Congreso de EE. UU. escucha denuncias sobre presos políticos y crisis de derechos humanos en Venezuela
Caracas.- La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos inició este miércoles, 15 de julio, una audiencia para analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron que aún permanecen 598 personas detenidas por razones políticas y plantearon una serie
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia el pasado miércoles 15 de julio para abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Durante la sesión, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana y regional expusieron la persistencia de detenciones por razones políticas, cuantificadas en 598 personas según una de las instituciones, y detallaron la profundización de la crisis humanitaria y el deterioro institucional, condiciones que se han visto agravadas tras un reciente evento sísmico. Los participantes también presentaron propuestas dirigidas a fomentar una transición democrática en el país.
La audiencia, titulada "Human Rights in Venezuela: Status and Opportunity", fue presidida por los congresistas James P. McGovern, demócrata por Massachusetts, y Chris Smith, republicano por Nueva Jersey. Entre las organizaciones que participaron se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y la Heritage Foundation. La sesión en el Capitolio estadounidense subraya la atención internacional continuada sobre la situación interna de Venezuela, particularmente en lo que respecta a las libertades fundamentales y el estado de derecho.
Persistencia de Detenciones por Razones Políticas y Falta de Transparencia
Martha Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), intervino en la audiencia a través de un mensaje grabado. Tineo reconoció que durante el año 2026 se han registrado ciertos avances, como la excarcelación de un número significativo de personas consideradas presos políticos y la promulgación de una Ley de Amnistía. No obstante, la representante de JEP alertó sobre los desafíos que persisten en relación con la transparencia de estos procesos. Explicó que las listas oficiales de los beneficiados con las excarcelaciones no han sido compartidas con organismos internacionales ni con las organizaciones de derechos humanos, lo que impide la verificación independiente de los anuncios gubernamentales.
Según la documentación de JEP, se ha registrado la excarcelación de 795 personas consideradas presos políticos hasta la fecha de la audiencia. Sin embargo, Tineo precisó que solo una minoría de estas obtuvo libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. La mayoría de los excarcelados, según la organización, permanecen bajo medidas cautelares y continúan enfrentando procesos judiciales que, de acuerdo con su testimonio, vulneran las garantías del debido proceso.
En su intervención, Tineo informó que Justicia, Encuentro y Perdón mantiene un registro de 598 personas privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo tanto a civiles como a militares. La directora de JEP reiteró la necesidad de lograr la liberación de todos estos individuos. Adicionalmente, solicitó la derogación de las normativas que, a su juicio, restringen el espacio cívico y facilitan las violaciones de derechos humanos, así como el desmantelamiento del aparato represivo del Estado. Estas demandas reflejan una preocupación fundamental por la integridad de los derechos civiles y políticos en Venezuela, un tema recurrente en los informes de diversas organizaciones internacionales.
Crisis Institucional y el Impacto del Terremoto
Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, expuso ante el Congreso de Estados Unidos que Venezuela enfrenta simultáneamente las repercusiones de un deterioro institucional prolongado y la emergencia generada por el terremoto del 24 de junio. Borges argumentó que, a pesar de los orígenes distintos de ambos fenómenos, estos han puesto en evidencia la ausencia de instituciones robustas y funcionales capaces de proteger a la población.
La representante de Cepaz enfatizó que la reconstrucción del país no debe limitarse únicamente a la infraestructura física. En su lugar, debe considerarse una oportunidad para sentar las bases de una transición democrática integral. En este contexto, Borges hizo un llamado a proteger a la sociedad civil, a posicionar a las víctimas en el centro de las políticas públicas, a cuantificar los problemas con base en evidencia verificable y a asegurar una participación significativa de los ciudadanos en la configuración del futuro del país. Fuera de su declaración preparada, Borges afirmó que Venezuela atraviesa "un momento vital para el futuro de la democracia", subrayando la urgencia de las acciones propuestas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), a través de su directora para Venezuela, Laura Cristina Dib, complementó esta perspectiva al advertir que la crisis humanitaria en Venezuela ya era profunda antes del terremoto. Dib recordó que, según estimaciones de Naciones Unidas, 7.2 millones de venezolanos requerían asistencia humanitaria antes del sismo, y que el plan de respuesta global para el país solo había recibido el 23% del financiamiento necesario.
Dib señaló que los terremotos agravaron las deficiencias acumuladas durante años, afectando infraestructuras críticas como hospitales y evidenciando la limitada capacidad de respuesta de las instituciones públicas. En este escenario, la representante de WOLA destacó que fueron las organizaciones independientes y los ciudadanos quienes asumieron una parte considerable de las labores de asistencia y socorro.
