Caracas, Venezuela – La cifra de reclusos fallecidos bajo custodia del Estado venezolano ha escalado a 21 desde el pasado mes de abril, según una alarmante denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Este sombrío balance, que refleja una profunda crisis humanitaria en los centros penitenciarios del país, subraya la sistemática desatención y el incumplimiento de las obligaciones estatales en la protección de la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. La muerte más reciente documentada por la organización es la de Víctor Alfonso Rivero en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, un caso que se suma a una lista creciente de tragedias evitables.
Una Epidemia de Desatención Tras las Rejas
La información proporcionada por el OVP dibuja un cuadro desolador de las condiciones en las que subsisten cientos de internos. Desde el 30 de mayo, la organización ha advertido sobre la proliferación de enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones diversas y casos graves de desnutrición que avanzan sin el control médico adecuado. Estos padecimientos, lejos de ser tratados con la urgencia que requieren, se convierten en sentencias de muerte silenciosas para quienes se encuentran bajo la tutela del sistema penitenciario. La falta de acceso a servicios de salud básicos, la demora crítica en los traslados hospitalarios y la insalubridad generalizada de las instalaciones son factores recurrentes que precipitan estos desenlaces fatales.
El OVP ha documentado con nombres y apellidos a varias de las víctimas que han sucumbido a estas condiciones inhumanas. La lista incluye a José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías, Francisco Orellano y, ahora, Víctor Alfonso Rivero. Cada uno de estos nombres representa una vida perdida y una familia en luto, en un contexto donde el Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar su bienestar. La acumulación de estos decesos no puede ser vista como una sucesión de incidentes aislados, sino como la manifestación más cruda de una falla estructural y sistémica.



