La respuesta estatal venezolana al doble terremoto del 24 de junio de 2026 mostró una brecha significativa en comparación con estándares internacionales y casos históricos de gestión de desastres. Un informe técnico de Transparencia Venezuela, con datos recopilados hasta el 12 de julio, 18 días después del sismo, evalúa la capacidad de despliegue y organización frente a una emergencia de gran magnitud, señalando deficiencias en la velocidad de movilización de recursos y la transparencia en la gobernanza del riesgo.
Evaluación de la Capacidad de Respuesta
El estudio de Transparencia Venezuela, basado en un modelo metodológico mixto que utiliza el Índice de Brecha de Despliegue (IBD), examinó la actuación del Estado venezolano en contraste con protocolos internacionales de gestión de desastres, como los de INSARAG, Sphere, el Marco de Sendai y metodologías de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Además, se comparó con las respuestas desplegadas en terremotos de gran magnitud ocurridos en Turquía, Japón, Chile, China y Haití. El objetivo del análisis no fue cuantificar víctimas o edificaciones afectadas, sino determinar la eficacia de la reacción estatal ante la emergencia.
La principal conclusión del informe apunta a una deficiencia crucial en la celeridad con la que se movilizaron los recursos humanos, logísticos y de rescate. Según los autores, esta lentitud marcó la diferencia más notable entre la respuesta venezolana y la de los países de referencia. La oportunidad más crítica para salvar vidas tras un terremoto se concentra en las primeras 72 horas posteriores al evento. Mientras que las naciones comparadas lograron gran parte de su capacidad operativa en este periodo inicial, Venezuela alcanzó su máximo despliegue nacional 18 días después del sismo, lo que, de acuerdo con el estudio, limita la efectividad de las labores de búsqueda y rescate, cuyo rendimiento disminuye considerablemente tras el tercer día.
