“Mi hijo llora todos los días por su papá”, esposa de Cicpc detenido luego del 3 de enero
Ocho hombres, ente ellos funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ejército venezolano, fueron detenidos luego del bombardeo del 3 de enero. Sus familiares denunciaron torturas, mientras estuvieron en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de La Carlota. Caracas. “Es duro ser mamá y también responsable de […]
La entrada “Mi hijo llora todos los días por su papá”, esposa de Cicpc detenido luego del 3 de enero aparece primero en Crónica Uno - Los hechos como son
La detención de Álvaro Roger Valladares Eslava, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ocurrida semanas después de los hechos del 3 de enero que involucraron un bombardeo estadounidense en Caracas, mantiene a su núcleo familiar en una situación de vulnerabilidad económica y emocional. Su esposa, Yeimi Guzmán, asumió de manera individual la representación legal de su pareja, el sustento de su hogar y el cuidado de sus dos hijos, de 11 y 18 años de edad, en medio de un proceso judicial que los familiares califican como irregular y carente de pruebas.
El impacto familiar de la detención de Álvaro Valladares
La ausencia del inspector Valladares alteró la dinámica diaria y la estabilidad emocional de su hogar. De acuerdo con el testimonio de su esposa, Yeimi Guzmán, el funcionario desempeñaba un rol organizativo y de apoyo directo en las actividades cotidianas de la casa, especialmente en el cuidado de su hijo mayor, de 18 años. El joven padece la enfermedad de Perthes de cadera, un trastorno de la infancia que interrumpe de forma temporal el flujo sanguíneo hacia la cabeza del fémur, lo que genera la pérdida de tejido óseo en la zona afectada.
A pesar de haber sido sometido a una intervención quirúrgica cuando tenía nueve años, el proceso de recuperación y las secuelas físicas requirieron un esfuerzo constante por parte de sus padres. Esta condición médica fortaleció la relación entre el joven y su padre, quien se encargaba de asistirlo de manera regular. Guzmán relató que su hijo mayor experimenta episodios de llanto diarios debido a la ausencia paterna. Actualmente, la madre debe gestionar de forma solitaria los trámites judiciales, la adquisición de alimentos para el centro de reclusión, el mantenimiento de la vivienda y la preparación del año escolar de sus hijos.
De las experticias forenses a la privación de libertad
Álvaro Roger Valladares Eslava ejercía funciones como fotógrafo forense en la subdelegación del Cicpc en San Agustín. Tras los sucesos del 3 de enero, que incluyeron un ataque aéreo en la capital venezolana y la posterior extracción del mandatario Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, Valladares acudió a la base aérea de La Carlota con el propósito de realizar las fijaciones fotográficas y las experticias técnicas correspondientes a su cargo.
El 23 de enero, veinte días después de haber realizado las labores de investigación de campo, el inspector fue citado a una reunión con la directiva del organismo policial. Sin embargo, al presentarse en el lugar, fue detenido por los cuerpos de seguridad. Junto a Valladares, las autoridades aprehendieron al también inspector de fotografía forense, Joharlinn Enrique Luzardos, y a los exfuncionarios Héctor José Martínez Yáñez, David Figueredo Sandoval y Jesús Leonardo Gómez Brito.
En el mismo expediente, denominado judicialmente como el caso "Azul Celeste", se encuentran privados de libertad el comisario jubilado de la policía científica, José Gregorio Rivas Sifontes; el teniente coronel del Ejército, Manuel Alejandro Iria Arteaga; y el coronel retirado del Ejército, Carlos Ulises Hernández Rojas. A los ocho hombres se les imputan los cargos de traición a la patria y conspiración.
Aunque versiones de carácter extraoficial señalan que las detenciones se produjeron debido a la negativa de los funcionarios a modificar los resultados de las experticias técnicas del bombardeo, los familiares aseguran que ni los detenidos ni sus defensas han recibido una explicación clara sobre los motivos reales de la acusación. Guzmán indicó que la defensa pública revisó el expediente y constató la ausencia de elementos probatorios que sustenten la culpabilidad de los procesados, atribuyendo su permanencia en prisión a factores de índole política.
Denuncias de tortura en centros de reclusión
Los familiares denunciaron que, tras la detención, los ocho hombres permanecieron en situación de desaparición forzada durante un lapso aproximado de siete días. Posteriormente, se les notificó que se encontraban recluidos en el Internado Judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, una instalación bajo la administración del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas) del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
De acuerdo con informes publicados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el Sesmas acumula múltiples denuncias por la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La organización documentó el uso de castigos físicos contra los internos y la imposición de medidas restrictivas extremas para las visitas familiares, las cuales se realizan sin contacto físico y bajo protocolos que incluyen cubrir con capuchas los rostros de los visitantes durante el ingreso al penal.
Asimismo, los parientes afirmaron que los detenidos sufrieron torturas físicas durante su permanencia inicial en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en La Carlota. Según el relato de sus allegados, el inspector Valladares fue suspendido temporalmente con tres cadenas de diez centímetros durante un período de 24 horas, recibió descargas eléctricas y fue obligado a consumir alimentos directamente del suelo.
Por su parte, Marly Morillo, esposa del comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes, denunció que su cónyuge fue golpeado y obligado a permanecer durante una semana en un espacio confinado debajo de una batea de lavado. Morillo destacó el impacto psicológico de la agresión, señalando que Rivas Sifontes, debido a su trayectoria institucional, participó en el proceso de formación de varios de los funcionarios que posteriormente ejecutaron su detención y maltrato.
Traslados inconsultos y la búsqueda de información
El 3 de septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó sobre el traslado no notificado de un grupo de privados de libertad desde el Internado Judicial Rodeo I hacia otros centros penitenciarios del país, entre ellos Fuerte Guaicaipuro, Yare II y Tocuyito. La organización de derechos humanos y familiares criticó la opacidad de la medida, debido a que las autoridades penitenciarias no publicaron listados oficiales ni informaron previamente a los representantes legales.
Ante el hermetismo institucional, los familiares de los internos ascendieron a las zonas montañosas adyacentes al penal de Rodeo I para intentar obtener información de los reclusos mediante señales acústicas y gritos. Posteriormente, se confirmó el traslado de José Gregorio Rivas Sifontes, Álvaro Roger Valladares Eslava, Joharlinn Enrique Luzardos y Héctor José Martínez Yáñez al Centro Penitenciario Yare II.
Esta reubicación representa una carga logística y económica adicional para las familias, quienes deben recorrer distancias mayores para consignar insumos de aseo personal y alimentos permitidos por el régimen penitenciario. A casi ocho meses de haber sido detenidos, los ocho ciudadanos vinculados al caso "Azul Celeste" continúan a la espera de la realización de la audiencia preliminar, mientras sus defensores públicos muestran reservas para actuar debido al contexto de presión institucional.
