Barinas | Provea exige a Fiscalía y Defensoría resguardar a presos que protestan
La ONG Provea pidió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo su «actuación inmediata» para resguardar la vida de los presos comunes que, según denuncias de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, tomaron Internado Judicial de Barinas (Injuba) en protesta por malos tratos de funcionarios, y donde se reportan heridos por supuestos disparos contra […]
La entrada Barinas | Provea exige a Fiscalía y Defensoría resguardar a presos que protestan se publicó primero en El Pitazo.
E
Fuente Original
El Pitazo
24 may. 2026
Barinas: El Grito Desesperado Tras los Muros del Injuba y la Exigencia de Resguardo de DDHH
Caracas, Venezuela – El Internado Judicial de Barinas (Injuba) se ha convertido en un nuevo epicentro de la crisis humanitaria que azota el sistema penitenciario venezolano. Presos comunes se alzaron en una protesta desesperada, denunciando malos tratos, la suspensión arbitraria de visitas y la represión por parte de las autoridades. Ante la escalada de violencia y los reportes de heridos por supuestos disparos, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha exigido la "actuación inmediata" del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para garantizar la vida e integridad de los reclusos, en un llamado que resuena con la urgencia de una tragedia inminente.
La situación en el Injuba, reportada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), pinta un cuadro sombrío: más de 1.200 hombres y un centenar de mujeres privadas de libertad se declararon en huelga, tomando las instalaciones del penal y alzando sus voces desde los techos, en una imagen desgarradora que evoca la recurrente fragilidad de los derechos humanos en los centros de reclusión del país. La quema de colchonetas y las imágenes de reclusos con heridas, difundidas por el OVP, son testimonios gráficos de la tensión y la confrontación que se vive intramuros. La principal demanda es clara y directa: la destitución de Elvis Macuare Guerrero, el recién nombrado director del penal, a quien acusan de ser el responsable de los abusos y la restricción de derechos.
La respuesta de las autoridades, según las denuncias, ha sido la represión. Un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresó al penal, lanzando bombas lacrimógenas que, según el OVP, afectaron incluso al anexo femenino, donde las reclusas están siendo asistidas por los propios presos en protesta. Mientras tanto, en las afueras, la angustia de los familiares es palpable. Desconocen el estado de sus seres queridos, mientras observan con impotencia el despliegue militar y policial, temiendo lo peor en un país donde la opacidad y la falta de rendición de cuentas son la norma en el ámbito penitenciario.
Un Sistema Penitenciario al Borde del Colapso: Contexto de una Crisis Crónica
La situación en Barinas no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la profunda y prolongada crisis que atraviesa el sistema penitenciario venezolano. Durante décadas, las cárceles del país han sido sinónimo de hacinamiento extremo, violencia, corrupción y una sistemática violación de los derechos humanos. Organizaciones como el OVP y Provea han documentado incansablemente esta realidad, que se agrava con el paso del tiempo y la profundización de la crisis institucional.
El hacinamiento es la piedra angular del problema. Las infraestructuras carcelarias, muchas de ellas construidas en la primera mitad del siglo XX, están diseñadas para albergar una fracción de la población reclusa actual. Esto se traduce en condiciones infrahumanas: celdas abarrotadas, falta de servicios básicos como agua potable y saneamiento, alimentación deficiente y acceso casi nulo a atención médica adecuada. Enfermedades como la tuberculosis, la escabiosis y el VIH/Sida proliferan sin control, convirtiendo los penales en focos de epidemia.
A esto se suma el "retardo procesal", un fenómeno que condena a miles de personas a pasar años en prisión preventiva sin sentencia firme. La lentitud del sistema judicial, la falta de jueces, fiscales y defensores públicos, y la suspensión de audiencias, prolongan indefinidamente la privación de libertad, violando el derecho a un juicio justo y expedito. En muchos casos, los presos cumplen condenas que exceden la pena máxima del delito imputado, sin siquiera haber sido juzgados.
Históricamente, el control de las cárceles venezolanas ha estado en manos de los llamados "pranes" o líderes negativos de los internos, quienes ejercen un poder paralelo con sus propias reglas, estructuras de cobro y sistemas de justicia interna. Si bien el gobierno ha intentado desmantelar estos "pranatos" a través de intervenciones militares y el establecimiento del Ministerio del Servicio Penitenciario en 2011, la realidad es que el problema de la gobernabilidad carcelaria persiste, mutando en nuevas formas de control y abuso. Las denuncias de malos tratos y torturas por parte de funcionarios, como las que motivan la protesta en Barinas, sugieren que el problema no es solo la autogestión criminal, sino también la falta de supervisión y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales.