La emergencia sísmica, según Dib, demostró de manera contundente la necesidad de recuperar el Estado de derecho y de contar con instituciones que puedan proteger eficazmente a la población. En este sentido, instó al Congreso de Estados Unidos a respaldar a la sociedad civil venezolana y a apoyar iniciativas que contribuyan al restablecimiento de la libertad de prensa y del espacio cívico, elementos fundamentales para la recuperación y la estabilidad democrática.
Un Patrón Sostenido de Persecución Política
Isabel Carlota Roby, abogada sénior para América Latina del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, afirmó que las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son incidentes aislados, sino que responden a un patrón sostenido de persecución política. Roby detalló que prácticas como la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas han sido utilizadas de manera sistemática para neutralizar la disidencia y consolidar el poder.
Como ejemplo de este patrón, la abogada mencionó los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según su testimonio, organismos de seguridad del Estado y grupos de civiles armados, conocidos como colectivos, participaron en la represión de las protestas que surgieron en ese contexto.
Roby afirmó que, en el marco de esos eventos, al menos 25 personas fueron asesinadas, miles fueron detenidas y las desapariciones forzadas se emplearon de forma sistemática como un mecanismo para infundir miedo entre la población. Añadió que estas conclusiones forman parte de un informe publicado por su organización en 2025, el cual documenta el uso de las desapariciones forzadas como herramienta de represión en Venezuela. Este informe proporciona una base empírica a las denuncias presentadas, reforzando la gravedad de la situación ante la comunidad internacional.
Implicaciones y Contexto
La audiencia en el Congreso de Estados Unidos representa un espacio crucial para la visibilización de las denuncias sobre la crisis venezolana, brindando una plataforma a las voces de la sociedad civil que operan en un entorno desafiante. La participación de organizaciones como JEP, Cepaz, WOLA y el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, con sus respectivos registros y análisis, aporta una perspectiva fundamentada en la documentación de casos y en la observación directa de la situación en el terreno.
El hecho de que el Congreso estadounidense, a través de la Comisión Tom Lantos, dedique una sesión a este tema, subraya la preocupación de Washington por la estabilidad regional y por la adhesión a los principios democráticos y de derechos humanos. Históricamente, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno venezolano, implementando sanciones y apoyando esfuerzos diplomáticos para una resolución de la crisis. Estas audiencias sirven como un mecanismo para evaluar la efectividad de las políticas existentes y para considerar nuevas estrategias.
El contexto venezolano actual, marcado por una profunda crisis económica, social y política, se ve agravado por la recurrente inestabilidad. La mención del terremoto del 24 de junio de 2026, aunque no se ofrecen detalles específicos sobre su magnitud o alcance, resalta la vulnerabilidad del país frente a desastres naturales, una fragilidad exacerbada por la precaria situación de la infraestructura y la limitada capacidad de respuesta estatal. La sociedad civil, en este escenario, no solo denuncia las violaciones de derechos, sino que también asume un rol protagónico en la asistencia humanitaria, llenando vacíos dejados por la institucionalidad.
La demanda de transparencia en las excarcelaciones y en la aplicación de la Ley de Amnistía es fundamental. La falta de verificación independiente de las cifras oficiales genera desconfianza y dificulta la evaluación real de los avances o retrocesos en materia de derechos humanos. Este opacidad puede ser interpretada como un intento de controlar la narrativa y de minimizar la percepción de la existencia de presos políticos.
Las propuestas de las organizaciones, que incluyen la liberación de todos los detenidos por razones políticas, la derogación de leyes restrictivas y el desmantelamiento de aparatos represivos, apuntan a una reforma estructural del Estado. La insistencia en la necesidad de una reconstrucción institucional, más allá de la infraestructura física, sugiere que la crisis venezolana es fundamentalmente una crisis de gobernabilidad y de Estado de derecho. Colocar a las víctimas en el centro de las políticas públicas y garantizar la participación ciudadana son pilares esenciales para cualquier proceso de transición democrática genuina y sostenible.
La denuncia de un "patrón sostenido de persecución política", con prácticas como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, es particularmente grave, ya que sugiere una política de Estado orientada a la represión. Las referencias a los eventos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024 y la implicación de grupos civiles armados, conocidos como colectivos, añaden una capa de complejidad al panorama de la violencia política, señalando la posible existencia de estructuras paralelas al Estado para ejercer control y represión.
En última instancia, la audiencia en el Congreso de Estados Unidos no solo busca documentar la situación de los derechos humanos en Venezuela, sino también mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano y movilizar apoyo para la sociedad civil. La atención de la comunidad internacional, y en particular de actores influyentes como el Congreso de Estados Unidos, es un factor clave en la búsqueda de soluciones y en la defensa de los derechos fundamentales en un país que continúa enfrentando desafíos significativos en su camino hacia la recuperación democrática y la estabilidad social.
