Excarcelan a los tres policías metropolitanos después de más de 20 años detenidos
Caracas.– Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, fueron excarcelados la noche de este martes 19 de mayo tras permanecer más de dos décadas privados de libertad. La liberación fue confirmada por la cuenta de Instagram Realidad Helicoide y se produce en el marco de un […]
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El Pitazo
20 may. 2026
Una Libertad Agonizante: Los Policías Metropolitanos y el Espejo de la Justicia Venezolana
Caracas, Venezuela – Tras más de dos décadas de encierro, la noche de este martes 19 de mayo trajo un hálito de libertad para Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, cuya excarcelación marca un capítulo agridulce en la compleja historia judicial y política de Venezuela. Su liberación, confirmada por la cuenta de Instagram Realidad Helicoide, se enmarca en un anuncio más amplio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la supuesta liberación de 300 personas detenidas en el país, bajo el pretexto de condiciones de vulnerabilidad. Para las familias y para la conciencia nacional, este momento representa el fin de una pesadilla personal, pero también reabre heridas profundas sobre la administración de justicia en el país.
La noticia, aunque esperada por años por sus allegados y defensores de derechos humanos, irrumpe con la contundencia de una verdad que ha sido largamente silenciada: estos hombres figuraban entre los presos políticos con más tiempo de detención en Venezuela, habiendo pasado 20 años tras las rejas desde su arresto en 2003. "No se imaginan la felicidad tan grande que se siente después de 23 años de estar presos (...) Se dicen fáciles, pero no lo fueron, fueron muy difíciles", expresó la esposa de Héctor Rovaín, encapsulando el calvario de una espera que se hizo eterna. Su voz, cargada de emoción, es el testimonio vivo del inmenso costo humano que ha cobrado la polarización política y la instrumentalización de la justicia en la nación.
El Origen de una Tragedia Judicial: Los Sucesos del 11 de Abril de 2002
Para comprender la magnitud del caso de Rovaín, Bolívar y Molina, es imperativo remontarse a los convulsesos días de abril de 2002, un punto de inflexión que redefinió el curso político y social de Venezuela. El 11 de abril de aquel año, una masiva marcha opositora se dirigía hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, sede del gobierno. Lo que comenzó como una protesta pacífica escaló en enfrentamientos violentos en el centro de la capital, dejando un saldo trágico de varios fallecidos tanto de partidarios del gobierno como de la oposición. La narrativa oficial del entonces presidente Hugo Chávez Frías calificó los hechos como un intento de golpe de Estado, mientras que la oposición denunció una masacre perpetrada por grupos armados afines al gobierno.
En este clima de extrema polarización y acusaciones cruzadas, los funcionarios de la Policía Metropolitana, el cuerpo policial de la Alcaldía Mayor de Caracas, entonces en manos de la oposición, se vieron atrapados en el fuego cruzado. Su papel en la contención de los disturbios y en la protección de los ciudadanos se convirtió en el epicentro de una investigación y un proceso judicial que, desde sus inicios, estuvo plagado de irregularidades y señalamientos de parcialidad.
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina fueron señalados por su presunta vinculación con los hechos, acusados de delitos graves que los llevarían a una condena de 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela. Sin embargo, el juicio que los sentenció ha sido, durante años, objeto de un escrutinio implacable por parte de familiares, abogados defensores, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y diversos sectores políticos. Las denuncias de manipulación de pruebas, testimonios forzados, falta de debido proceso y presiones políticas sobre el sistema judicial fueron una constante. Este caso se convirtió en un símbolo de lo que muchos consideraron la politización de la justicia en Venezuela, donde la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo parecían sucumbir ante imperativos políticos.
La extinta Policía Metropolitana, un cuerpo con una larga historia en la capital, fue posteriormente disuelta por el gobierno central, un hecho que también fue interpretado como una medida política para desmantelar estructuras de poder no alineadas con el Ejecutivo. La detención y condena de estos tres oficiales no solo representó una tragedia para ellos y sus familias, sino que también envió un mensaje contundente sobre las consecuencias de la disidencia o de ser percibido como un adversario en el complejo entramado del poder venezolano.
Implicaciones de una Liberación Tardia
La excarcelación de Rovaín, Bolívar y Molina, aunque un respiro para ellos y sus seres queridos, plantea una serie de implicaciones políticas, sociales y para el Estado de Derecho en Venezuela que merecen un análisis profundo desde la perspectiva de la libertad y la justicia.
