Hay un número que define este momento de Venezuela, y conviene decirlo sin rodeos: 180 días. Este es el plazo máximo que la Constitución de 1999, en su artículo 234, establece para que el Vicepresidente Ejecutivo supla una falta temporal del Presidente. No es una sugerencia, no es un margen flexible; es un techo inquebrantable que los constituyentes diseñaron con una finalidad clara: impedir la perpetuación de un poder ejercido sin mandato popular, por quien nadie eligió para gobernar. El reloj constitucional ha llegado a su límite, y Venezuela se encuentra en una encrucijada donde la inacción o la manipulación podrían sellar un destino de mayor ilegitimidad y sufrimiento.
La Carta Magna, lejos de guardar silencio ante la prolongación de una falta temporal, habla con una claridad meridiana. El mismo artículo 234 establece que, cuando la ausencia presidencial se extiende más allá de los 180 días (noventa prorrogables por noventa más por la Asamblea Nacional), es la Asamblea Nacional —y solo ella— quien tiene la potestad de decidir si debe considerarse una falta absoluta. Una vez calificada esta falta, el artículo 233 ordena de manera perentoria la convocatoria a elecciones universales en un plazo de treinta días, con una encargaduría estrictamente transitoria mientras tanto. Esto no es materia de interpretación; es el texto explícito de la ley fundamental. Lo demás, como la historia reciente nos ha enseñado, es maniobra.
La Maniobra Tiene Nombre y Apellido
El patrón es conocido, y el régimen remanente no tardará en intentarlo. Lo hemos visto antes: el uso instrumental del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para reescribir la Constitución sin pasar por el soberano. Se inventarán plazos inexistentes, se confundirá deliberadamente la suplencia transitoria con una sucesión que la Carta Magna no autoriza, y se vestirá de formalidad jurídica lo que en el fondo es una usurpación descarada del poder. Mantener a Delcy Rodríguez en el ejercicio de la presidencia más allá de los 180 días no es continuidad institucional; es un acto de poder sin mandato, una afrenta directa a la soberanía popular y a la Constitución que el propio oficialismo juró defender. Es la Constitución reescrita por quienes controlan los tribunales, no por la voluntad expresada en las urnas.
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Este modus operandi del TSJ, convertido en un apéndice del poder ejecutivo, ha sido una constante en la última década. Desde la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional electa en 2015, hasta la inhabilitación de líderes políticos y la validación de procesos electorales cuestionados, el máximo tribunal ha desmantelado progresivamente el Estado de Derecho en Venezuela. Este historial de "activismo judicial" al servicio de la facción gobernante es el contexto ineludible para entender cualquier intento de eludir el claro mandato del artículo 234. La legitimidad de origen, que es la base de cualquier democracia, ha sido sistemáticamente corroída, y este nuevo desafío constitucional amenaza con dar el golpe de gracia a lo que queda de ella.
Por Qué No Podemos Dejar a Delcy: Estabilidad vs. Parálisis Represiva
Se nos dirá, y de hecho ya se nos dice, que mantener a la actual Vicepresidenta en el ejercicio del poder es preferible al caos, que es la opción de la estabilidad. Sin embargo, este argumento es una falacia que ignora la dolorosa realidad venezolana. Su permanencia no produce estabilidad; produce una parálisis represiva, una inmovilidad forzada que sofoca cualquier intento de solución real a los problemas del país.
Y esta parálisis se manifiesta en el peor momento posible. Venezuela acaba de ser golpeada por una catástrofe de proporciones inimaginables: el doble terremoto de junio. Cientos de muertos, miles de heridos, infraestructura destruida y comunidades enteras devastadas esperan una ayuda que el mundo está dispuesto a enviar. En una emergencia de esta magnitud, la pregunta no es ideológica; es práctica y, sobre todo, moral: ¿quién va a administrar esa ayuda?
