Bolívar | Hombres armados atacan con disparos protesta por apagones en Guasipati
Ciudad Guayana.- Una protesta de un poco más de 10 horas en la población minera de Guasipati, al sureste de Bolívar, fue disuelta la noche del martes 28 de julio luego de que hombres armados –no identificados- dispararon al aire con la intención de atemorizar a quienes se quejaban por las constantes fallas eléctricas. Así
Una manifestación ciudadana de más de diez horas en la población de Guasipati, ubicada en el municipio Roscio al sureste del estado Bolívar, finalizó la noche del martes 28 de julio mediante el uso de la fuerza por parte de civiles armados. De acuerdo con reportes publicados por el medio digital El Pitazo, un grupo de hombres no identificados efectuó múltiples disparos al aire con el propósito de amedrentar y dispersar a los residentes que protestaban por las constantes interrupciones en el suministro eléctrico. El incidente ocurrió en la entrada de la localidad, interrumpiendo el tránsito en la Troncal 10, la vía internacional que conecta a Venezuela con la República Federativa de Brasil.
Los testimonios recolectados por el mencionado medio de comunicación y el registro audiovisual difundido a través de redes de mensajería instantánea evidenciaron momentos de tensión cuando comenzaron las detonaciones en la zona. En las grabaciones locales se observa a los manifestantes correr para resguardarse mientras se escuchan los disparos de fondo. Una de las ciudadanas que transmitía en vivo los acontecimientos debió suspender la grabación ante el riesgo de resultar herida, mientras otros testigos confirmaban el uso de armas de fuego para disolver la concentración comunitaria.
La protesta civil comenzó como una reacción ante el deterioro progresivo de las condiciones de vida en esta zona del estado Bolívar. Elizabeth Sánchez, vecina del circuito número tres de Guasipati, explicó a El Pitazo que su sector es uno de los más afectados por los cortes de energía, sufriendo suspensiones prolongadas bajo temperaturas elevadas que provocan la pérdida de alimentos de consumo diario por falta de refrigeración. Ante la ausencia de soluciones por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y de las autoridades locales, la comunidad decidió concentrarse en las calles y bloquear el paso de la Troncal 10. Esta acción generó una retención vehicular que paralizó el tránsito de automóviles particulares, transporte público y unidades de carga pesada encargadas de trasladar material aurífero hacia las plantas de procesamiento de la región.
La paradoja de la generación eléctrica en el estado Bolívar
La crisis eléctrica en el sur de Venezuela presenta una contradicción de carácter técnico e institucional. El estado Bolívar alberga las principales infraestructuras de generación del país: la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), la Central Antonio José de Sucre (Macagua) y la Central Francisco de Miranda (Caruachi). Estas plantas, construidas sobre el cauce del río Caroní, generan más del 70 % de la electricidad que consume el territorio venezolano. No obstante, las poblaciones situadas a pocos kilómetros de estas fuentes de generación sufren severos planes de racionamiento y fallas imprevistas en la distribución.
Según los datos recabados por El Pitazo entre los habitantes de El Callao, Guasipati y Tumeremo, el esquema de racionamiento de energía se aplica de forma rotativa durante todo el día. Los cortes se dividen en bloques que van desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Este ciclo de interrupciones constantes impide el desarrollo normal de la actividad comercial, doméstica y de atención médica en una región caracterizada por altas temperaturas ambientales.
El impacto de la actividad minera en la red de distribución
La intensificación de los apagones en el sur del estado Bolívar coincide con el incremento de la actividad minera industrial y semiindustrial en las zonas adyacentes a las poblaciones civiles. Habitantes de la región señalaron que el establecimiento de nuevas plantas procesadoras de oro ha elevado el consumo de energía de manera considerable durante el último año. Estas instalaciones industriales requieren un flujo eléctrico de alta potencia y sin interrupciones para operar la maquinaria de molienda y los procesos químicos de extracción, lo que ejerce una presión adicional sobre una red de distribución local que carece de mantenimiento preventivo y de inversión en infraestructura de transmisión.
El crecimiento de la demanda industrial minera, en detrimento del consumo residencial, ha profundizado el malestar de los ciudadanos, quienes afirman que el suministro eléctrico se prioriza para las operaciones extractivas mientras las comunidades vecinas permanecen sin servicio durante gran parte del día.
Seguridad, gobernanza y control social en las zonas mineras
La intervención de civiles armados para disolver una protesta comunitaria expone las condiciones de seguridad y gobernanza que prevalecen en los municipios mineros de Bolívar. En localidades como Guasipati, El Callao y Tumeremo, la presencia de agrupaciones armadas influye de manera directa en el control social de la población. La ausencia de cuerpos de seguridad del Estado para mediar en el conflicto o garantizar el derecho a la manifestación pacífica permite que estos grupos actúen para restablecer el tránsito en vías de alto valor económico, como la Troncal 10.
El uso de la fuerza contra ciudadanos que exigen servicios básicos refleja una dinámica de control territorial donde la protesta social es tratada como una interferencia a las actividades económicas de la zona, especialmente el transporte de oro y mercancías hacia la frontera. Para los residentes de Roscio, la respuesta violenta a sus demandas de servicios públicos evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran frente a actores no estatales que operan en la región.
Perspectivas del conflicto social por servicios públicos
El ataque contra la manifestación en Guasipati pone de manifiesto la complejidad de la crisis que afecta al sur de Venezuela. Se observa el colapso de los servicios públicos esenciales en la misma entidad federal que genera la mayor cantidad de energía del país, combinado con mecanismos de control violento ejercidos por grupos armados. Mientras el sistema de distribución eléctrica nacional continúe mostrando signos de deterioro y la demanda industrial de la minería siga en aumento sin una planificación técnica adecuada, las poblaciones locales seguirán expuestas tanto a las deficiencias del servicio como al riesgo de sufrir represalias por ejercer su derecho a la exigencia de condiciones de vida adecuadas.
