Clippve rechaza respuesta de PoliChacao tras impedimentos para grabar en la plaza Francia
Este sábado, 24 de octubre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) rechazó la respuesta emitida por la Policía de Chacao tras la denuncia de la organización no gubernamental (ONG) sobre impedimentos para grabar en la plaza Francia de Altamira. “Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) rechazamos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) rechazó públicamente la justificación emitida por la Policía Municipal de Chacao tras el abordaje a activistas que realizaban grabaciones en la plaza Francia de Altamira. De acuerdo con un informe difundido por el portal informativo Runrun.es, la organización civil desestimó que la interrupción del registro audiovisual fuera calificada como una simple confusión por parte de las autoridades locales, e instó a realizar un esclarecimiento formal de los hechos.
El abordaje policial en espacio público
Los hechos se originaron el viernes 23 de octubre en las instalaciones de la plaza Francia de Altamira, ubicada en el municipio Chacao de la zona metropolitana de Caracas. Según las denuncias consignadas por la representación de Clippve y reseñadas por Runrun.es, integrantes del comité acudieron al espacio público para elaborar material de difusión audiovisual sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en el país.
Durante la jornada de trabajo técnico, funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Chacao interceptaron a los activistas y a los familiares de las víctimas. De acuerdo con el testimonio recabado por la organización, los efectivos policiales alegaron que se encontraba prohibido efectuar filmaciones de video mientras los presentes portaran franelas con estampados o mensajes alusivos a las campañas de exigencia de libertad.
El reporte institucional de la ONG sostiene que los agentes actuantes no mostraron ningún instrumento normativo ni base legal para fundamentar la prohibición. En lugar de ello, los funcionarios manifestaron de forma verbal que acataban supuestas presiones de instancias superiores dentro del cuerpo policial para exigir el desalojo de los ciudadanos del recinto público. Aunque tras el abordaje inicial se permitió la conclusión del material audiovisual, la directiva del comité enfatizó que la continuidad del rodaje no invalida el intento previo de limitar la difusión del mensaje.
De la "confusión" a la revictimización
Frente a la denuncia pública interpuesta por la ONG, el director de la Policía Municipal de Chacao, Luis Gonzálo Fernández, ofreció declaraciones institucionales en las que catalogó lo sucedido como un malentendido en el procedimiento de control. No obstante, según lo publicado por el medio Runrun.es, el sábado 24 de octubre la representación del comité emitió un pronunciamiento formal para rechazar la postura oficial adoptada por el cuerpo de seguridad.
En el comunicado difundido a través de la red social X, la organización defensora de derechos humanos señaló que catalogar como un hecho fortuito o una interpretación equivocada la actuación de los agentes constituye una respuesta revictimizante. A juicio de la agrupación, dicha postura institucional desplaza la responsabilidad del procedimiento arbitrario hacia la apreciación subjetiva de los afectados, omitiendo la evaluación imparcial de las evidencias testimoniales y los registros de video obtenidos durante el incidente.
La dirigencia de Clippve expuso que las manifestaciones verbales de adhesión a los principios constitucionales formuladas por la alcaldía, encabezada por Gustavo Duque, resultan insuficientes si no vienen acompañadas de procedimientos administrativos de investigación interna. Para la organización, la protección efectiva del derecho a la libertad de expresión exige determinar las causas operativas de la intervención y establecer garantías verificables que impidan la reiteración de patrones de amedrentamiento en el uso del espacio público.
Exigencias institucionales y garantías de no repetición
Ante la respuesta ofrecida por los mandos de PoliChacao, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos formalizó un pliego de peticiones dirigidas tanto a la Alcaldía del Municipio Chacao como a las autoridades de la policía municipal. Con base en el reporte de Runrun.es, el petitorio contempla cinco puntos clave orientados al esclarecimiento administrativo de la actuación policial:
- Identificación de la cadena de mando: la solicitud de determinar de forma explícita las identidades de los funcionarios que ejecutaron el procedimiento en la plaza Francia, así como la procedencia exacta y el contenido de las instrucciones transmitidas por los mandos superiores.
- Auditoría de medios audiovisuales: la preservación y revisión exhaustiva de las grabaciones registradas por las cámaras de videovigilancia presentes en la plaza Altamira. El comité argumentó la necesidad de comprobar el trato diferenciado ejercido contra sus miembros, toda vez que otras personas presentes en el lugar realizaban tomas de video simultáneas sin ser objeto de abordajes policiales.
- Rendición de cuentas sobre la investigación: el compromiso de informar de manera transparente a la ciudadanía sobre el desarrollo de las averiguaciones internas y las medidas correctivas aplicadas a los funcionarios involucrados.
- Clarificación del marco regulatorio: la divulgación formal del estatuto o normativa legal que establezca los requerimientos de permisos para el uso de cámaras de grabación en espacios de dominio público dentro de la jurisdicción de Chacao, especificando su fundamentación jurídica y alcance.
- Garantía de libertades fundamentales: el aseguramiento explícito del ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión, reunión y libre tránsito en el municipio, impidiendo la aplicación de medidas intimidatorias o criterios discriminatorios vinculados con razones de índole política.
Marco de libertades y espacio ciudadano
El caso expuesto por Clippve pone de manifiesto los desafíos recurrentes que enfrentan las agrupaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas para ejercer la contraloría social y la difusión informativa en áreas públicas. El pronunciamiento emitido por la ONG reitera que la libertad de expresión constituye una garantía constitucional indivisible y no una concesión sujeta al criterio discrecional de los cuerpos de seguridad locales o regionales.
El seguimiento de esta denuncia por parte de las plataformas de comunicación ciudadana busca documentar los estándares de actuación policial en municipios de la ciudad capital. La demanda de investigaciones independientes, la apertura de archivos de vigilancia y la definición clara de las ordenanzas públicas continúan como los puntos centrales exigidos por las organizaciones de derechos humanos para evitar la consolidación de restricciones informales en las plazas y avenidas del país.
