La Renovación Parcial del TSJ: ¿Un Refuerzo de la Independencia Judicial o una Nueva Estrategia de Control?
Caracas, Venezuela – El anuncio del Comité de Postulaciones Judiciales de que solo seleccionará a 20 de los 32 magistrados que conformarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la reciente reforma de la Ley Orgánica de la institución, ha encendido las alarmas en el ya precario panorama de la justicia venezolana. Lejos de ser un proceso de renovación integral que fortalezca la independencia del Poder Judicial, esta selección parcial, que mantiene en sus puestos a figuras clave con historiales de controversia, es interpretada por diversos analistas como una maniobra política más para consolidar el control sobre el máximo tribunal del país.
El Comité, instalado el pasado 20 de mayo y compuesto por 10 miembros de la sociedad civil y 11 diputados, tiene la tarea de evaluar en un plazo de 45 días a los postulantes. Sin embargo, su labor estará limitada a cubrir ocho vacantes por jubilación y doce nuevas posiciones creadas por la reforma del artículo 8 de la Ley Orgánica del TSJ, que elevó el número de magistrados de 20 a 32, distribuidos en siete para la Sala Constitucional y cinco para cada una de las Salas Penal, Político-Administrativa, Social, Civil y Electoral. Esta es la segunda renovación que sufre la institución en los últimos cuatro años, un ritmo inusual que sugiere más una reconfiguración política que una búsqueda de la excelencia judicial.
El diputado por el PSUV, Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité, ha sido el encargado de clarificar el alcance de esta selección. La decisión de no renovar la totalidad de los magistrados implica que un significativo número de jueces permanecerá en sus cargos, muchos de ellos con una trayectoria que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y juristas independientes. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la verdadera intención detrás de la reforma y el proceso de postulación.
Entre los magistrados que se mantendrán en sus puestos, destacan nombres en salas de vital importancia. En la Sala Constitucional, Tania D’ Amelio y Laura Suárez Anderson seguirán ejerciendo. En la Sala Político-Administrativa, Jaime Jesús Báez permanecerá. Pero es en la Sala Electoral donde la continuidad genera mayor preocupación: Caryslia Beatriz Rodríguez, su presidenta; Fanny Márquez Cordero, vicepresidenta; e Inocencio Figueroa Arizaleta, no serán reemplazados. Estos magistrados, según la información disponible, son los mismos que en eventos electorales pasados han apoyado resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que han sido ampliamente cuestionados por la falta de presentación de actas y transparencia en el escrutinio, incluyendo específicamente su respaldo a la proclamación de Nicolás Maduro como ganador en las presidenciales del 28 de julio de 2024, a pesar de la ausencia de las actas que corroboraran dicha victoria. La permanencia de estos jueces en una sala tan sensible, en el contexto de un año electoral crucial, es un indicativo potente de la estrategia de control sobre los procesos democráticos.
