La Comisión de la Oficina Coordinadora del Ejercicio Profesional (Ocepro) del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia (Cidez) ha emitido una advertencia sobre el riesgo sísmico que enfrentan edificaciones de altura en Maracaibo. Según el comunicado de la comisión, modificaciones estructurales realizadas en apartamentos de estos edificios están comprometiendo la resistencia y estabilidad de las construcciones. La entidad gremial ha declarado una "alerta técnica formal y urgente" debido al incremento de estas intervenciones indebidas.
Alteraciones estructurales y sus riesgos
Las modificaciones a las que hace referencia el Cidez incluyen la remoción de tramos de vigas, la apertura de vanos en muros portantes de concreto armado y otras alteraciones en estructuras aporticadas. La comisión subraya que estas prácticas "comprometen severamente la estabilidad y la resistencia sísmica de las edificaciones". El arquitecto José Antonio Robles, miembro de la comisión, explicó que las edificaciones con sistemas de muros portantes de concreto armado dependen de la integridad de cada uno de sus elementos para la distribución de cargas y la disipación de fuerzas laterales durante un evento sísmico.
Robles detalló que cortar una viga o abrir un hueco en un muro de concreto armado sin un proyecto de refuerzo estructural validado interrumpe la continuidad del sistema. Esta acción no solo afecta el apartamento intervenido, sino que genera concentraciones de esfuerzo que el material original no está diseñado para absorber. Esto puede derivar en puntos débiles, fallas progresivas, fisuración severa o incluso colapsos parciales. La ingeniera Guadalupe Bravo, directora de la Ocepro Cidez, y el ingeniero Herman Lynch también integran la comisión que ha hecho pública esta preocupación.
El Cidez ha señalado que muchos propietarios están llevando a cabo estas remodelaciones sin la supervisión técnica adecuada, sin los permisos municipales requeridos y sin cumplir con los marcos legales y éticos del ejercicio profesional en Venezuela. La generalización de estas prácticas, combinada con una posible falta de fiscalización interna en algunos condominios, representa una amenaza latente para la seguridad de los residentes y la comunidad en general.