Un poder que prioriza el control político sobre el rescate humanitario convierte la solidaridad internacional en un instrumento de clientelismo. Distribuye los recursos según lealtades, no según necesidades urgentes. Desvía hacia sus redes lo que debería llegar a los escombros y a las víctimas. Deja afuera a quienes no se someten. Dejar la respuesta humanitaria en manos del círculo que ya conocemos no es prudencia; es garantizar que los recursos del mundo financien la supervivencia del régimen en lugar de salvar vidas venezolanas. La experiencia de crisis pasadas, donde la ayuda humanitaria fue politizada y bloqueada, es un sombrío precedente que no podemos ignorar. La falta de transparencia y la corrupción endémica solo se exacerbarán bajo un liderazgo ilegítimo, impidiendo una recuperación efectiva y agravando la ya precaria situación social.
Mientras tanto, las puertas del país siguen cerradas para figuras clave. Se le impide el regreso a María Corina Machado, líder opositora y, en este escenario hipotético, una figura de relevancia internacional. Esto no es un detalle menor; es la confesión de un proyecto político. Quien controla el espacio aéreo y las fronteras para impedir el retorno de la oposición no tiene la menor intención de convocar elecciones libres y justas. La ausencia de un calendario electoral creíble no es desorden; es una estrategia de dilación calculada para perpetuar el statu quo y evitar la confrontación con la voluntad popular.
Lo Que Sí Produce Estabilidad: Legitimidad y Constitución
La estabilidad real no nace del vacío administrado por quien tiene todos los incentivos para perpetuarlo. La estabilidad en una democracia nace de la legitimidad. Y la legitimidad, en Venezuela, tiene una sola fuente válida y urgente en este momento: el acto constitucional de la Asamblea Nacional calificando la falta absoluta, y la inmediata convocatoria a elecciones que la Constitución ordena.
Sobre esa base —y solo sobre ella— se puede construir todo lo demás: una respuesta humanitaria transparente y auditada, que llegue a quien la necesita y no a quien la administra; un esfuerzo de reconstrucción regido por principios humanitarios internacionales y por independencia operativa frente a cualquier facción política; la recuperación de los activos saqueados del país, que ascienden a miles de millones de dólares y son cruciales para la reconstrucción; y, fundamentalmente, un calendario electoral que el pueblo pueda creer y respetar.
El acompañamiento internacional es, sin duda, bienvenido y necesario, anclado en intereses legítimos y compartidos: la seguridad hemisférica, la estabilidad migratoria que afecta a toda la región, y la certidumbre energética global. Pero ese acompañamiento debe ser instrumental y subsidiario de un acto venezolano, soberano y constitucional. El mundo puede ayudar, puede facilitar, puede observar, pero no puede sustituir la responsabilidad y el deber de los venezolanos de restaurar su orden constitucional. La soberanía se preserva, justamente, porque el acto fundacional de cambio es interno y se adhiere estrictamente a la Carta Magna. Cualquier otra vía sería una abdicación de la soberanía nacional.
El Costo de No Actuar
Los riesgos de la inacción no son abstractos; son una secuencia conocida y dolorosamente previsible. La consolidación de Delcy Rodríguez como heredera de un régimen sin mandato, la ayuda humanitaria capturada y desviada para fines políticos, una nueva y masiva ola de migración forzada que desestabilizará aún más a los países vecinos, y la profundización del control territorial por parte del crimen organizado y grupos irregulares. Pero, sobre todo, la inacción significaría el cierre de una ventana de oportunidad que —paradójicamente— abrió la propia tragedia del terremoto.
Porque las crisis, además del dolor inmenso que provocan, traen consigo una claridad brutal. Y esta crisis, que ha expuesto la fragilidad institucional y la incapacidad de respuesta del poder de facto, ha dejado al descubierto una verdad sencilla e ineludible:
El reloj constitucional ya marca el final del plazo. Lo que viene después no se negocia con el régimen; se cumple con la Constitución. Y lo que la Constitución exige no es que dejemos a Delcy Rodríguez en el poder. Es que devolvamos a Venezuela a su pueblo, en las urnas, sin más demoras ni manipulaciones.
Venezuela libre no es una consigna. Es un mandato constitucional que hoy tiene fecha.
