Juez español cita a exviceministro Nervis Villalobos por presunta falsificación de documentos de nacionalidad
Caracas.- El juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz citó como investigado al exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela Nervis Villalobos, en el marco de las averiguaciones del denominado caso Leire. La resolución judicial busca determinar si el exfuncionario chavista incurrió en un presunto intercambio de favores con personas vinculadas al Partido Socialista Obrero
El magistrado de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó la citación en calidad de investigado del exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos, en el marco de las pesquisas correspondientes al denominado caso Leire. La decisión judicial, reportada inicialmente por el medio digital venezolano El Pitazo, tiene como propósito esclarecer si el exfuncionario de la administración de Hugo Chávez participó en un esquema de intercambio de favores con gestores vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para obtener de forma irregular la nacionalidad española y sortear las causas penales que enfrenta en la nación europea.
La comparecencia de Villalobos quedó fijada para el 28 de octubre. En esta audiencia, el exviceministro debe consignar ante el juzgado los documentos originales que sustentaron su solicitud de nacionalidad bajo los parámetros de la Ley de Memoria Histórica. Específicamente, la justicia española le exige la presentación de la partida de nacimiento y el pasaporte de su abuela de origen español, documentos sobre los cuales recaen sospechas de presunta falsificación.
El caso Leire sitúa en el centro de la estructura a Leire Díez, una exmilitante y operadora política ligada al PSOE. De acuerdo con los informes de la Guardia Civil española incorporados al expediente, Díez presuntamente lideraba una red de tráfico de influencias que ofrecía intermediación ante altos cargos gubernamentales y del partido oficialista. El objetivo de estas gestiones era agilizar procedimientos administrativos y judiciales en favor de ciudadanos extranjeros en situación vulnerable ante la ley, a cambio de compensaciones económicas no declaradas.
El mecanismo del presunto intercambio de favores
Las investigaciones judiciales dirigidas por el juez Pedraz apuntan a que entre los años 2024 y 2025 se consolidó un canal de comunicación e intermediación entre el entorno de Nervis Villalobos y la organización coordinada por Leire Díez. El enlace principal para estas operaciones habría sido el abogado Ismael Oliver, quien ejerce la representación legal del exviceministro venezolano y se encuentra actualmente imputado en la misma causa.
A través de esta red, Villalobos buscaba resolver dos prioridades fundamentales para establecerse de manera definitiva en Europa. La primera era la resolución favorable y expedita de su expediente de nacionalidad por descendencia. La segunda consistía en lograr el desbloqueo de múltiples cuentas bancarias que permanecen congeladas por orden judicial en España debido a las investigaciones por blanqueo de capitales que pesan sobre él. Adicionalmente, las pesquisas revelan que la red intentó concertar reuniones de alto nivel con funcionarios del sector financiero español, incluyendo gestiones ante el Banco de España.
A cambio de estas facilidades administrativas, la red de intermediación pretendía instrumentalizar la posición de Villalobos para debilitar la acción de la justicia española. Los investigadores sospechan que el exviceministro se habría comprometido a facilitar testimonios o ejercer presiones orientadas a desacreditar y condicionar la labor del fiscal anticorrupción José Grinda, quien lidera las acusaciones de lavado de dinero en su contra. Asimismo, las indagaciones preliminares señalan la existencia de una oferta que contemplaba el pago de 300.000 euros con el propósito de conseguir el archivo definitivo de los expedientes penales del exfuncionario en territorio español.
Antecedentes judiciales de Nervis Villalobos
Nervis Villalobos ocupó el cargo de viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre los años 2002 y 2007, un período caracterizado por el inicio de los planes de reestructuración termoeléctrica y los primeros síntomas de la crisis del sistema eléctrico venezolano. Tras su salida del Ministerio de Energía y Minas, el exfuncionario trasladó su residencia a España, donde comenzó a ser investigado por el origen de su patrimonio.
En los tribunales de Madrid, Villalobos acumula diversos procesos penales relacionados con la recepción de comisiones millonarias y el posterior blanqueo de esos capitales en el sistema financiero europeo. Dos de las causas más avanzadas son los casos conocidos como Duro Felguera y Columbus. En el caso de la empresa de ingeniería asturiana Duro Felguera, la fiscalía española sostiene que se pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, entre ellos Villalobos, para asegurar la adjudicación del proyecto de la central termoeléctrica Termocentro, ubicada en el estado Miranda, un contrato que superó los 1.500 millones de dólares.
Por otra parte, el Ministerio Público de Venezuela, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, ha solicitado de manera reiterada la extradición de Villalobos para que sea juzgado en territorio venezolano por su presunta vinculación con el desfalco a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el desvío de fondos públicos a través de la Banca Privada de Andorra. Pese a los requerimientos de Caracas, las autoridades españolas han priorizado los juicios locales debido a la gravedad de los delitos de blanqueo de capitales cometidos en suelo europeo.
Citaciones en el Ministerio de Justicia y requerimientos al PSOE
Con el fin de determinar el alcance de la penetración de la red de tráfico de influencias en la administración pública española, el juez Santiago Pedraz ordenó la comparecencia de altos funcionarios del Ministerio de Justicia en calidad de testigos. Para la misma jornada del 28 de octubre, están citados José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, y María del Mar López Álvarez, quien se desempeñó como subdirectora adjunta de dicha dependencia hasta marzo de 2025. Ambos funcionarios deberán explicar ante el tribunal el trámite interno y el recorrido institucional que experimentó la solicitud de nacionalidad presentada por Villalobos.
De igual forma, la Audiencia Nacional de España emitió un requerimiento formal al PSOE para que consigne un registro detallado de las contrataciones de asesoría jurídica y de servicios legales realizadas por la organización política en los últimos años, buscando determinar si los fondos de la presunta red de mediación guardan relación con la estructura de financiamiento del partido de gobierno.
El desarrollo de esta causa penal añade complejidad a la situación jurídica de Nervis Villalobos en Europa, al sumar cargos de falsedad documental e inducción al tráfico de influencias a su ya extenso expediente por delitos financieros. El caso también incrementa la presión política sobre las instituciones españolas respecto al control de los procesos de concesión de nacionalidad y la vigilancia sobre las redes de cabildeo que operan en los márgenes de la administración pública.
