La noche del 19 de mayo de 2024, un capítulo de casi un cuarto de siglo de la historia judicial y política venezolana llegó a un agridulce epílogo. Después de 8760 días de encierro, Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, los denominados "policías metropolitanos" del 11 de abril de 2002 (11A), fueron finalmente excarcelados. La noticia, confirmada por la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X, no solo representa la liberación de los presos políticos más antiguos del gobierno chavista, sino que también reabre la herida de uno de los episodios más traumáticos y divisivos de la Venezuela contemporánea. Su puesta en libertad, lejos de cerrar el debate, intensifica las preguntas sobre la justicia, la verdad y la reconciliación en un país marcado por profundas fracturas.
Un Cuarto de Siglo en la Sombra: El Contexto del 11A
Para comprender la magnitud de esta excarcelación, es imperativo remontarse a los eventos del 11 de abril de 2002. Aquel día, una masiva marcha opositora, convocada para exigir la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez, culminó en un baño de sangre en las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas. El enfrentamiento entre manifestantes, simpatizantes del gobierno y fuerzas de seguridad dejó un saldo de 19 muertos y decenas de heridos. Este trágico suceso desencadenó una breve interrupción del hilo constitucional, con la autoproclamación de un gobierno de transición que duró apenas 47 horas antes del retorno de Chávez al poder.
En el torbellino de acusaciones y contraacusaciones que siguió, la narrativa oficialista señaló a la Policía Metropolitana (PM) de Caracas, bajo la dirección del alcalde Alfredo Peña (opositor), como los principales responsables de la violencia. Específicamente, Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, junto a otros funcionarios de la PM, fueron señalados por el gobierno como autores materiales de los disparos que causaron las muertes, en particular la de civiles afectos al chavismo.
Sin embargo, desde el inicio, la versión oficial fue vehementemente cuestionada por amplios sectores de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la oposición. Se denunció la manipulación de pruebas, la falta de una investigación imparcial y la instrumentalización política del sistema judicial. Las imágenes de televisión de la época, que mostraban a individuos armados disparando desde Puente Llaguno (muchos de ellos identificados como "círculos bolivarianos" o colectivos afectos al gobierno), alimentaron la teoría de un "golpe de Estado mediático" y una "emboscada" urdida contra la marcha opositora.
