¿Por qué el régimen de Delcy oculta la cifra de desaparecidos tras el doblete sísmico?
A dos semanas del desastre del 24 de junio, el régimen de Delcy Rodríguez insiste en invisibilizar la magnitud de la tragedia
A dos semanas del devastador "doblete sísmico" que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, una sombra de opacidad se cierne sobre la verdadera magnitud de la tragedia. Mientras el país intenta asimilar el impacto de los terremotos, la administración de Delcy Rodríguez ha sido señalada por la sistemática omisión de un dato crucial en sus reportes oficiales: el número de personas desaparecidas. Esta invisibilización no es un mero descuido estadístico; representa una profunda herida en la ya frágil confianza entre el Estado y sus ciudadanos, y un patrón preocupante en la gestión de crisis por parte del gobierno.
El último balance oficial, emitido el 7 de julio, se limitó a detallar 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y 6.462 rescatados. Cifras por sí solas alarmantes, pero que palidecen al contrastarlas con la cruda realidad que exponen plataformas independientes. La web desaparecidosterremotovenezuela.com ha documentado una cifra escalofriante: más de 30.000 ciudadanos continúan incomunicados y sin paradero conocido por sus familiares, sumidos en la angustia y la incertidumbre. La discrepancia es abismal y, lo que es más preocupante, el régimen no ha actualizado la casilla de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando apenas reconoció 157 casos, ignorando de forma sistemática los registros civiles que incluso organismos como la ONU han tomado como referencia válida.
La tesis del ocultamiento deliberado cobra mayor fuerza a la luz de las propias declaraciones de figuras del oficialismo. Días atrás, el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, asomó una cifra de decesos que podría rebasar las 10.000 personas. Su admisión se basó en un cálculo demoledor: de una población estimada de 30.000 habitantes en Catia La Mar y Caraballeda al momento del evento, solo se logró censar o rescatar a poco más de 19.800 sobrevivientes. Este desfase, proveniente de una fuente oficial, sugiere que la cifra de fallecidos y, por ende, de desaparecidos, es significativamente mayor a la que se ha presentado públicamente, apuntando a un encubrimiento del impacto real de los sismos bajo las estructuras colapsadas.
Un Patrón de Opacidad en la Gestión de Crisis
La negativa a transparentar la cifra de desaparecidos y la disparidad entre los datos oficiales y los independientes no son hechos aislados en el contexto venezolano. A lo largo de los años, la administración actual ha sido consistentemente señalada por su tendencia a controlar la información, especialmente aquella que podría reflejar una imagen negativa de su gestión o de la situación del país. Desde estadísticas económicas hasta cifras de salud pública o seguridad ciudadana, la opacidad se ha convertido en una constante, erosionando la credibilidad de las instituciones del Estado.
Este comportamiento se enmarca en una estrategia más amplia de control narrativo, donde la información es percibida no como un derecho ciudadano, sino como una herramienta política. En momentos de crisis, como el desastre sísmico, la necesidad de proyectar una imagen de control, eficiencia y minimización del daño se antepone a la verdad. La admisión de una cifra elevada de desaparecidos no solo implicaría reconocer la magnitud de la catástrofe, sino también enfrentar las posibles deficiencias en la respuesta inmediata, la preparación para desastres y la infraestructura del país.
El contexto político venezolano, caracterizado por una profunda polarización y la criminalización de la disidencia, exacerba esta tendencia. Las voces independientes, tanto de la sociedad civil como de los medios de comunicación, son a menudo desacreditadas o silenciadas, dejando un vacío que es llenado por la desinformación o, en el mejor de los casos, por datos incompletos. En un país donde la confianza en las instituciones ha sido sistemáticamente minada, la búsqueda de la verdad recae en gran medida en el esfuerzo de plataformas ciudadanas y periodistas que operan bajo condiciones adversas. La validez otorgada por la ONU a los registros civiles independientes es un claro indicio de la desconfianza internacional hacia las cifras oficiales venezolanas.
Implicaciones Sociales y Políticas de la Invisibilización
Las consecuencias de ocultar la cifra de desaparecidos tras un evento de esta magnitud son profundas y multifacéticas, afectando tanto el tejido social como la estabilidad política del país.
