El laberinto de la reconstrucción en La Guaira: Cómo la zonificación urbana legalizó el riesgo en el litoral central
A más de dos décadas del deslave de Vargas, una tragedia que marcó la geografía física y emocional de Venezuela, el debate sobre la
La gestión de riesgos socioambientales en Venezuela, particularmente en el estado La Guaira, sigue siendo un desafío persistente más de dos décadas después del deslave de 1999. Expertos señalan que la vulnerabilidad del territorio no es una consecuencia inevitable de la geografía, sino el resultado de decisiones sociales, legales e institucionales que han priorizado otros intereses sobre la seguridad de la población, según se discutió en un reciente panel de investigadoras y planificadoras del país.
La Zonificación Urbana y el Riesgo Construido
Históricamente, la planificación ambiental y la zonificación urbana en La Guaira han exhibido una marcada contradicción. Las investigadoras Ariana Tarhan y Virginia Jiménez, participantes en el panel, destacaron el caso de la quebrada San Julián como un ejemplo clave. A finales de la década de 1970, estudios técnicos ya advertían sobre el peligro de construir en los abanicos aluvionales de la zona. Sin embargo, las ordenanzas municipales de ese período legalizaron la ocupación de estas áreas de riesgo.
Esta zonificación previa al desastre no solo permitió, sino que fomentó la construcción de desarrollos residenciales multifamiliares, escuelas y centros asistenciales en las proximidades de los cauces. Esta situación ilustra una desconexión entre los criterios geológicos de seguridad y el marco legal, sugiriendo que la ocupación del territorio ha respondido a factores económicos y clientelares, dejando en segundo plano la protección de los ciudadanos, según las exposiciones del panel.
La Tiranía del Tiempo en la Planificación
El debate científico también puso en evidencia lo que las investigadoras denominaron "la tiranía del tiempo", un fenómeno sociopolítico que obstaculiza los esfuerzos de planificación estructural. En la gestión territorial, convergen tres temporalidades desincronizadas:
- El tiempo técnico: Este corresponde al período que los científicos requieren para llevar a cabo estudios exhaustivos, como una microzonificación sísmica. Dichos procesos no pueden ser improvisados y demandan un mínimo de nueve meses para mediciones y modelados de campo rigurosos.
- El tiempo político: Se caracteriza por la urgencia electoral y la necesidad de proyectar soluciones inmediatas. Los responsables de la toma de decisiones a menudo buscan resultados rápidos. Sin embargo, paradójicamente, una vez que se obtienen los estudios técnicos, la aprobación formal de las ordenanzas municipales puede demorar entre cuatro y nueve años.
- El tiempo social: Representa la urgencia de las personas afectadas. Las familias que han perdido sus bienes no pueden permanecer años en refugios temporales. Frente a la lentitud de las respuestas estatales, las comunidades frecuentemente retornan a las zonas de peligro en un lapso de tres a seis meses, motivadas por la necesidad de recuperar sus medios de vida, empleos y redes de apoyo arraigadas en esos territorios.
Esta falta de sincronía temporal hace que, para cuando el sistema legal e institucional reacciona, la realidad social ya ha avanzado, y los espacios de riesgo suelen haber sido reocupados.
El Desmantelamiento Institucional y la Pérdida de Memoria Técnica
Otro diagnóstico relevante compartido durante el panel fue el fracaso de las "instituciones muleta", como Corpovargas o la Autoridad Única de Área, establecidas para gestionar la emergencia de 1999. Aunque estas corporaciones centralizadas fueron creadas para agilizar la asignación de recursos, terminaron por desplazar y debilitar las competencias de las alcaldías y gobernaciones locales.
El problema fundamental surgió con su disolución. En lugar de transferir el conocimiento acumulado, los mapas y las capacidades técnicas a los gobiernos locales permanentes, estas oficinas fueron desmanteladas. La pérdida de esta memoria técnica e histórica dejó a las municipalidades sin archivos cruciales, obligando a las nuevas administraciones a iniciar el trabajo prácticamente desde cero con cada cambio de gobierno.
El Rol de la Sociedad Civil y la Necesidad de Gobernanza Anticipatoria
Ante el vacío dejado por la acción estatal, las ponentes del panel resaltaron el papel fundamental que han asumido las organizaciones no gubernamentales, las universidades y la sociedad civil organizada. En los últimos años, estos grupos han sostenido la gestión local del riesgo, capacitando a las comunidades y recabando información de primera mano.
No obstante, el principal reto sigue siendo la articulación. Las investigadoras coincidieron en que Venezuela no carece de talento ni de estudios básicos. De hecho, existen instrumentos avanzados como la microzonificación sísmica de Caracas, aprobada técnicamente en 2009. Sin embargo, las ordenanzas municipales que deberían derivarse de estos estudios y aplicarse en consecuencia, simplemente no se implementan.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo García Carrasquero, en una entrevista televisiva el 6 de julio, indicó que la reconstrucción definitiva de La Guaira requerirá de auditorías técnicas exhaustivas, que abarquen evaluaciones viales, de muelles, así como rigurosos estudios de suelo y sismología.
La conclusión del panel es un llamado a transitar hacia una gobernanza territorial de carácter anticipatorio. Solo mediante un consenso social que integre a universidades, expertos, comunidades y tomadores de decisiones bajo una visión descentralizada, se podrá interrumpir el ciclo de reconstruir sobre los desastres. Mientras la ciencia siga sin ser aplicada debido a las urgencias políticas, el territorio venezolano permanecerá vulnerable a futuras emergencias, según la perspectiva de las investigadoras.
