Las edificaciones diagnosticadas con daños graves o catalogadas bajo la denominación de etiqueta roja tras el doble sismo del pasado 24 de junio no serán demolidas mientras existan cuerpos por recuperar o bienes particulares dentro de los inmuebles. Así lo informó Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructuras, al cumplirse un mes de las inspecciones técnicas en las zonas afectadas de la región central del país.
El diagnóstico de la infraestructura en cifras
De acuerdo con el balance oficial ofrecido por la comisión técnica estatal, las inspecciones abarcaron un total de 32 409 estructuras distribuidas en el Distrito Capital, La Guaira y Miranda. El registro consolidado por los equipos de evaluación arrojó que 18 139 inmuebles recibieron la etiqueta verde, lo que representa que son habitables; 7199 fueron clasificados con etiqueta amarilla, que implica precaución y análisis adicionales; y 7147 recibieron la etiqueta roja, que señala fallas estructurales severas o necesidad de desalojo y estudios de ingeniería profunda.
En el desglose geográfico presentado por la institución, el Área Metropolitana de Caracas concentró el mayor volumen de revisiones con 17 832 inmuebles evaluados. De esta cifra, 11 946 construcciones obtuvieron la clasificación verde, mientras que las 5886 restantes quedaron distribuidas entre las categorías amarilla y roja.
Por su parte, el estado La Guaira, una de las regiones que registró mayor impacto por el movimiento telúrico, sumó 12 552 evaluaciones técnicas. Los resultados en esta entidad costera arrojaron 5069 viviendas y edificios con etiqueta verde, 3110 con etiqueta amarilla y 4373 con etiqueta roja, evidenciando el volumen de estructuras comprometidas en la zona.
En el estado Miranda, el personal de la comisión inspeccionó 4878 edificaciones. El informe técnico clasificó 3840 de estas estructuras en la categoría verde, 634 en la amarilla y 404 en la roja.
Criterios de demolición y propiedad privada
El representante de la comisión presidencial precisó que la asignación de la etiqueta roja no se traduce automáticamente en la demolición del inmueble. El protocolo establecido prioriza la atención humana y los requerimientos de los afectados antes de proceder con cualquier derribo de infraestructura dañada.
De acuerdo con las declaraciones de Garcés, la respuesta y las necesidades de los familiares de las víctimas y de los propietarios constituyen la primera pauta de acción. Ninguna estructura que presente daños severos será demolida si dentro de ella permanecen restos humanos por recuperar o si los residentes necesitan extraer pertenencias y documentos de valor.
Respecto a las preocupaciones manifestadas por los habitantes de La Guaira sobre el destino de sus inmuebles, la vocería oficial aseguró que los derechos sobre la propiedad privada serán respetados durante todo el proceso de contingencia y posterior reconstrucción, señalando que los títulos y derechos de cada propietario sobre sus terrenos y estructuras se mantendrán vigentes conforme a la legislación nacional.
Fases de la evaluación técnica y ordenamiento
La planificación de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructuras contempla una transición progresiva desde la fase de emergencia hacia la investigación científica. Una vez superada la atención inmediata a las familias damnificadas, se iniciará un proceso de análisis de ingeniería forense sobre los colapsos estructurales ocurridos durante los sismos.
Esta fase de investigación tiene como objetivo determinar las causas específicas de las fallas en las edificaciones y evaluar el comportamiento de los materiales y diseños constructivos ante la actividad sísmica. Los datos recopilados por los ingenieros y especialistas se procesarán para generar mapas de riesgo, planos actualizados y estudios técnicos detallados.
Según la información suministrada por la comisión, estos insumos científicos servirán de base para el diseño de futuros planes de ordenamiento territorial en las zonas vulnerables, buscando adaptar las normas de construcción a las realidades sismológicas de la región central.
Para los inmuebles que recibieron etiquetas amarillas y rojas, las autoridades diseñaron una segunda fase de evaluación más exhaustiva que determinará la viabilidad de su recuperación. Posteriormente, una tercera etapa se enfocará en las labores de reparación y reforzamiento de aquellas estructuras que técnicamente admitan mejoras habitacionales.
Certificación de servicios y planes de rehabilitación
El balance de la comisión también abordó la situación de los servicios internos de las edificaciones multifamiliares, específicamente el funcionamiento de los ascensores que sufrieron desajustes o paralizaciones debido a las vibraciones del terremoto.
Para agilizar la reactivación segura de estos sistemas, el Ministerio de Comercio trabaja en la redacción de una resolución transitoria. Esta medida permitirá a las juntas de condominio y propietarios contratar a un profesional técnico calificado para que realice la inspección del ascensor. Dicho especialista deberá emitir un aval escrito sobre el correcto funcionamiento del equipo y registrar su firma ante la alcaldía correspondiente, asumiendo la responsabilidad legal de la evaluación.
Este procedimiento temporal funcionará de manera paralela a los trámites regulares de certificación que realiza habitualmente el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), con el fin de evitar retrasos burocráticos en la restitución de la movilidad interna de los edificios.
Finalmente, el reporte oficial vinculó estas acciones con el programa estatal denominado Venezuela Renace, el cual mantenía activos más de 200 frentes de obra a nivel nacional hasta finales de julio. Este plan está destinado a la recuperación de viviendas y la rehabilitación de infraestructuras tanto en sectores populares como en urbanizaciones formales que resultaron afectadas por el evento sísmico.