El Costo Humano y Social
En el ámbito social, la invisibilización de los desaparecidos es un acto de crueldad que prolonga el sufrimiento de miles de familias. No saber el paradero de un ser querido impide el proceso de duelo, sumiendo a los afectados en una angustia perpetua. La incertidumbre sobre si un familiar está vivo o muerto, si está atrapado o simplemente incomunicado, genera un trauma psicológico colectivo que perdurará por generaciones. Esta falta de reconocimiento oficial de la tragedia personal de cada desaparecido y sus familias es una negación de su humanidad, impidiendo que la sociedad en su conjunto pueda comprender y sanar las heridas del desastre.
Además, la falta de cifras claras dificulta la identificación de necesidades específicas para la asistencia humanitaria y la reconstrucción. Si el gobierno subestima la magnitud del desastre, los recursos destinados a la búsqueda, rescate, atención a víctimas y rehabilitación de infraestructuras serán insuficientes, prolongando el sufrimiento y ralentizando la recuperación de las zonas afectadas. La comunidad internacional, que a menudo basa su ayuda en evaluaciones oficiales, podría no movilizar los recursos necesarios si no se presenta un panorama completo y veraz.
Implicaciones Políticas y de Gobernanza
Desde una perspectiva política, la ocultación de datos cruciales socava los principios fundamentales de la gobernanza democrática: la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública. Un gobierno que no informa con veracidad a sus ciudadanos sobre eventos de interés público, especialmente una tragedia de esta escala, demuestra una profunda falta de respeto por la verdad y por el derecho de la población a estar informada.
Las motivaciones detrás de esta opacidad pueden ser diversas: evitar la responsabilidad por la falta de preparación o la respuesta ineficiente, mantener una imagen de control ante la comunidad nacional e internacional, o incluso desviar la atención de otras crisis que enfrenta el país. Sin embargo, el efecto neto es el mismo: una mayor deslegitimación del gobierno y una profundización de la desconfianza ciudadana. En un contexto de por sí tenso, donde la polarización política es la norma, la gestión de la información durante una crisis humanitaria puede exacerbar el descontento social y generar nuevas fricciones.
La postura del régimen también tiene implicaciones en el ámbito internacional. La insistencia en cifras que contradicen la evidencia de fuentes independientes y las propias admisiones veladas de sus funcionarios, refuerza la percepción de un gobierno poco transparente y reacio a cooperar plenamente con la asistencia humanitaria internacional. Esto puede dificultar la movilización de ayuda y recursos externos, tan necesarios en un país con una infraestructura debilitada y una economía en crisis.
Conclusión: La Imperativa Necesidad de Transparencia
El "doblete sísmico" ha dejado una cicatriz profunda en el paisaje venezolano y, aún más dolorosa, en el corazón de miles de familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos. La insistencia del régimen en invisibilizar la cifra de desaparecidos no es solo un error estadístico; es una afrenta a la memoria de las víctimas y al derecho de la sociedad a conocer la verdad.
En momentos de tragedia, la transparencia es un imperativo moral y ético. Es fundamental que las autoridades proporcionen información completa y veraz, no solo para honrar a los fallecidos y desaparecidos, sino también para permitir que las comunidades inicien su proceso de recuperación y reconstrucción con base en la realidad. La negación de la magnitud de la catástrofe solo prolonga el sufrimiento y obstaculiza la ayuda necesaria.
El papel de los medios de comunicación independientes y de la sociedad civil se vuelve, en este contexto, más vital que nunca. Son ellos quienes, a menudo con grandes riesgos, trabajan para documentar la verdad, dar voz a las víctimas y sus familias, y presionar por la transparencia y la rendición de cuentas. En un país donde la información es controlada, la labor de Libertad VZLA y otras plataformas es esencial para iluminar las sombras y recordar que detrás de cada número, por grande o pequeño que sea, hay una vida, una historia y una familia que merece la verdad. Ocultar la cifra de desaparecidos no los hace desaparecer; solo invisibiliza el dolor y la responsabilidad.
