Siete días de protestas cumplen trabajadores y jubilados de empresas básicas de Guayana
Trabajadores y jubilados de empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar, cumplieron siete días protestando para exigir el pago de un bono único de $1.200 como sustituto de utilidades. Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la CVG, declaró que la única respuesta que han recibido ha sido “el silencio
Los trabajadores y pensionados de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) completaron siete días continuos de manifestaciones en el estado Bolívar para exigir la asignación de un bono único de 1.200 dólares en sustitución de los pagos correspondientes a las utilidades anuales. La medida de protesta surge ante la falta de acuerdos salariales y coincide con denuncias de amedrentamiento hacia los dirigentes y obreros de las estatizadas industrias del hierro y el aluminio en la entidad sureña, según informaron los portales informativos Runrun.es y El Pitazo.
Exigencias financieras y el silencio institucional
La exigencia central de las manifestaciones radica en la entrega de una compensación económica de 1.200 dólares por cada trabajador activo y jubilado del complejo industrial del estado Bolívar. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Hugo Medina, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la CVG, el desembolso global requerido para cubrir este beneficio asciende a 96 millones de dólares.
Según declaraciones de Medina documentadas por el medio Runrun.es, los manifestantes han elaborado propuestas sobre el origen de los fondos para financiar este pago sustitutivo de utilidades. El dirigente gremial calculó que el valor de una tonelada de oro permitiría asumir la totalidad de la erogación presupuestaria requerida por los manifestantes.
No obstante, Medina precisó que la representación patronal y ministerial no ha generado propuestas formales de resolución durante los siete días de concentraciones. La respuesta obtenida por las organizaciones de trabajadores ha sido caracterizada por la dirigencia como un silencio administrativo, sin que hasta la fecha se hayan instalado mesas de negociación con las autoridades del sector gubernamental.
En sus intervenciones, Medina aclaró que la acción colectiva actual no busca reabrir la discusión amplia de las convenciones colectivas de trabajo de las empresas del conglomerado de la CVG, sino acordar un mecanismo inmediato de compensación económica antes del cierre del ejercicio anual. La focalización del reclamo en un pago único responde a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios dentro del sector público industrial de la región de Guayana.
Denuncias de hostigamiento a manifestantes
En el transcurso de las jornadas de protesta en el municipio Caroní, se registraron denuncias sobre acciones de amedrentamiento dirigidas contra el personal de las plantas operativas. Específicamente, el trabajador de la empresa Ferrominera Orinoco, César Marcano, denunció haber sido víctima de una retención arbitraria en el sector de San Félix mientras se trasladaba a los puntos de concentración de la huelga laboral.
Conforme a la denuncia ofrecida por Marcano al medio de comunicación El Pitazo, el hecho ocurrió a las 6:50 de la mañana del lunes 19 de octubre. El trabajador relató que caminaba desde su residencia hacia una parada del transporte público cuando fue abordado por cuatro hombres no identificados que se desplazaban a bordo de un vehículo automotor.
De acuerdo con el testimonio de Marcano, dos de los ocupantes del automóvil descendieron y le exigieron ingresar a la unidad. Ante la negativa del trabajador, los individuos lo sujetaron por la vestimenta a la altura del cuello y lo introdujeron a la fuerza en la parte trasera del vehículo. Marcano permaneció privado de su libertad de tránsito durante un lapso aproximado de una hora.
Durante la retención, los sujetos ejecutaron mecanismos de amedrentamiento psicológico vinculados a su participación activa en la huelga y en las protestas del sector de las empresas básicas, según lo expuesto por la víctima. Tras el periodo de privación ilegítima de libertad, el empleado de Ferrominera Orinoco fue liberado en una zona de la localidad, tras lo cual reincorporó su denuncia a los registros de las organizaciones gremiales y a los medios de comunicación independientes.
Marco de acción y persistencia del conflicto
El conflicto laboral en la región de Guayana refleja una fractura prolongada entre la masa obrera y la administración de la Corporación Venezolana de Guayana. La adopción de paros parciales y concentraciones de calle por parte de activos y jubilados busca presionar por respuestas gubernamentales ante el deterioro de los beneficios laborales acumulados en los contratos colectivos de la industria pesada.
Los manifestantes han señalado que mantendrán la permanencia en las áreas de protesta a pesar de los riesgos de amedrentamiento documentados por los propios trabajadores. La exigencia de los 1.200 dólares se mantiene como el punto único de agenda para el levantamiento de las acciones de calle en las sedes administrativas y plantas operativas de Bolívar.
Las organizaciones sindicales y de jubilados sostienen que la falta de atención por parte de las carteras ministeriales competentes agrava las condiciones de subsistencia de miles de familias en el estado Bolívar, cuyo ingreso económico depende de las nóminas de la CVG y sus empresas filiales.
Proyección de la contingencia laboral
El desarrollo de la séptima jornada consecutiva de reclamos sin respuestas directas por parte de los despachos oficiales mantiene paralizadas las vías de diálogo formal entre los trabajadores y la directiva de la CVG. La falta de voceros institucionales que emitan pronunciamientos públicos sobre la viabilidad financiera de la propuesta de los 96 millones de dólares prolonga el estancamiento de las negociaciones.
Por su parte, los sectores de trabajadores activos y jubilados han reiterado que el seguimiento de las acciones de protesta estará sujeto a la apertura de un canal de comunicación institucional que atienda la exigencia del bono sustitutivo de utilidades, mientras exigen garantías a la integridad física de los empleados que participan en las convocatorias gremiales en San Félix y Puerto Ordaz.
