Demuelen la torre C de la Opppe 36 en Playa Grande a pesar de la protesta de familiares de víctimas
Caracas.- La torre C del complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi, correspondiente a la Opppe 36 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en Playa Grande, La Guaira, fue demolida de forma controlada aproximadamente a las 4:00 p.m. de este jueves 30 de julio. Según declararon residentes de La Guaira a El Pitazo, cerca de las
La tarde del jueves 30 de julio se ejecutó la demolición controlada de la torre C del complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi, conocido como Opppe 36, en la urbanización Playa Grande del estado La Guaira. La medida de demolición se llevó a cabo en medio de reclamos y manifestaciones de los familiares de las víctimas del doble sismo del pasado 24 de junio, quienes sostienen que todavía existen restos humanos sin recuperar bajo las estructuras colapsadas. El procedimiento de demolición, inicialmente pautado para el día anterior, se concretó aproximadamente a las 4:00 p.m. tras una jornada de fuerte resguardo militar en las inmediaciones de la parroquia Catia La Mar.
Detalles del procedimiento y afectación estructural
De acuerdo con los reportes de los habitantes de la zona difundidos por el medio digital El Pitazo, el estruendo provocado por la detonación controlada se escuchó con claridad a las 4:08 p.m. en diversos sectores de Catia La Mar, con especial repercusión en las avenidas El Ejército y La Atlántida. La estructura demolida formaba parte de un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela compuesto originalmente por cuatro edificios de apartamentos. Tras el doble evento sísmico registrado a finales de junio, la configuración física de estos bloques sufrió daños severos que alteraron su estabilidad de manera irreversible.
El informe de la situación de las infraestructuras detalla que la torre C sufrió un colapso parcial que la dejó pronunciadamente inclinada sobre su base, lo que motivó la decisión técnica de su derribo. Por su parte, las torres vecinas identificadas como A y B experimentaron la pérdida de sus primeros niveles de construcción, aunque consiguieron mantenerse en pie a pesar del impacto de las ondas sísmicas. La avenida central de Playa Grande, donde se asienta este complejo residencial, permaneció cerrada al tránsito peatonal y vehicular durante todo el desarrollo de las maniobras de preparación y ejecución del derribo.
La protesta ciudadana y la búsqueda de sobrevivientes
Los familiares de las personas afectadas por el sismo se concentraron en los alrededores del complejo habitacional con el propósito de detener de manera temporal los trabajos de demolición de la torre C. Los manifestantes argumentaron ante las autoridades que las labores de remoción manual y búsqueda selectiva no se habían completado en su totalidad, señalando la probabilidad de que aún se encontraran cuerpos sepultados entre las placas de concreto y el acero de la edificación.
Según las informaciones recopiladas por los vecinos del sector y documentadas por El Pitazo, el miércoles 29 de julio los equipos de rescate lograron extraer de las ruinas los cuerpos sin vida de un adulto y un menor de edad, quienes fueron identificados por la comunidad como padre e hijo. Este hallazgo reforzó la postura de los familiares, quienes estiman que al menos 18 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros de la estructura habitacional. No obstante, hasta el momento del derribo de la edificación, las instituciones del Estado no habían suministrado un balance o registro oficial detallado que confirmara o descartara de manera definitiva la cifra de personas que continuarían tapiadas en el sitio.
Contradicciones en las directrices oficiales
La ejecución de la demolición de la torre C de la Opppe 36 generó controversia debido a las declaraciones que el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas, Francisco Garcés, ofreció un día antes del evento. El miércoles 29 de julio, el funcionario público había asegurado de manera pública que no se procedería a la demolición de ninguna edificación afectada mientras existieran indicios de deudos o cuerpos por recuperar en el área del desastre.
En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Garcés había enfatizado que la prioridad de la gestión liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez consistía en agotar todas las fases de salvamento, búsqueda y rescate de los restos de las víctimas antes de iniciar cualquier tipo de intervención estructural mayor. Esta postura oficial sirvió para postergar temporalmente las labores de demolición programadas para mediados de semana,
