custodia del Estado en el estado Bolívar expone nuevamente las condiciones críticas de seguridad, hacinamiento y retardo procesal que caracterizan a los centros de detención preventiva en Venezuela. El deceso de Júnior Rafael Velásquez Herrera, ocurrido en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, fue denunciado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y difundido por el portal de noticias Runrun.es el 12 de septiembre de 2026. Este hecho vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad directa de las instituciones públicas en la garantía de la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.
El deceso en Guaiparo y la parálisis procesal
El suceso registrado en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, ubicado en el estado Bolívar, cobró la vida de Júnior Rafael Velásquez Herrera tras recibir un disparo de arma de fuego dentro de las instalaciones de reclusión. De acuerdo con los datos recopilados por el OVP, el principal sospechoso del homicidio es otro de los internos recluidos en el mismo centro de detención preventiva. Este hecho evidencia la falta de controles internos eficaces y la vulnerabilidad de los reclusos frente a la violencia interna en espacios que teóricamente se encuentran bajo el control absoluto de los cuerpos de seguridad del Estado.
El caso de Velásquez Herrera ilustra además una de las fallas más recurrentes del sistema de justicia en el país: el retardo procesal. Al momento de su muerte, el joven de 23 años sumaba tres años de reclusión en este recinto de carácter temporal sin haber recibido una sentencia firme sobre su causa judicial. El OVP ha señalado de manera constante que la permanencia prolongada en centros de detención preventiva, diseñados originalmente para albergar a los detenidos por lapsos no mayores a las 48 horas, agrava de forma drástica las condiciones de vida de la población penal y desvirtúa la naturaleza de estos espacios policiales.
El impacto de las clausuras y el hacinamiento en Bolívar
La situación de hacinamiento en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de decisiones administrativas y estructurales previas. Según los análisis presentados por el OVP, este centro de detención policial se ha convertido en uno de los recintos que alberga la mayor densidad de población reclusa en todo el estado Bolívar, alcanzando niveles críticos que comprometen la salubridad, la alimentación y la seguridad de los internos.
Este incremento desmedido en la población de los calabozos policiales se encuentra estrechamente vinculado con las políticas de reestructuración del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en la región. El observatorio detalló que, tras las intervenciones gubernamentales en la zona, se procedió a la clausura definitiva del Internado Judicial de Vista Hermosa y de la cárcel de El Dorado. El cierre de estos dos recintos penitenciarios de gran envergadura significó la pérdida de 1.150 plazas que anteriormente servían para albergar a la población reclusa del estado Bolívar. Sin alternativas habitables ni nuevos centros de reclusión construidos, los excedentes de la población penal han sido derivados o retenidos de forma indefinida en sedes policiales que carecen de la infraestructura necesaria para el confinamiento a largo plazo.
Traslados inconsultos y la angustia familiar
Tras registrarse el homicidio de Velásquez Herrera, las alarmas se encendieron entre los familiares de los demás privados de libertad debido a informaciones sobre posibles traslados masivos. Según los testimonios recabados por el OVP, las autoridades del centro policial planifican la movilización de un grupo de internos hacia otros recintos, un proceso que se está desarrollando bajo un esquema de opacidad informativa que afecta directamente el derecho a la defensa y a la comunicación familiar.
Tanto los parientes como los representantes legales de los reclusos han manifestado su preocupación ante la ausencia de canales de comunicación oficiales que detallen la logística, los destinos y los criterios de selección de estos traslados. El traslado de detenidos a zonas geográficas distantes de sus tribunales de origen genera un impacto económico devastador para las familias, quienes en su mayoría carecen de los recursos financieros necesarios para costear viajes continuos a otras regiones del país para llevar alimentos, medicinas o realizar el seguimiento legal pertinente. Asimismo, el alejamiento de los tribunales asignados a cada causa se traduce en un incremento automático del retardo procesal, debido a las dificultades logísticas para trasladar a los imputados a las audiencias correspondientes.
Cifras rojas de la custodia estatal
La muerte de Júnior Rafael Velásquez Herrera se inscribe en un patrón de letalidad y desatención dentro del sistema penitenciario venezolano que el OVP documenta de manera sistemática. Entre los meses de abril y septiembre de 2026, la organización no gubernamental ha registrado el fallecimiento de al menos 29 personas que se encontraban recluidas en diferentes cárceles y centros de detención del país bajo la tutela directa del Estado.
El desglose de estas estadísticas revela que la violencia física no es el único factor de riesgo intramuros. De las 29 muertes documentadas en este período de seis meses, más de 10 correspondieron a reclusos que fallecieron debido a complicaciones de salud que no recibieron la atención médica oportuna ni los tratamientos requeridos. La tuberculosis, la desnutrición severa y las infecciones respiratorias figuran históricamente entre las principales causas de muerte no violenta en los centros de reclusión, donde el acceso a agua potable, medicamentos y personal de salud es sumamente limitado.
Ante este panorama, el Observatorio Venezolano de Prisiones formuló un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que inicien investigaciones exhaustivas y transparentes sobre el homicidio de Velásquez Herrera en el estado Bolívar. La organización insiste en la necesidad de determinar las responsabilidades penales e institucionales de los funcionarios a cargo de la custodia del recinto, así como de abordar la situación general de los decesos registrados bajo custodia del Estado en lo que va del año 2026.
La muerte de ciudadanos bajo la tutela del Estado representa una de las fallas más severas en materia de derechos humanos y administración de justicia. El caso de Guaiparo evidencia cómo la combinación de hacinamiento extremo, retardo procesal crónico y la falta de control interno en las sedes policiales continúa generando condiciones de alta peligrosidad para una población penal que, a pesar de no contar con sentencias definitivas en muchos casos, enfrenta penas de facto que comprometen su derecho fundamental a la vida.
