La muerte bajo custodia del exconcejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) José Manuel García Sabino, ocurrida la noche del pasado sábado 9 de mayo en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, ha desatado una ola de denuncias y exigencias de justicia. El fallecimiento se produce en un contexto sumamente delicado, tras las previas acusaciones del dirigente político sobre presuntos actos de corrupción en la Alcaldía y el Concejo Municipal de la localidad, lo que ha llevado a diversos actores políticos y defensores de derechos humanos a calificar el suceso como un "crimen de Estado" y a demandar una investigación exhaustiva e independiente.
Un deceso bajo la sombra de la denuncia
José Manuel García Sabino, quien había ocupado un asiento en el Concejo Municipal de Anaco, se encontraba recluido bajo la tutela del Estado cuando su vida se extinguió. La noticia fue divulgada inicialmente por el abogado Zair Mundaray a través de sus plataformas digitales, quien no solo confirmó el deceso sino que también lo vinculó directamente con las denuncias de corrupción que García Sabino había articulado. Según Mundaray, el exconcejal había señalado irregularidades en la gestión de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco, una acción que, a su juicio, le valió una "persecución, amenazas y un expediente por estafa" que culminó con su detención.
La gravedad de la situación se intensifica al considerar que Mundaray apunta directamente a figuras específicas en su denuncia. El jurista ha señalado al alcalde de Anaco, Jesús Ríos, junto a los concejales Edgar Torres y Jean Caraballo, como los responsables de la presunta trama de acoso y montaje judicial contra García Sabino. Estas acusaciones, aún pendientes de verificación oficial, pintan un cuadro preocupante donde la denuncia de corrupción dentro de las filas del propio partido gobernante parece haber tenido consecuencias fatales para el denunciante. El hecho de que García Sabino, un miembro del PSUV, muriera en custodia estatal tras haber señalado a otros funcionarios del mismo partido, subraya una fractura interna y una potencial represión de la disidencia, incluso dentro de las estructuras del poder establecido.
