Caso Paramacay: Denuncian presuntas maniobras para retrasar la nulidad del juicio
Familiares de los 23 ciudadanos procesados por el caso Paramacay denunciaron lo que califican como un “patrón de manipulación sistemática” en el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo que ha impedido obtener una decisión sobre la nulidad del juicio y la situación de sus seres queridos. Las familias señalan directamente al presidente del circuito judicial,
Los familiares de los 23 ciudadanos procesados en el denominado caso Paramacay, entre los que figura el capitán Juan Carlos Caguaripano, denunciaron la existencia de maniobras institucionales orientadas a posponer indefinidamente la resolución sobre la nulidad de su proceso judicial. Según un informe publicado por el portal informativo Runrun.es, las actuaciones dentro del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo han impedido que la Corte de Apelaciones emita un fallo definitivo respecto al recurso presentado a favor de los detenidos.
La defensa técnica y los parientes de las personas privadas de libertad señaIaron que las contantes interrupciones procedimentales en el Palacio de Justicia de Valencia han dejado a los imputados en un estado de indefensión prolongada. De acuerdo con las declaraciones recabadas por el mencionado medio digital, las irregularidades abarcan desde ausencias justificadas por reposos médicos en momentos clave de la toma de decisiones hasta la reasignación de la causa a un despacho distinto, lo que invalida los avances previos del trámite legal.
Obstáculos procedimentales y quórum en la Sala 1 de Apelaciones
El recurso legal en discusión busca la nulidad total del juicio mediante el cual se dictó una condena de 30 años de prisión contra el capitán Juan Carlos Caguaripano y sus acompañantes, cuya sentencia original se registró el 18 de diciembre de 2025 bajo la actuación del juez Luis Ovalles. Esta medida de impugnación debía ser resuelta de manera obligatoria por los integrantes de la Sala 1 de Apelaciones del Palacio de Justicia del estado Carabobo.
Dicho tribunal colegiado se encontraba bajo la presidencia del juez Alejandro Chirimelli e integrado además por las juezas Karly Mérida y Darcy Sánchez. Conforme a las normas procesales vigentes en la legislación venezolana, para que un tribunal de esta naturaleza pueda dictar una sentencia firme sobre un recurso de nulidad, se requiere la presencia e intervención formal del número legal de magistrados que constituyen el quórum de la sala.
El informe publicado por Runrun.es precisa que el 26 de agosto se llevó a cabo una audiencia clave en la Sala 1 de Apelaciones. En esa jornada formal, los jueces fijaron un lapso de 10 días de despacho para anunciar el pronunciamiento definitivo sobre la validez o invalidez de las actuaciones judiciales del caso Paramacay. Sin embargo, al concluir el periodo estipulado por la ley para la entrega de la decisión escrita, la jueza Mérida García tramitó una solicitud de reposo médico.
La separación temporal de la magistrada impidió la firma del documento final y desarticuló la conformación mínima del tribunal. La falta de quórum legal congeló el dictamen, imposibilitando que la Sala 1 de Apelaciones emitiera el fallo que la defensa de los 23 procesados esperaba para definir el estatus jurídico de las condenas emitidas previamente.
Traslado del expediente a la Sala 2 y reinicio de lapsos
Tras la paralización generada en la Sala 1, el proceso tomó un giro operativo el viernes 16 de octubre. De acuerdo con la denuncia efectuada por Luis Armando Betancourt, coordinador de la organización Foro Penal en el estado Carabobo, la ponencia del recurso de nulidad fue retirada formalmente de la Sala 1 de Apelaciones y remitida a la Sala 2 del mismo circuito judicial.
La Sala 2 de Apelaciones se encuentra bajo la dirección directa del juez Carlos Alberto Bonilla Álvarez, quien ejerce de manera simultánea la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo. El traslado del expediente implica, en términos procesales, que la causa deba ser analizada nuevamente desde su inicio por los nuevos administradores de justicia asignados, dejando sin efecto las gestiones, lapsos acumulados y audiencias realizadas con anterioridad en la Sala 1.
El representante del Foro Penal en Carabobo sostuvo que la transferencia de la causa entraña un vicio de inconstitucionalidad e ilegalidad dentro del procedimiento penal. De acuerdo con la evaluación técnica formulada por el abogado Betancourt y divulgada por Runrun.es, esta redistribución de expedientes evidencia un manejo irregular en la administración de justicia en la entidad carabobeña, afectando de manera directa las garantías del debido proceso garantizadas por la Constitución.
Las familias de los encarcelados afirman que existe una actuación coordinada entre el presidente del circuito penal, Carlos Alberto Bonilla Álvarez, y la jueza Scarlet Desireé Mérida García. A juicio de los denunciantes, los reposos médicos y el subsecuente cambio de sala constituyen una táctica deliberada para extender de forma indefinida el encierro de los 23 ciudadanos procesados.
Afectaciones a los 23 procesados del caso Paramacay
La falta de resolución sobre la nulidad total del juicio mantiene vigente la sentencia de 30 años de cárcel emitida contra el grupo de detenidos. El recurso de revisión impulsado tras la actuación del juez Luis Ovalles representa la principal vía legal para revertir las condenas impuestas en primera instancia.
El estancamiento del expediente en el Circuito Judicial Penal de Carabobo impide que las partes involucradas puedan recurrir a instancias superiores o lograr la revisión de las presuntas vicios procesales denunciados durante el juicio original. La defensa legal enfatizó que cada retraso administrativo alarga la estancia de los imputados en los centros de reclusión sin que exista una respuesta definitiva sobre la validez formal del juicio que los condenó.
El reporte de Runrun.es subraya que los familiares continuarán exigiendo la reconstitución de las garantías procesales y el cese de las dilaciones en los tribunales de Valencia. La representación jurídica de los procesados ratificó que mantendrá las acciones de denuncia pública e institucional ante la alteración de los lapsos que impiden obtener una decisión judicial sobre el recurso de nulidad interpuesto.
