Indigente mató a un detective del Cicpc en Caracas

Caracas.- Un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue asesinado de un disparo este 28 de julio en Caracas mientras se encontraba en una estación de servicio ubicada en La Urbina, municipio Sucre.  Un hombre se le acercó y le disparó al funcionario Wilson David Garrido Ortega. Según detallaron los testigos,

Redacción Libertad VZLA
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Equipo editorial30 jul. 2026

Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) perdió la vida tras recibir un impacto de bala en una estación de servicio de La Urbina, en el municipio Sucre del estado Miranda. El hecho, ocurrido el 28 de julio, culminó con la detención de un hombre en situación de calle como el presunto autor material del homicidio, de acuerdo con los reportes de los cuerpos de seguridad del Estado y la información publicada por el medio digital El Pitazo.

La víctima fue identificada como el detective Wilson David Garrido Ortega. Según las declaraciones de los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, un sujeto se aproximó al funcionario policial de manera imprevista y le efectuó un disparo. Tras el ataque, el agresor emprendió la huida a pie, utilizando las riberas del río Guaire como vía de escape para evadir a las autoridades de la zona.

Funcionarios de la Policía Municipal de Sucre (Polisucre), quienes realizaban labores de patrullaje preventivo en las inmediaciones de la urbanización, recibieron la alerta sobre el suceso. Una comisión de este cuerpo policial procedió al traslado inmediato de Garrido Ortega hasta el Hospital Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, con el fin de que recibiera atención médica de urgencia. Sin embargo, el detective falleció a los pocos minutos de haber ingresado al centro asistencial debido a la gravedad de la herida sufrida.

De manera simultánea, los efectivos de Polisucre desplegaron un operativo de búsqueda en las áreas adyacentes al sitio del suceso. La movilización policial permitió interceptar al presunto responsable en la calle 4 de La Urbina. El sospechoso fue identificado como José Ángel Carrión, de 37 años, quien se encuentra en situación de calle. Al momento de la requisa corporal, los funcionarios policiales hallaron un arma de fuego tipo revólver oculta bajo su vestimenta, la cual presuntamente fue utilizada para cometer el homicidio del detective del Cicpc. El detenido quedó a la disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Violencia urbana y acceso a armas de fuego en el área metropolitana

El homicidio del detective Garrido Ortega en una zona comercial de La Urbina expone la persistencia de la violencia armada en el área metropolitana de Caracas, así como la facilidad de acceso a armas de fuego por parte de diversos sectores de la población, incluidos aquellos en condiciones de extrema vulnerabilidad social.

Diversos informes de organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de la seguridad ciudadana en Venezuela señalan que, a pesar de los planes de desarme implementados en el país durante la última década, el mercado ilegal de armas cortas mantiene un flujo constante en los centros urbanos. La presencia de un arma de fuego tipo revólver en posesión de una persona en situación de calle evidencia la falta de controles efectivos sobre el parque de armas en el territorio nacional y el riesgo latente que esto representa tanto para los ciudadanos como para los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, la situación de las personas sin hogar en la Gran Caracas representa un problema de salud pública y asistencia social que frecuentemente se cruza con variables de seguridad. La ausencia de programas de atención psiquiátrica, rehabilitación y reinserción social para ciudadanos en situación de extrema pobreza o con trastornos de conducta incrementa la probabilidad de incidentes de violencia en el espacio público. Las zonas del municipio Sucre, debido a su densidad poblacional y dinámicas comerciales, suelen albergar focos de marginalidad que requieren intervenciones integrales por parte del Estado, más allá de las medidas exclusivamente policiales.

El femicidio de Arianny Uviera en Macarao

En el marco de los sucesos violentos registrados en la capital venezolana, las investigaciones del Cicpc también esclarecieron recientemente el femicidio de Arianny Uviera, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso en la parroquia Macarao, al oeste de Caracas. Aunque el hallazgo del cadáver ocurrió inicialmente durante la misma semana en que se registraron movimientos telúricos en el país, los detalles del caso y la confirmación del crimen se dieron a conocer públicamente un mes después, según reseñó El Pitazo.

La reconstrucción de los hechos señala que la víctima había aceptado la invitación de un conocido para salir. Ante la ausencia de Uviera y la falta de comunicación con sus allegados, los familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales, señalando directamente al acompañante de la joven. Durante los interrogatorios conducidos por los investigadores del Cicpc, el sospechoso confesó haber cometido el asesinato y proporcionó la ubicación exacta donde había ocultado el cadáver, una zona boscosa y empinada de la referida parroquia caraqueña.

Precariedad en los procedimientos de medicina forense

La recuperación del cuerpo de Arianny Uviera por parte de las comisiones del Cicpc generó debate en la opinión pública tras la difusión de un material audiovisual en redes sociales. En el video se observa a los funcionarios policiales arrastrando el cuerpo de la víctima por una pendiente de tierra, debido a la ausencia de camillas, bolsas de traslado forense o equipos de rescate adecuados para operar en terrenos de topografía compleja.

Este incidente pone de manifiesto las carencias materiales y operativas que enfrentan los organismos de investigación penal en Venezuela. A pesar de contar con personal capacitado en materia de criminalística y ciencias forenses, la falta de insumos básicos para el manejo de escenas del crimen y el levantamiento de cadáveres limita la aplicación de los protocolos internacionales de cadena de custodia y preservación de la dignidad de las víctimas.

Las fallas en la dotación de equipos de protección personal, bolsas para el resguardo de evidencias biológicas y vehículos aptos para el traslado de cuerpos no solo dificultan la labor de los funcionarios de campo, sino que también pueden comprometer la integridad de las pruebas necesarias para el desarrollo del proceso penal. Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la necesidad de que el Estado venezolano asigne presupuestos suficientes para garantizar que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Cicpc cuenten con las herramientas técnicas indispensables para el ejercicio de sus funciones bajo estándares de respeto a los derechos humanos y rigor científico.

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