Sube a 21 la cifra de reclusos fallecidos bajo custodia desde abril

El Estado como Garante: Una Obligación Ignorada

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha recordado con insistencia que las personas privadas de libertad se encuentran bajo el control absoluto y exclusivo del Estado. Esta posición confiere a las autoridades una responsabilidad especial de garante, lo que implica la obligación de proteger la vida, la integridad física y la salud de cada recluso. Este principio no es una mera formalidad; es un pilar fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, reiterado de forma consistente por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

Durante años, estas instancias internacionales han exhortado a Venezuela a adoptar medidas urgentes para adecuar sus centros de detención a los estándares mínimos de dignidad y a garantizar la atención médica necesaria. Sin embargo, la persistente acumulación de muertes bajo custodia estatal es una prueba irrefutable de que estas recomendaciones han sido sistemáticamente ignoradas. La protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente del Estado venezolano, una falla que se traduce en un sufrimiento humano incalculable y en una flagrante violación de los derechos fundamentales.

Más Allá de las Cifras: Una Crisis de Dignidad Humana

La crisis en las prisiones venezolanas trasciende la mera estadística de fallecimientos. Es una crisis de dignidad humana que afecta a miles de personas y a sus entornos familiares. Las condiciones incompatibles con el respeto a la persona, la falta de una alimentación adecuada, el hacinamiento extremo y la ausencia de higiene básica son elementos que configuran un panorama que organismos internacionales han calificado en ocasiones como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. La muerte de 21 personas en tan solo unos meses es el síntoma más visible y trágico de esta realidad.

La advertencia del OVP sobre la imposibilidad de ver estas muertes como casos aislados resuena con fuerza. Cada deceso es un reflejo de un sistema penitenciario colapsado y de una política de desidia que condena a los reclusos a una existencia precaria y, en muchos casos, a una muerte prematura. La impunidad que rodea estos hechos agrava aún más la situación, perpetuando un ciclo de negligencia y abuso sin rendición de cuentas.

Un Clamor por Justicia que Resuena en las Calles

La precariedad de los derechos humanos en los centros de detención venezolanos no se limita a los reclusos comunes. La situación ha generado también un profundo malestar entre los familiares de los presos políticos, quienes, el pasado 7 de junio, se congregaron en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Desafiando las inclemencias del tiempo, estos familiares civiles y militares buscaron apoyo internacional para la liberación de sus seres queridos, denunciando que las promesas de excarcelaciones no se han materializado y que las violaciones a los derechos humanos de los detenidos y sus allegados persisten.

El OVP ha expresado su respaldo a estas familias, reconociendo el esfuerzo diario que realizan para alzar la voz contra las violaciones de derechos humanos, a pesar de las amenazas y el entorno hostil. Este clamor en las calles, aunque enfocado en una categoría específica de detenidos, es un eco de la misma preocupación fundamental: la falta de respeto a la vida y la integridad de cualquier persona bajo custodia del Estado. La conexión entre ambos fenómenos subraya la profundidad y la transversalidad de la crisis de derechos humanos en el sistema judicial y penitenciario venezolano.

La situación actual exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades venezolanas. Ignorar las advertencias de los organismos de derechos humanos y permitir que la cifra de fallecidos siga aumentando no solo es una irresponsabilidad moral, sino una violación flagrante de las leyes nacionales e internacionales. La vida de cada recluso es una responsabilidad del Estado, y la incapacidad para protegerla representa una mancha imborrable en el historial de derechos humanos del país. Sin un cambio radical en las políticas penitenciarias y una verdadera voluntad de garantizar la dignidad y la salud de los detenidos, las tragedias como las de Víctor Alfonso Rivero y los otros 20 reclusos seguirán siendo una constante, y la deuda pendiente con la vida dentro de las prisiones venezolanas continuará creciendo.