La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) solicitó el 17 de julio una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos recluidos en el centro penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda. La exigencia se produjo tras una reunión con Julio García, ministro para el Servicio Penitenciario, donde la ONG reportó que las acusaciones de maltrato fueron desestimadas por las autoridades.
Según un comunicado difundido por Clippve a través de la red social X, la reunión con el ministro García no sirvió como un espacio para escuchar a los afectados o esclarecer los hechos, sino que estuvo marcada por la negación de las denuncias y la descalificación tanto de quienes las formularon como de las organizaciones que brindan acompañamiento. La ONG enfatizó la gravedad de que, en lugar de ofrecer garantías para la protección de las personas afectadas y los testigos, se emitieran mensajes que, según su interpretación, buscaban desalentar las denuncias, desacreditar la documentación independiente y atribuir las consecuencias de la situación a quienes ejercen el derecho a exigir justicia.
Clippve sostiene que esta respuesta institucional confirma un patrón previamente observado, donde la prioridad de las autoridades no ha sido investigar, proteger a las víctimas ni asegurar la rendición de cuentas. Por el contrario, la organización señala que el enfoque ha sido cuestionar la credibilidad de los denunciantes y trasladar la responsabilidad hacia los familiares y las organizaciones de derechos humanos.
Ante este panorama, Clippve reiteró su solicitud de una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las denuncias de torturas en Rodeo I. La organización también pidió que esta investigación cuente con la participación de mecanismos internacionales competentes para garantizar su transparencia y objetividad. Adicionalmente, la ONG solicitó la destitución del ministro del Servicio Penitenciario y de otros funcionarios que consideren responsables de esta actuación, argumentando que han incumplido reiteradamente su deber de proteger los derechos de las personas privadas de libertad y han revictimizado a sus familiares.
