Antes teníamos un dictador, ¡ahora tenemos un rey!
Hay cosas en las que no he estado de acuerdo con María Corina Machado. No es ningún secreto. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta es negarse a reconocer cuando alguien dice algo que merece ser escuchado. Y escuchado con atención. Esta vez, pienso que María Corina tiene razón. Vi su video completo
La entrega de concesiones sobre los recursos energéticos venezolanos bajo esquemas que eluden el control democrático y la transparencia institucional genera alarma en diversos sectores del país. El reciente acuerdo que involucra a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y al empresario Alejandro Betancourt, revelado por la agencia de noticias Reuters y analizado en una columna de opinión del portal Runrunes, expone las contradicciones de un modelo de adjudicación discrecional que compromete el patrimonio nacional a largo plazo. Esta situación reabre el debate sobre la necesidad de establecer reglas claras, seguridad jurídica y licitaciones competitivas para evitar que los bienes públicos sigan siendo manejados como activos particulares.
El acuerdo de los cien años y el control de las reservas
De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, el convenio alcanzado entre la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) y las autoridades correspondientes contempla la entrega de derechos de explotación sobre 17 campos petroleros en territorio venezolano. Estos yacimientos poseen reservas calculadas en aproximadamente 65.000 millones de barriles de crudo. El aspecto más controvertido del pacto es su vigencia, la cual se extiende por un período de un siglo, otorgando además al gobierno de los Estados Unidos una participación accionaria del 35 % en la compañía matriz, junto con derechos preferenciales sobre una porción de la producción generada.
Este esquema de asignación directa contradice los principios de soberanía y administración pública que diversos líderes políticos de la oposición, entre ellos María Corina Machado, han defendido históricamente. Como señala el análisis publicado por Runrunes, la reconstrucción de la industria petrolera nacional, devastada tras años de desinversión y mala gestión, requiere de un marco institucional sólido. Este marco debe basarse en la rendición de cuentas, la transparencia y procesos de licitación abiertos a la competencia internacional, en lugar de transacciones bilaterales que comprometen los recursos de las futuras generaciones sin el debido debate parlamentario o ciudadano.
Durante casi tres décadas, la administración de los recursos naturales en Venezuela estuvo caracterizada por la centralización y el uso discrecional del patrimonio del Estado por parte del Ejecutivo. Empresas públicas, tierras, telecomunicaciones y el sector eléctrico fueron sometidos a decisiones políticas que derivaron en ineficiencia y desvíos de fondos públicos. La implementación de nuevos acuerdos de gran envergadura bajo patrones similares de opacidad plantea la interrogante de si el país está transitando hacia una verdadera apertura económica o si simplemente se están sustituyendo los actores beneficiarios de los monopolios estatales.
El antecedente de Derwick y la crisis del sistema eléctrico
El protagonismo de Alejandro Betancourt en este nuevo panorama energético genera suspicacias debido a su historial de negocios con el Estado venezolano durante la gestión de Hugo Chávez. Betancourt fue una de las figuras principales de la empresa Derwick Associates, firma que obtuvo múltiples contratos públicos para la construcción de plantas de generación eléctrica en el contexto de la emergencia energética decretada a partir del año 2009.
Investigaciones publicadas por el diario estadounidense The New York Times señalaron en su momento que Derwick Associates recibió adjudicaciones que sumaron cerca de 5.000 millones de dólares. Muchos de estos contratos se otorgaron de manera directa, sin someterse a procesos de licitación pública ni a controles de calidad rigurosos. A pesar de las cuantiosas inversiones destinadas al sector, el sistema eléctrico venezolano sufrió un deterioro progresivo que culminó en apagones generales y un racionamiento crónico que afecta el funcionamiento de hospitales, comercios y la vida cotidiana de la población.
Aunque Betancourt y los directivos de Derwick han rechazado de forma sistemática las acusaciones de sobreprecios y deficiencias técnicas en las obras entregadas, los reportes periodísticos de medios locales e internacionales documentaron la falta de correspondencia entre los fondos asignados y la capacidad de generación real incorporada al sistema nacional. El cuestionamiento sobre el destino de esos recursos y la ausencia de auditorías independientes siguen siendo temas pendientes en la contraloría social del país.
Investigaciones internacionales y conexiones políticas
La trayectoria financiera de Alejandro Betancourt ha estado bajo el escrutinio de autoridades judiciales en distintas jurisdicciones del mundo. De acuerdo con informaciones difundidas por medios de comunicación como The Washington Post, El País de España y portales de investigación venezolanos como Armando.info, Efecto Cocuyo, El Pitazo y Runrunes, el empresario ha sido objeto de indagaciones por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, España y Suiza. Hasta la fecha, Betancourt no ha sido condenado ni acusado formalmente en los tribunales suizos, y su defensa jurídica ha sostenido reiteradamente la legalidad de todas sus operaciones comerciales.
La capacidad de adaptación del empresario ante los cambios políticos representa un factor clave en su permanencia dentro de los círculos de poder económico. Tras consolidar su fortuna mediante contratos con el chavismo, Betancourt experimentó un distanciamiento del gobierno de Nicolás Maduro, aproximándose posteriormente a factores de la oposición venezolana y, de manera más reciente, a tomadores de decisión en Washington.
Un hito relevante en esta red de influencias ocurrió en el año 2019, cuando Betancourt contrató los servicios profesionales de Rudy Giuliani, quien en ese período se desempeñaba como abogado personal del entonces presidente estadounidense Donald Trump. Según las investigaciones publicadas por la prensa de ese país, Giuliani realizó gestiones directas ante representantes del Departamento de Justicia con la finalidad de interceder en los expedientes que involucraban al empresario venezolano. La posterior inclusión de Betancourt como socio clave en proyectos energéticos respaldados de forma indirecta por dependencias gubernamentales norteamericanas evidencia la efectividad de sus estrategias de cabildeo en el exterior.
La persistencia del modelo de privilegios
El desarrollo de estas negociaciones petroleras pone de manifiesto la continuidad de un modelo de negocios donde el acceso a las esferas de decisión política prevalece sobre la competencia técnica y la transparencia de mercado. Si durante años se criticó que el oficialismo distribuyera los activos nacionales entre sectores aliados, contratistas predilectos y operadores financieros afines al partido de gobierno, la consolidación de acuerdos como el de NABEP sugiere la persistencia de un sistema de privilegios corporativos que solo cambia de beneficiarios.
La reconstrucción económica de Venezuela no puede fundamentarse en la entrega discrecional de sus recursos estratégicos por plazos centenarios. La viabilidad del país a largo plazo depende de la edificación de instituciones públicas fuertes que garanticen que cualquier proceso de inversión extranjera se realice bajo el imperio de la ley, con licitaciones competitivas que aseguren las mejores condiciones para la nación y con mecanismos estrictos de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
