Vecinos de Petare denuncian que inspecciones en ese sector fueron selectivas después de los terremotos
Caracas.- Unas casas sí y otras no. Así describen vecinos del barrio San Blas, en Petare, las inspecciones realizadas por las autoridades a las viviendas dañadas tras los terremotos del 24 de junio. Aseguran desconocer si recibirán algún tipo de ayuda gubernamental, pero sobre todo temen que el deterioro de las estructuras empeore con las
Habitantes del sector San Blas, ubicado en la parroquia Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda, reportan que las inspecciones de viviendas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio se han realizado de manera selectiva, de acuerdo con una investigación publicada por el portal informativo El Pitazo. Los residentes de esta comunidad denuncian que, a pesar de los daños estructurales visibles en múltiples viviendas, las comisiones técnicas estatales no han evaluado de forma equitativa todos los inmuebles en riesgo, lo que incrementa el temor colectivo ante la ocurrencia de réplicas y el inicio de las lluvias.
El balance de los daños y las cifras oficiales
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron un saldo de al menos 17.000 personas damnificadas en las regiones de La Guaira, Caracas y Miranda, de acuerdo con los balances emitidos por los organismos oficiales. Un mes después del evento telúrico, las autoridades reportaron la realización de aproximadamente 30.000 inspecciones de infraestructura a nivel nacional. De estas evaluaciones, el 55% de los inmuebles fue clasificado bajo la categoría verde (habitable), el 22% en amarillo (requiere reparaciones) y el 22% restante en rojo (no habitable).
En el ámbito de la Gran Caracas, las evaluaciones superaron las 15.000 inspecciones. Sin embargo, los vecinos de las zonas populares de Petare temen quedar excluidos de los registros de asistencia y reconstrucción, ya que afirman que la jerarquización técnica mediante el sistema de semáforos no se ha aplicado de manera generalizada en sus sectores, a diferencia de los despliegues observados en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en ciertas estructuras del sector privado en la capital.
Criterios de inspección bajo cuestionamiento vecinal
Durante un recorrido realizado por El Pitazo en los sectores 1 y 2, La Chicharronera y Las Cerecitas de San Blas, los residentes explicaron que las visitas de los cuerpos de seguridad y prevención estuvieron condicionadas por la intermediación de los consejos comunales locales. Según los testimonios recolectados, los representantes de estas organizaciones comunitarias seleccionaron de manera discrecional cuáles viviendas serían mostradas a los funcionarios de inspección, sin que se aclararan los criterios técnicos o de vulnerabilidad utilizados para dar prioridad a unos casos sobre otros.
Esta situación provocó que estructuras con daños evidentes quedaran fuera de las evaluaciones de habitabilidad. Yelitza Rodríguez, quien habita en San Blas junto a sus hijos y tres nietos, describió que la pared perimetral que resguardaba su vivienda de la calle colapsó por completo debido al sismo, mientras que las paredes internas sufrieron agrietamientos severos. Rodríguez detalló que, durante el despliegue de las comisiones oficiales en su calle, los funcionarios pasaron de largo frente a su propiedad para dirigirse directamente a la vivienda contigua, la cual sí estaba incluida en la lista de los coordinadores locales.
Casos críticos y desalojos preventivos en San Blas
La gravedad de los daños varía según la ubicación de las viviendas en la ladera del barrio. En la residencia multifamiliar de Elis Alfonzo, donde cohabitan 23 personas, entre ellas seis menores de edad, una comisión de Protección Civil del municipio Sucre constató el agrietamiento severo de las paredes y ordenó el desalojo inmediato de la estructura por razones de seguridad.
Como medida de monitoreo rústico, los funcionarios de prevención colocaron una cuerda tensada entre dos clavos en una de las grietas principales, advirtiendo a la familia que si el hilo se tensaba aún más, significaría un desplazamiento activo de la estructura con riesgo de colapso inminente. Aunque la estructura se mantiene en pie y la familia se encuentra refugiada temporalmente en la residencia de un pariente, la falta de un diagnóstico definitivo de ingeniería civil les impide saber si podrán retornar a su hogar de manera segura.
En una situación de riesgo continuo se encuentra Erika Bello, cuya vivienda no ha recibido ninguna inspección formal por parte de las autoridades. Bello relató que tras los movimientos sísmicos las paredes de su casa se separaron en las uniones de las esquinas. Además, explicó que cada vez que los residentes del piso superior transitan por el área, se escuchan ruidos fuertes y crujidos en el techo, el cual muestra signos de deformación física.
El impacto en los espacios comunitarios de aprendizaje
La falta de evaluaciones estructurales completas también afecta el funcionamiento de los servicios comunitarios en Petare. El centro de cuidado infantil Shekinah, una estructura de tres pisos ubicada en las cercanías de la Unidad Educativa Estadal Simón Bolívar, tuvo que suspender sus actividades pedagógicas regulares debido a los daños sufridos en sus bases. Este espacio comunitario ofrece nivelación académica y tareas dirigidas a niños de la zona, incluyendo a seis menores de edad que se encontraban fuera del sistema de escolaridad formal.
Andreina Díaz, directora de la institución, señaló que la edificación fue evaluada de manera preliminar por integrantes del grupo voluntario Ciclón 23 Sucre, quienes determinaron que cuatro de las columnas principales presentan daños estructurales y que el tanque de agua de concreto sufrió fisuras que impiden su almacenamiento. Los voluntarios advirtieron que la edificación no debe soportar cargas pesadas de personas ni mobiliario. Díaz formuló un llamado público a los ingenieros del Estado para que realicen una inspección técnica formal tanto en el centro educativo como en las viviendas adyacentes para determinar el nivel real de riesgo para la comunidad.
La vulnerabilidad ante las réplicas
La incertidumbre de la población de San Blas se incrementa debido a la inestabilidad del terreno y la continuidad de la actividad sísmica en la región central del país. Los reportes oficiales del gobierno nacional indican que se han registrado más de 1.000 réplicas desde los eventos principales del 24 de junio. Para atender la situación, el Ejecutivo activó un Estado Mayor de Contingencia con el fin de desplegar cuadrillas de ingenieros y personal de Protección Civil.
No obstante, los habitantes de Petare señalan que las inspecciones técnicas no han sido sistemáticas en las zonas autoconstruidas. Ante la falta de evaluaciones formales, los vecinos reportan que con cada réplica de baja intensidad y con la llegada de las precipitaciones estacionales, las grietas preexistentes continúan ensanchándose, lo que aumenta la exposición de las familias a posibles deslizamientos o colapsos estructurales en una de las zonas populares más densamente pobladas de la Gran Caracas.
