Secuestro en Táchira: hombres armados se llevaron al reverendo colombiano Samuel Salazar
Táchira.- El pasado 26 de julio, sujetos armados secuestraron al reverendo colombiano Samuel Salazar en el municipio Capacho Nuevo, zona del estado Táchira fronteriza con Colombia. El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Foro Internacional de Víctimas denunciaron en un comunicado el secuestro de Salazar. Consejero de paz por las Américas y delegado de la
El rapto del reverendo colombiano Samuel Salazar en el municipio Capacho Nuevo, ubicado en el estado fronterizo de Táchira, expone la persistencia de la actividad de grupos armados en la región limítrofe entre Venezuela y Colombia. El hecho ocurrió el pasado 26 de julio de 2026, de acuerdo con las denuncias emitidas por organizaciones de derechos humanos y de paz colombianas, y pone en entredicho las declaraciones oficiales previas sobre el control absoluto de la seguridad en la entidad andina.
Salazar, quien ejerce como consejero de paz por las Américas y delegado de la sociedad civil para las migraciones, fue interceptado aproximadamente a las 4:00 p.m., según el reporte inicial del medio de comunicación El Pitazo. Testigos del hecho, entre ellos la madre de la víctima, indicaron que personas armadas cuya identidad aún no ha sido determinada lo obligaron a subir a un vehículo para luego trasladarlo hacia un destino desconocido.
Durante el suceso, los captores también se llevaron a un acompañante de Salazar. Sin embargo, esta segunda persona fue liberada posteriormente bajo amenazas directas para evitar que denunciara lo ocurrido ante los organismos de seguridad del Estado. Hasta el momento, las agrupaciones que defienden los derechos de las víctimas y la paz en la región no han recibido solicitudes de rescate ni fe de vida del religioso.
Denuncias internacionales y el perfil de la víctima
El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, conjuntamente con el Foro Internacional de Víctimas, emitieron un pronunciamiento público para visibilizar la desaparición de Salazar. En el documento, estas plataformas exigieron a los captores el respeto inmediato a la vida y la integridad física del reverendo, al tiempo que solicitaron a las autoridades competentes activar los protocolos de búsqueda transfronterizos de manera urgente.
El perfil de Salazar como mediador y defensor de los derechos de la población en movilidad humana sitúa este secuestro en un escenario de vulnerabilidad para los activistas humanitarios en la frontera. La zona de Capacho Nuevo se caracteriza por una dinámica de tránsito constante, donde convergen migrantes, retornados y comunidades locales que dependen del flujo formal e informal entre ambos países.
Las funciones de Salazar en el ámbito de las migraciones y la resolución de conflictos implican un contacto directo con las realidades más complejas de la frontera, lo que incrementa el riesgo de exposición ante factores irregulares que operan en las inmediaciones de los pasos fronterizos.
Contradicciones en las cifras oficiales de seguridad
Este acontecimiento contradice de manera directa los balances ofrecidos por el sector oficial venezolano en fechas recientes. El 13 de mayo de 2026, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó públicamente que la entidad sumaba cuatro años sin registrar secuestros ni extorsiones. El mandatario regional atribuyó este escenario a las políticas de seguridad ciudadana implementadas bajo su gestión, así como a su previo desempeño bajo la figura de protector del estado.
No obstante, el rapto de Salazar representa el primer caso de esta naturaleza documentado de forma pública en los últimos años, lo que genera interrogantes sobre la efectividad real de los cuadrantes de paz y el despliegue militar en las rutas fronterizas. El silencio de la gobernación de Táchira y de los ministerios con competencia en seguridad ciudadana tras el secuestro del religioso acentúa la brecha de información que suele rodear a los delitos de alto impacto en el occidente de Venezuela.
La discrepancia entre el discurso gubernamental y las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil evidencia la persistencia de zonas grises en el control territorial, especialmente en municipios colindantes con el departamento colombiano de Norte de Santander.
El contexto de la frontera tachirense y la criminalidad organizada
La línea fronteriza que separa al estado Táchira de Colombia ha sido históricamente un territorio en disputa por parte de diversas organizaciones al margen de la ley. La presencia de grupos armados irregulares dedicados al contrabando, el narcotráfico, la extorsión y el control de los pasos informales constituye un factor de riesgo permanente para los habitantes de municipios como Capacho Nuevo, Bolívar y Pedro María Ureña.
A pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Caracas y Bogotá, así como de las reuniones bilaterales entre ministros de Defensa para coordinar operaciones de seguridad en la frontera común, la porosidad del territorio facilita la comisión de delitos transnacionales. La falta de una base de datos unificada y de canales de comunicación directos y expeditos entre las policías judiciales de ambos países dificulta la resolución de casos de secuestro donde las víctimas o los victimarios cruzan la frontera para evadir la justicia.
El secuestro de Salazar ocurre en un contexto de reorganización de las economías ilícitas en la frontera, donde el control de las rutas de movilidad humana se ha convertido en una fuente de financiamiento clave para las bandas criminales que operan en la periferia de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.
Implicaciones sociales y diplomáticas del caso
El secuestro de un ciudadano colombiano con un rol activo en la promoción de la paz y la atención a migrantes tiene repercusiones directas en la agenda bilateral. La seguridad de los defensores de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana ha sido un tema de preocupación constante para organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para la sociedad civil tachirense, este suceso reintroduce el temor al secuestro como herramienta de coacción económica o control social por parte de bandas criminales. El impacto psicológico en las comunidades fronterizas se incrementa ante la falta de pronunciamientos claros por parte de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, lo que suele interpretarse como desatención o incapacidad para controlar los focos de violencia en las áreas rurales y semiurbanas del estado.
Asimismo, la falta de información oficial sobre las razones de la permanencia de Salazar en territorio venezolano en el momento de su rapto añade complejidad al caso, limitando las capacidades de asistencia consular que el gobierno colombiano pueda brindar a sus ciudadanos en el país vecino.
Perspectivas sobre la resolución del secuestro
La resolución de este caso depende en gran
