El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Monagas-Delta Amacuro y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) han rechazado públicamente las indicaciones emitidas por la gobernación del estado Monagas, las cuales sugerían limitar la cobertura periodística y las entrevistas a personas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio. La administración regional, bajo el control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), convocó a representantes de medios de comunicación para plantear esta solicitud, generando una respuesta de alerta por parte de las organizaciones gremiales.
Según reportó El Pitazo, la solicitud gubernamental se realizó el 16 de julio, cuando el gobernador Ernesto Luna se reunió con periodistas regionales y corresponsales de medios nacionales. En este encuentro, además de invitar a los medios a sumarse a una iniciativa de apoyo a los damnificados, el gobernador les recomendó suspender la publicación de información y las entrevistas a los afectados por un lapso que oscila entre 15 días y tres meses. La justificación de esta sugerencia, según la fuente, provino de un psicólogo clínico presente, quien argumentó razones de salud mental para los afectados.
El Sntp y el CNP respondieron mediante comunicados, recordando las garantías constitucionales y legales que resguardan el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público. El CNP Monagas-Delta Amacuro exigió a la gobernación el cese inmediato de "cualquier medida de coacción, persecución o veto hacia los reporteros que dan cobertura a la situación de los damnificados". La organización gremial manifestó su estado de "alerta permanente en defensa de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión".
Contexto de la Tragedia y la Respuesta Gubernamental
Los sismos del 24 de junio, que impactaron la región oriental de Venezuela, provocaron el desplazamiento de personas que buscaron refugio en casas de familiares. La necesidad de informar sobre la situación de estas comunidades damnificadas se convirtió en una prioridad para los medios de comunicación, en línea con su función social de documentar y visibilizar las realidades que afectan a la población. Sin embargo, la gobernación de Monagas ha buscado establecer un control sobre el flujo de esta información.
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El Sntp detalló que, durante la reunión con el gobernador Luna, se indicó que toda información relacionada con los damnificados debía pasar por un "filtro" del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, el sindicato denunció que el gobernador "advirtió que determinadas coberturas periodísticas podrían derivar en acciones judiciales", lo que las organizaciones gremiales interpretan como una amenaza directa a la labor periodística.
El CNP, por su parte, enfatizó que "dar voz a las víctimas de una tragedia natural no es una provocación política; es un deber profesional, humano y periodístico". La organización gremial añadió que "silenciar a los damnificados no desaparece la crisis, solo desampara a los ciudadanos", subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en momentos de emergencia. La dirección nacional del gremio había emitido previamente una guía con recomendaciones para una cobertura ética, profesional y humana de la tragedia, con el fin de evitar la desinformación, la revictimización y el amarillismo.
Implicaciones para la Libertad de Prensa en Venezuela
Este incidente en Monagas no es un hecho aislado dentro del panorama venezolano, donde las limitaciones al ejercicio periodístico y la libertad de expresión han sido objeto de denuncias recurrentes por parte de organizaciones nacionales e internacionales. La imposición de filtros gubernamentales y las amenazas de acciones legales contra periodistas constituyen, según el Sntp, "un intento de censura previa y una restricción ilegítima al ejercicio del periodismo". El sindicato recalcó que "ninguna autoridad puede decidir qué hechos pueden ser cubiertos ni impedir el acceso de la prensa a fuentes de información de interés público".
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 58, establece el derecho a la información veraz y oportuna, y la libertad de expresión está protegida en el artículo 57. Sin embargo, en la práctica, diversos informes de organizaciones como Espacio Público, IPYS Venezuela y el propio Sntp han documentado un patrón de hostigamiento, censura y restricciones al trabajo de la prensa en el país. Estos incidentes incluyen la negación de acceso a fuentes oficiales, la criminalización de la opinión, los bloqueos de sitios web y las agresiones físicas y verbales contra reporteros.
El contexto de emergencia por desastres naturales, como los sismos en Monagas, a menudo se convierte en un terreno fértil para el control de la narrativa oficial. Los gobiernos, en ocasiones, buscan proyectar una imagen de control y eficiencia en la gestión de crisis, y la información independiente que revele deficiencias o el sufrimiento de la población puede ser percibida como una amenaza a esa imagen. En este escenario, la labor de los periodistas es crucial para asegurar que la ciudadanía reciba una visión completa y contrastada de los hechos, y para que las voces de los afectados sean escuchadas.
El CNP, en su comunicado, recordó que "el compromiso del periodista es exclusivamente con el pueblo y la verdad, no con las directrices o intereses de los gobiernos de turno", en concordancia con el Código de Ética de la profesión. Esta declaración subraya la independencia que debe mantener el periodismo frente al poder político, una piedra angular de cualquier sistema democrático que aspire a la transparencia y la rendición de cuentas.
Precedentes en Monagas y el Impacto en el Periodismo Regional
La situación en Monagas no es una novedad para los profesionales de la prensa en la entidad. El Pitazo ha reportado que, en reiteradas ocasiones, el CNP, el Sntp y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han solicitado a las autoridades regionales que pongan fin a las políticas restrictivas que afectan el ejercicio de la profesión. Un ejemplo citado es la prohibición impuesta por el Ejecutivo regional para que los periodistas accedan al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, lo que les impide documentar denuncias sobre fallas en el principal centro asistencial de Monagas. Esta práctica, según la fuente, fue heredada de la gestión anterior de Yelitze Santaella y se ha acentuado en la actual administración.
La acumulación de estas restricciones crea un ambiente de autocensura y limita significativamente la capacidad de los medios regionales para cumplir con su rol informativo. La negación de acceso a fuentes públicas, la presión sobre los directores de medios y las amenazas legales contribuyen a la creación de "zonas silenciadas", donde la información crítica o independiente es escasa. Esto tiene un impacto directo en la ciudadanía, que se ve privada de datos esenciales para la toma de decisiones, la participación cívica y la fiscalización del poder.
La persistencia de estas prácticas en Monagas, a pesar de las denuncias de los gremios, evidencia un patrón de comportamiento por parte de las autoridades que busca controlar la narrativa pública y limitar el escrutinio. La defensa de la libertad de prensa en este contexto se vuelve fundamental no solo para los periodistas, sino para la salud democrática de la región y del país. La capacidad de los medios para informar libremente sobre las consecuencias de desastres naturales, la gestión de servicios públicos o cualquier otro tema de interés colectivo, es un indicador clave del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Conclusión
El rechazo contundente del Sntp y el CNP a las indicaciones de la gobernación de Monagas para limitar la cobertura de los damnificados por los sismos del 24 de junio, pone de manifiesto una vez más las tensiones entre el poder político y la prensa en Venezuela. Las organizaciones gremiales han defendido el derecho constitucional a la información y la libertad de expresión, recordando que el deber del periodista es con la verdad y con la ciudadanía, no con los intereses gubernamentales.
La sugerencia de censura previa, la imposición de filtros para la información y las amenazas de acciones judiciales, constituyen un grave precedente para el ejercicio del periodismo en la región y en el país. Estos hechos se suman a un historial de restricciones que buscan silenciar voces y controlar la narrativa oficial, especialmente en momentos de crisis o en temas sensibles como la gestión de los servicios públicos. La defensa de la libertad de prensa en Monagas y en toda Venezuela es esencial para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información veraz y diversa, un pilar fundamental para la transparencia y la participación democrática.
