¿Tu casa sufrió daños por los terremotos? ONG presenta una guía sobre tus derechos y las responsabilidades del Estado
Caracas.- Laboratorio de Paz presentó la segunda entrega de la serie “Reconstruir Derechos: Guías ciudadanas para una reconstrucción con dignidad”, una publicación dedicada al derecho a la vivienda y orientada a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela. El documento explica, con un lenguaje claro y accesible, cuáles son las garantías que
La organización no gubernamental Laboratorio de Paz presentó el documento "Reconstruir Derechos: Guías ciudadanas para una reconstrucción con dignidad", una publicación enfocada en los derechos habitacionales de las poblaciones afectadas por eventos sísmicos en Venezuela, según reportó el medio digital El Pitazo. Este material busca ofrecer a las comunidades afectadas información técnica y jurídica de forma accesible para que puedan exigir la restitución de sus condiciones de vida bajo estándares internacionales de derechos humanos.
La iniciativa surge en un contexto donde la vulnerabilidad estructural de las viviendas y la falta de protocolos de respuesta oportunos suelen agravar las consecuencias de los fenómenos naturales en el territorio venezolano.
El contexto de la vulnerabilidad sísmica en Venezuela
Venezuela es un país con una actividad sísmica significativa debido a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y de América del Sur. Esta dinámica geológica genera sistemas de fallas activas, como las de Boconó, San Sebastián y El Pilar, que atraviesan las zonas más densamente pobladas del país, desde la cordillera de los Andes hasta el oriente de la nación. Eventos históricos como los terremotos de Caracas en 1967 y de Cariaco en 1997 evidenciaron la necesidad de contar con infraestructuras sismorresistentes y con políticas de gestión de riesgos eficientes.
A pesar de los marcos regulatorios existentes, el crecimiento urbano no planificado y la proliferación de la autoconstrucción sin supervisión técnica en zonas de ladera o suelos inestables incrementan el riesgo para miles de familias. Cuando ocurre un sismo, los daños materiales suelen dejar al descubierto la precariedad habitacional previa. De acuerdo con el análisis de Laboratorio de Paz reseñado por El Pitazo, ante estas emergencias se tiende a priorizar la atención inmediata de salud y alimentación, postergando la discusión técnica y legal sobre la recuperación de la vivienda a mediano y largo plazo.
Las obligaciones del Estado en la reconstrucción
La guía elaborada por la organización civil expone de manera detallada que la pérdida total o parcial de una vivienda no extingue el derecho constitucional e internacional de las personas a contar con un hogar seguro, salubre y adecuado. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el concepto de vivienda adecuada trasciende la simple noción de un techo físico; abarca la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios públicos esenciales, la habitabilidad, la accesibilidad y la protección contra desalojos forzosos o arbitrarios.
El documento señala que las autoridades gubernamentales tienen la obligación jurídica de liderar y financiar los procesos de reconstrucción. Esto no implica que el Estado deba reponer de forma idéntica cada edificación destruida, pero sí exige la implementación de políticas públicas transparentes que garanticen el acceso a soluciones habitacionales dignas. Estas soluciones pueden desarrollarse a través de diversas modalidades, tales como:
- Programas de subsidios directos para la reparación de daños menores o moderados.
- Facilitación de créditos preferenciales para la reconstrucción de viviendas unifamiliares o multifamiliares.
- Asistencia técnica gratuita por parte de ingenieros y arquitectos calificados.
- Suministro planificado de materiales de construcción de calidad certificada.
- Provisión de refugios temporales dignos que cumplan con estándares de privacidad y seguridad mientras se ejecutan las obras definitivas.
Evaluaciones técnicas e independencia profesional
Uno de los puntos críticos que aborda la publicación de Laboratorio de Paz es el proceso de evaluación de las estructuras tras un sismo. La determinación de si una edificación es habitable, requiere reparaciones estructurales o debe ser demolida no puede ser una decisión arbitraria o política. La guía enfatiza que estos diagnósticos deben basarse en estudios técnicos rigurosos realizados por profesionales independientes y competentes en el área de la ingeniería civil y la arquitectura.
Las familias afectadas tienen el derecho de recibir información clara, oportuna y detallada sobre el estado de sus propiedades. Esto incluye el acceso a los informes técnicos completos y la explicación de las metodologías utilizadas por los inspectores. Asimismo, la organización recuerda que la demolición debe considerarse como el último recurso. Si las evaluaciones demuestran que una estructura es recuperable mediante técnicas de reforzamiento que garanticen la seguridad de sus ocupantes, las autoridades deben facilitar las herramientas para su reparación en lugar de proceder a desalojos definitivos.
La protección de inquilinos y poblaciones vulnerables
El análisis de la organización también visibiliza la situación de vulnerabilidad en la que quedan las personas que habitaban inmuebles bajo régimen de arrendamiento al momento del desastre. Con frecuencia, la destrucción física del inmueble conlleva la extinción del contrato de alquiler, dejando a los inquilinos en una situación de desamparo legal inmediato.
Bajo los estándares internacionales de derechos humanos referidos en la guía, el Estado mantiene la responsabilidad de evitar que estas personas queden sin alojamiento. Las políticas de reubicación y asistencia post-desastre deben incluir de manera equitativa a propietarios e inquilinos, impidiendo la discriminación basada en la condición de tenencia de la tierra o del inmueble previo al suceso sísmico.
Participación ciudadana y reubicaciones consensuadas
Para Laboratorio de Paz, la transparencia y la participación de las comunidades en la toma de decisiones son pilares fundamentales para garantizar una reconstrucción con enfoque de derechos. Las decisiones unilaterales tomadas desde los entes gubernamentales sin la consulta previa de los afectados suelen derivar en soluciones habitacionales inadecuadas que no respetan el entorno social de las familias.
En los casos extremos donde la reubicación definitiva sea la única alternativa viable debido a riesgos geológicos insalvables, el proceso debe realizarse bajo las siguientes condiciones:
- Consulta previa, libre e informada con las comunidades que serán trasladadas.
- Preservación, en la medida de lo posible, de los vínculos familiares, comunitarios y de las redes de apoyo vecinal.
- Garantía de acceso a centros educativos, centros de salud y fuentes de empleo en la nueva ubicación geográfica.
- Indemnización justa en los casos donde corresponda por la pérdida de bienes y medios de subsistencia.
Sustento legal internacional
La guía de Laboratorio de Paz fundamenta sus postulados en un conjunto de instrumentos internacionales de los cuales la República Bolivariana de Venezuela es firmante o que forman parte del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Entre estos documentos destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Estos instrumentos coinciden en que la gestión de las emergencias y la posterior reconstrucción deben centrarse en la dignidad de las personas, la rendición de cuentas por parte de las autoridades y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria frente a futuras amenazas socioambientales.
