En mayo continuó el cerco a la cobertura periodística
Seis detenciones por mes en lo que va de año registró la ONG Espacio Público para un total de 29 hasta mayo. De acuerdo con la organización, en mayo hubo 13 violaciones a la libertad de expresión para contabilizar un total de 104 hasta el quinto mes del año. Espacio Público reportó que en mayo
En Venezuela, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente se encuentran bajo un asedio sistemático que se intensifica mes a mes, según las alarmantes cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos. Durante mayo, se registraron 13 nuevas violaciones a la libertad de prensa, elevando el total acumulado a 104 en lo que va de año, mientras que la represión estatal sumó 29 detenciones de ciudadanos hasta el quinto mes, promediando casi seis arrestos por mes. Este cerco no solo apunta a la prensa, sino que se extiende a una preocupante opacidad en torno a las muertes bajo custodia del Estado, evidenciando un patrón de negación y desinformación que socava la confianza pública y la rendición de cuentas.
La Tragedia Silenciada: Muertes Bajo Custodia Estatal
El caso de Víctor Hugo Quero Navas es un desgarrador testimonio de la falta de transparencia y el desprecio por los derechos humanos en el sistema penitenciario venezolano. Detenido en enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial de El Rodeo I, estado Miranda, su muerte fue reconocida por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en mayo, aunque la fecha oficial de su deceso se estableció extrañamente el 24 de julio de 2025. Según la versión oficial, Quero Navas habría fallecido por una hemorragia digestiva y un cuadro febril agudo en el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo de Caracas.
Sin embargo, los detalles que rodean su muerte y manejo post-mortem pintan un cuadro de profunda irregularidad. Su madre, Carmen Navas, buscó incansablemente a su hijo, solo para que el Estado negara su presencia en centros de reclusión. Nueve días después de conocer la fatal noticia, Carmen Navas falleció, un desenlace que subraya el tormento y la angustia a los que son sometidos los familiares de los detenidos. Quero Navas fue trasladado a un hospital y posteriormente enterrado sin el consentimiento ni la notificación a sus seres queridos, privándolos del derecho a despedirse y a conocer la verdad sobre su fallecimiento.
La organización Espacio Público ha exigido una investigación independiente y exhaustiva sobre los funcionarios implicados en la custodia de Quero Navas y toda la cadena de mando. Además, ha demandado la publicación de un listado completo de todas las personas fallecidas bajo custodia del Estado desde el año 2002, así como un registro de quienes se mantienen detenidos en centros formales e informales a lo largo del país. Estas peticiones, recurrentes por parte de la sociedad civil, reflejan una profunda crisis de confianza y la necesidad imperiosa de luz sobre las condiciones de reclusión y la protección de la vida de los privados de libertad en Venezuela. La opacidad en estos casos no solo viola derechos fundamentales, sino que perpetúa un ambiente de impunidad que fomenta la repetición de estas tragedias.
El Periodismo en la Mira: Hostigamiento y Censura Velada
El entorno para los periodistas en Venezuela se ha vuelto cada vez más hostil, con incidentes de hostigamiento y censura que se reportan con alarmante regularidad. Mayo no fue la excepción, y varios casos ilustran la precariedad en la que se ejerce la profesión.
Rafael Espejo, periodista, fue blanco de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) mientras cubría la visita de la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en Caricuao. Los agentes le exigieron borrar las fotografías que había tomado, fotografiaron su carnet de periodista y, en un acto de intimidación aún más escalofriante, enviaron a varias mujeres a perseguirlo. La propia declaración de Espejo, "Si no hubiese hecho alharaca probablemente estaría detenido", revela el ambiente de temor constante que enfrentan los reporteros y la delgada línea que separa el hostigamiento de la privación de libertad arbitraria.
En el estado Miranda, el periodista Renée Herrera, de la Revista del Tuy, fue cercado por cuatro funcionarios policiales en el hospital general de los Valles del Tuy por el simple hecho de intentar hacer una pregunta al gobernador de la entidad, Elio Serrano. Este incidente demuestra cómo el acceso a la información pública y la capacidad de interpelar a las autoridades son sistemáticamente restringidos, incluso en espacios que deberían ser de libre acceso para la prensa.
De manera similar, en Monagas, un equipo de prensa del medio La Prensa de Monagas fue intimidado por miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la emergencia del hospital central Manuel Núñez Tovar. Estos episodios no son aislados; forman parte de una estrategia más amplia para controlar la narrativa, silenciar voces críticas y evitar que la ciudadanía acceda a información independiente sobre la gestión pública y la realidad del país. La intimidación a los periodistas no solo atenta contra su labor, sino que vulnera el derecho de la sociedad a estar informada, pilar fundamental de cualquier democracia.
Un Legado de Silencio: El Caso RCTV y la Fragmentación Mediática
El 27 de mayo se cumplieron 19 años del cese de transmisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV), un evento que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos recuerdan como un "punto de quiebre" en la historia de la libertad de expresión en Venezuela. La decisión de no renovar la concesión del canal, una de las más antiguas y emblemáticas del país, marcó el inicio de una era de progresivo desmantelamiento del espacio mediático independiente.
Desde entonces, el panorama mediático venezolano ha experimentado una drástica contracción, con al menos 423 medios de comunicación cerrados. Esta cifra se desglosa en 330 emisoras de radio, 87 medios impresos y 19 canales de televisión, evidenciando una estrategia multifacética para limitar el pluralismo informativo. El cierre de RCTV, además, ha sido objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó al Estado venezolano restituir la concesión a sus legítimos dueños. Sin embargo, casi dos décadas después, esta sentencia sigue sin ser acatada, lo que subraya el desdén del gobierno por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y el estado de derecho.
Este contexto se agrava con la existencia de un arsenal de instrumentos jurídicos, como las leyes "contra el odio", "contra el fascismo" y "contra el bloqueo", que son utilizadas de manera ambigua y discrecional para castigar la palabra, criminalizar la disidencia y justificar la censura. El periodismo en Venezuela, por lo tanto, se ejerce en un entorno de constante amenaza legal y física, donde la autocensura se convierte en un mecanismo de supervivencia y la verdad es a menudo la primera víctima.
La persistencia de las violaciones a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, la opacidad en las muertes bajo custodia del Estado y el histórico desmantelamiento de los medios independientes configuran un panorama sombrío para los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Las denuncias de organizaciones como Espacio Público no son meras estadísticas; son el reflejo de un patrón sistemático de represión que busca silenciar voces críticas y controlar la información, dejando a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad y desinformación. La exigencia de transparencia, rendición de cuentas y el respeto irrestricto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales se mantiene como un clamor urgente en un país donde la verdad se ha convertido en un acto de resistencia.
![La muerte bajo custodia [I]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvprxjgtcgiciewcwwuyq.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fnews-ingest%2Fla-muerte-bajo-custodia-i.jpg&w=3840&q=75)