El antecedente más reciente de esta violencia intramuros es el motín ocurrido el pasado 21 de abril en la cárcel de Yare III, estado Miranda, que dejó un saldo de cinco presos fallecidos. Este evento, que también motivó una investigación por parte de la Fiscalía, demuestra la constante volatilidad y el peligro inherente a un sistema penitenciario que no garantiza la seguridad ni la dignidad de sus internos. Cada motín, cada protesta, cada denuncia de maltrato es un recordatorio de la deuda pendiente del Estado venezolano con los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Implicaciones de una Crisis Penitenciaria Profunda
Las protestas en el Injuba, y la respuesta de las autoridades, tienen profundas implicaciones en múltiples niveles, desde lo humano y social hasta lo político y jurídico.
Implicaciones Humanitarias y de Derechos Humanos:
La exigencia de Provea a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no es meramente formal; es un llamado desesperado a la acción para prevenir una masacre. La vida y la integridad física de los reclusos están en riesgo inminente. El uso de la fuerza desproporcionada, los supuestos disparos y el lanzamiento de lacrimógenas son violaciones directas de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), así como de la propia Constitución venezolana, que consagra el derecho a la vida y a la integridad personal, incluso para quienes están privados de libertad. El Estado tiene la obligación ineludible de custodiar a estas personas y garantizar sus derechos fundamentales, no de someterlas a condiciones que pongan en peligro su existencia. La falta de acceso a los familiares y la opacidad en la información solo alimentan la preocupación de que se puedan estar cometiendo abusos fuera del escrutinio público.
Implicaciones Sociales:
La angustia de los familiares en las afueras del penal es un reflejo del impacto social de esta crisis. La incertidumbre sobre el paradero y la salud de sus seres queridos genera un trauma colectivo, erosionando la confianza en las instituciones del Estado. Este ciclo de violencia y deshumanización dentro de las cárceles se proyecta hacia la sociedad, perpetuando la idea de que la justicia es punitiva y no rehabilitadora, y que los derechos humanos son un privilegio, no una garantía universal. Además, la persistente violación de los derechos en prisión impide cualquier posibilidad real de reinserción social de los internos, generando un caldo de cultivo para la reincidencia y la criminalidad.
Implicaciones Políticas y Jurídicas:
La inacción o la respuesta represiva de las autoridades en Barinas no solo violan la ley interna, sino que también exponen al Estado venezolano a un mayor escrutinio internacional. La comunidad global de derechos humanos y los organismos multilaterales siguen de cerca la situación en Venezuela, y este tipo de incidentes solo refuerzan la narrativa de un Estado que sistemáticamente incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos. La credibilidad de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo está en juego; su capacidad para actuar de manera independiente y efectiva en la protección de los derechos de los reclusos es crucial para demostrar alguna apariencia de institucionalidad en un contexto de profunda crisis política y social. Si estas instituciones, encargadas de velar por la legalidad y los derechos, no actúan con la contundencia necesaria, se consolidará la percepción de impunidad y complicidad con los abusos.
El caso de Barinas también subraya la profunda contradicción de un gobierno que, por un lado, habla de "paz" y "derechos humanos", mientras por el otro, permite que sus centros de reclusión se conviertan en escenarios de barbarie. La exigencia de destitución del director del penal, Elvis Macuare Guerrero, apunta directamente a la responsabilidad de la administración penitenciaria y la necesidad de una rendición de cuentas efectiva, algo raramente visto en el contexto venezolano.
Un Llamado Urgente a la Humanidad y la Justicia
La situación en el Internado Judicial de Barinas es un recordatorio brutal de que la dignidad humana no puede ser suspendida, ni siquiera tras los barrotes. La protesta de los reclusos es un grito desesperado por condiciones mínimas de vida y respeto, un eco de una crisis que se agrava día a día en Venezuela. La exigencia de Provea a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no es solo por este incidente particular, sino por una reforma estructural y profunda de un sistema penitenciario que ha colapsado.
Es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y transparencia, garantizando la seguridad de los presos, investigando las denuncias de malos tratos y disparos, y estableciendo un diálogo efectivo con los reclusos para atender sus demandas legítimas. La vida e integridad de más de mil personas están en juego. La comunidad nacional e internacional debe permanecer vigilante, exigiendo al Estado venezolano que cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Sin justicia y respeto por la dignidad de todos, incluso de los más vulnerables, no puede haber verdadera paz ni estabilidad en la nación. El Injuba no es solo una cárcel en Barinas; es un espejo de la crisis humanitaria que sigue desafiando la conciencia de Venezuela.
