La inflación también llegó al TSJ: ahora serán 32 togas
Por unanimidad fue aprobada este martes en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aumentará de 20 a 32 los magistrados. Aunque en primera discusión hubo contrapeso, la bancada opositora en el Parlamento votó a favor de la modificación cuantitativa que colocará […]
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Runrun.es
13 may. 2026
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, ha aprobado una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que incrementa el número de magistrados de 20 a 32, una medida que, lejos de generar consenso sobre la mejora del sistema judicial, ha desatado una ola de críticas y profundas preocupaciones sobre la ya comprometida independencia del poder judicial en Venezuela. La decisión, que contó con el respaldo unánime de los parlamentarios presentes, incluyendo a la bancada opositora que hace vida en el hemiciclo, es vista por diversos sectores como una maniobra para consolidar aún más el control político sobre la administración de justicia, en lugar de abordar sus deficiencias estructurales.
Una Expansión Cuantitativa con Interrogantes Cualitativas
La reforma establece una nueva configuración para el máximo tribunal del país, asignando siete magistrados a la crucial Sala Constitucional y cinco a cada una de las demás salas. Adicionalmente, se fijó un período de siete años para los magistrados suplentes y se modificó el artículo 80, que ahora subordina la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura directamente a la Sala Plena. Esta centralización de órganos clave en la formación, supervisión y control del sistema judicial levanta serios cuestionamientos sobre la autonomía y la imparcialidad que se espera de estas instituciones.
La narrativa oficialista defiende la reforma como una solución pragmática para "atender los retrasos en las decisiones judiciales" y "fortalecer la eficiencia operativa", argumentando que la expansión numérica permitirá procesar "de manera más ágil las demandas de la población ante la acumulación de causas pendientes". El diputado Nicolás Maduro Guerra, en defensa de la propuesta, llegó a afirmar que la Asamblea Nacional había recibido "más de mil escritos" en apoyo a la ampliación del número de magistrados. Sin embargo, esta justificación contrasta fuertemente con la realidad de un sistema judicial profundamente politizado y carente de las garantías básicas de independencia.
El Voto Opositor y las Voces Críticas
La unanimidad con la que se aprobó la reforma, incluyendo el voto de la bancada opositora en el parlamento, generó desconcierto y críticas dentro del propio espectro político venezolano. Mientras en una primera discusión se había percibido un cierto contrapeso, la votación final no reflejó ninguna disidencia. Esta situación subraya la compleja y a menudo controvertida dinámica de la política venezolana actual, donde las alianzas y decisiones parlamentarias son objeto de intenso escrutinio.
Desde la propia bancada opositora, voces como la del parlamentario Luis Florido señalaron que el problema fundamental de la justicia venezolana radica en su profunda politización, un mal que no se resuelve con una simple expansión numérica. En la misma línea, el diputado Stalin González enfatizó que el debate sobre la reforma judicial va mucho más allá de la cantidad de magistrados, abarcando la situación crítica de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces, y la necesidad de discutir el verdadero estado de la carrera judicial en el país. Estas declaraciones, aunque provenientes de actores parlamentarios, ponen de manifiesto una conciencia sobre las deficiencias estructurales que la reforma no aborda.
El partido Primero Justicia, una de las principales toldas de oposición, fue contundente en su rechazo a la medida. A través de sus plataformas, la organización manifestó que el país no necesita más magistrados, sino "un sistema judicial imparcial y realmente funcional". Calificaron la acción como una "maniobra del régimen junto a un grupo de pseudo opositores" para "mantener el control del sistema judicial", instando a los venezolanos a insistir en una "transición para contrarrestar estos señuelos de falsa institucionalidad". Esta postura resalta la percepción de que la reforma es un mero artificio para legitimar un sistema ya cooptado.
La Ineficiencia Sistémica y la Falta de Independencia
Expertos y organizaciones de la sociedad civil han sido enfáticos en señalar que la ineficiencia del sistema judicial venezolano no se solventa con un aumento de magistrados. Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una reconocida organización de monitoreo judicial, argumentó que el problema real reside en los tribunales de instancia, es decir, en los niveles inferiores de la judicatura, y en la flagrante falta de independencia de los jueces frente al Poder Ejecutivo. Para Daniels, la expansión numérica sin abordar la raíz de la politización y la subordinación judicial es una medida cosmética que no transformará la realidad de la justicia.
Esta perspectiva es compartida por el exfiscal Zair Mundaray, quien fue aún más allá al sugerir que, además de consolidar el "control absoluto del sistema de justicia", el gobierno busca "repartir algunas limosnas a la oposición que hace vida en la írrita AN", insinuando que la aprobación unánime podría estar ligada a pactos políticos. Esta crítica subraya la desconfianza generalizada en la transparencia y la verdadera intención detrás de la reforma.
La historia reciente de Venezuela ha estado marcada por la instrumentalización del TSJ como un brazo ejecutor de las políticas del gobierno, anulando decisiones de la Asamblea Nacional cuando esta estuvo en manos de la oposición, avalando decretos presidenciales y persiguiendo a disidentes. En este contexto, cualquier reforma que no fortalezca la autonomía judicial y los mecanismos de contrapeso es vista con profunda suspicacia. La ampliación del número de magistrados, acompañada de la centralización de los órganos de supervisión y formación judicial bajo la Sala Plena, lejos de ser una solución, podría significar un paso más hacia la consolidación de un poder judicial subordinado, donde la justicia se administre según los intereses políticos del momento y no bajo el estricto apego a la Constitución y las leyes.
El Futuro de la Justicia en Venezuela
La aprobación de esta reforma, más allá de la retórica oficial sobre eficiencia, parece cimentar aún más la estructura de un sistema judicial que ha sido sistemáticamente despojado de su independencia. La preocupación no es meramente cuantitativa, sino profundamente cualitativa: ¿Cómo puede un aumento de magistrados mejorar la justicia si la raíz del problema es la falta de autonomía y la interferencia política? La experiencia venezolana demuestra que la cantidad no suple la calidad institucional ni la integridad de los operadores de justicia.
En un país donde el acceso a una justicia imparcial y expedita es una demanda constante de la población, esta reforma se perfila como un nuevo eslabón en la cadena de decisiones que han erosionado la confianza en las instituciones. La insistencia en una verdadera reforma judicial, que aborde la independencia de los jueces, la transparencia en los procesos y la dignificación de la carrera judicial, sigue siendo un clamor desatendido. La ampliación del TSJ a 32 magistrados, en este escenario, no es una solución, sino un síntoma más de una crisis institucional profunda, donde la apariencia de legalidad a menudo enmascara la consolidación del control político sobre los pilares del Estado de derecho.