Implicaciones Políticas: La liberación se produce en un momento de particular sensibilidad política en Venezuela. El anuncio de Jorge Rodríguez sobre la excarcelación de 300 personas, incluyendo a estos exfuncionarios, se presenta como parte de un proceso de "otorgamiento de beneficios judiciales" a individuos en "condición de vulnerabilidad". Esta retórica permite al gobierno enmascarar la realidad de la existencia de presos políticos, evitando reconocer públicamente que estas personas estaban encarceladas por razones políticas y no por delitos comunes, o que su proceso judicial fue viciado.
La timing de esta medida no es casual. En un contexto de presiones internacionales, negociaciones políticas intermitentes y la cercanía de procesos electorales, este tipo de acciones pueden ser interpretadas como un gesto del gobierno para mostrar una fachada de flexibilidad y apego a los derechos humanos. Busca aliviar la presión interna y externa, proyectando una imagen de buena voluntad que, sin embargo, contrasta con la persistencia de detenciones arbitrarias y la falta de independencia judicial. Para la oposición, si bien es una noticia bienvenida para los liberados, la medida puede ser vista como insuficiente, un "cuenta gotas" que no aborda la raíz del problema ni la totalidad de los casos de presos políticos. La exigencia de la liberación de todos los presos políticos y el respeto al debido proceso sigue siendo una bandera irrenunciable.
Implicaciones Sociales: Para la sociedad venezolana, la excarcelación de estos policías es un recordatorio doloroso de la polarización que ha desgarrado al país. Para un sector, es un acto de justicia tardía que valida las denuncias de abuso de poder y persecución política. Para otro, podría ser percibido con indiferencia o incluso con desconfianza, dependiendo de la narrativa que cada cual haya internalizado sobre los sucesos de 2002. Sin embargo, el sufrimiento de las familias, la pérdida de dos décadas de vida, el impacto psicológico y económico, son realidades innegables que trascienden las divisiones políticas. Este caso subraya el inmenso costo humano de la injusticia y la politización del sistema penal. La felicidad expresada por la esposa de Rovaín es un eco de la esperanza, pero también de la cicatriz profunda que deja la privación de libertad injusta.
Implicaciones para el Estado de Derecho y los Derechos Humanos: Más allá de la alegría individual, la liberación de Rovaín, Bolívar y Molina no borra la mancha sobre el sistema de justicia venezolano. El hecho de que tres personas hayan pasado más de 20 años en prisión bajo un proceso judicial ampliamente cuestionado, y que su liberación se produzca bajo la figura de "beneficios judiciales" por "vulnerabilidad" y no por la revisión de un juicio viciado, es una clara señal de la fragilidad del Estado de Derecho en el país.
La persistencia de informes de organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que documenta violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y falta de debido proceso, pone en perspectiva esta liberación. Si bien cada liberación es una victoria para la vida, no debe desviar la atención de la necesidad urgente de reformas estructurales que garanticen la independencia del poder judicial, el respeto a la Constitución y la no repetición de tales injusticias. La deuda pendiente con la justicia venezolana es vasta, y el caso de los Policías Metropolitanos es solo una de las muchas pruebas de ello.
Conclusión: Un Paso, No la Meta
La excarcelación de Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina es, sin duda, un momento de alivio y esperanza para ellos y sus familias. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más adversas, la lucha por la libertad y la justicia puede rendir frutos, aunque sea de manera tardía y agridulce. Sin embargo, desde la perspectiva de "Libertad VZLA", este evento debe ser analizado con la frialdad del periodismo comprometido con la verdad y los derechos humanos.
Esta liberación, aunque bienvenida, no es un acto de justicia plena, sino un beneficio otorgado en un contexto político específico. No corrige el error judicial de dos décadas ni restaura el tiempo perdido. Por el contrario, pone de relieve la profunda crisis del sistema judicial venezolano, la instrumentalización política de la justicia y la persistencia de la figura del preso político en la nación.
Mientras celebramos la libertad de estos tres hombres, no podemos olvidar a los muchos otros que aún permanecen tras las rejas bajo condiciones de detención arbitraria y sin el debido proceso. La verdadera reconciliación y el fortalecimiento democrático de Venezuela solo se lograrán cuando se garantice la independencia judicial, se libere a todos los presos políticos, se investiguen y sancionen las violaciones a los derechos humanos, y se construya un sistema de justicia que sirva a los ciudadanos y no a los intereses de quienes detentan el poder. La libertad de Rovaín, Bolívar y Molina es un paso, sí, pero la meta de una Venezuela libre, justa y democrática, sigue siendo un horizonte lejano que exige la vigilancia y el compromiso incansable de todos.
