Académicos: Un cambio en el sistema de justicia no depende del número de magistrados
Los abogados insisten en que el cambio en el sistema judicial de Venezuela tiene que incluir una depuración de sus representantes, el respeto a la Constitución y el apego a las competencias descritas en la ley para cada instancia. Caracas. Para abogados, especialistas en derecho penal y constitucional, la anunciada transformación del sistema de justicia […]
La entrada Académicos: Un cambio en el sistema de justicia no depende del número de magistrados aparece primero en Crónica Uno - Los hechos como son
La justicia en Venezuela, un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho, se encuentra en un punto crítico, y su rescate, según la voz unánime de juristas y académicos, dista mucho de ser una simple sustitución de nombres en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La verdadera transformación, el anhelo de una sociedad que clama por equidad, reside en el retorno irrestricto al cumplimiento de la ley y en la delimitación clara de las funciones de cada poder.
En los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde el debate académico se convierte en un faro de análisis crítico, abogados y especialistas en derecho penal y constitucional convergieron en una preocupación común: la profunda desconfianza que asfixia al sistema judicial venezolano. Para ellos, las recientes promesas de cambio en el Poder Judicial, que surgieron tras eventos políticos de relevancia, han quedado en el terreno de las palabras vacías. La realidad palpable es un sistema que, lejos de impartir justicia imparcial, opera bajo una lógica de control político, desvirtuando el proceso penal en una lamentable herramienta de represión.
Un Sistema Capturado: La Política por Encima del Derecho
La designación de figuras clave como el fiscal de la República y la defensora del pueblo, así como el proceso en marcha para seleccionar nuevos magistrados del TSJ, han sido señalados como ejemplos claros de esta dinámica. Los expertos denuncian que estos procedimientos carecen de la transparencia, la inclusión y el apego irrestricto a la ley que deberían caracterizarlos. Es un patrón que refuerza la percepción ciudadana de un sistema judicial prefabricado, no para servir al pueblo, sino para consolidar intereses políticos.
La abogada y profesora universitaria Magaly Vásquez subraya la exigencia de la sociedad civil por una transformación genuina, una bandera que el gobierno ha intentado enarbolar. Sin embargo, Vásquez insiste en que cualquier reforma debe venir acompañada de procesos diáfanos, donde los distintos sectores de la sociedad puedan no solo participar, sino también comprender a fondo cada paso. "No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando del máximo tribunal del país", recalca, haciendo hincapié en la trascendencia de la designación de los magistrados del TSJ, un proceso que actualmente maneja el Poder Legislativo.
Vásquez también expresa su inquietud por la opacidad que rodea el número exacto de plazas a cubrir en el TSJ. Aunque se especula con la sustitución de una veintena de los 32 magistrados existentes, la información oficial por parte del Parlamento es escasa, generando incertidumbre y alimentando sospechas. Más allá de la cantidad, la profesora enfatiza que "el meollo del asunto no reside en cuántas sillas ocupen, sino en la extralimitación de sus funciones". Para ella, la clave está en que el TSJ retome su cauce constitucional, dedicándose a juzgar en las distintas materias y no a usurpar la potestad legislativa, que corresponde a otro poder. Cada institución, recuerda, tiene sus propias responsabilidades.
Los Cimientos Resquebrajados de la Justicia
La crisis actual no es un fenómeno reciente. El abogado y profesor Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, traza el origen del problema hasta los cimientos de la Constitución de 1999, una carta magna que, a su juicio, nunca fue plenamente cumplida en lo que respecta a la designación de los jueces. "Desde un comienzo, la selección de sus miembros ha estado dictada por la filiación política e ideológica, relegando los méritos profesionales y personales", sentencia Apitz, describiendo una práctica que ha carcomido la independencia judicial desde sus raíces.
La consecuencia de esta politización es un drama humano que se vive a diario en los tribunales del país. Apitz enumera una serie de situaciones que ilustran la grave crisis judicial: detenciones arbitrarias sin presentación ante un juez, desapariciones forzadas que dejan a familias enteras en vilo, tratos crueles e inhumanos, audiencias postergadas indefinidamente que prolongan la agonía de los procesados y sus seres queridos, y sentencias del propio TSJ que contravienen flagrantemente la ley. Cada uno de estos puntos no es solo una falla legal, sino una herida abierta en la vida de un venezolano, un testimonio de la vulnerabilidad ante un sistema que debería proteger y no oprimir.
El impacto social de esta realidad es devastador. La falta de confianza en la justicia se traduce en impunidad, en la erosión del tejido social y en la desesperanza de quienes buscan amparo legal. Cuando los ciudadanos perciben que la ley no se aplica por igual para todos, o que los tribunales son meros apéndices del poder político, se pierde la fe en las instituciones y se abre la puerta a la arbitrariedad.
Un Diagnóstico Necesario y una Propuesta de Rescate
Ante este panorama desolador, la crítica no es suficiente. El abogado Juan Pérez Silva, miembro del Bloque Constitucional, señala que el drama actual del sistema de justicia radica en "la densa cortina de opacidad e irregularidad que envuelve a los tribunales del país en todas sus instancias". Para enfrentar esta realidad, el Bloque Constitucional no solo alza su voz, sino que propone un plan ambicioso: diagnosticar el estatus actual del sistema y trabajar en su depuración y modernización.
Pérez Silva no se anda con rodeos: "El Poder Judicial está corroído desde sus cimientos más profundos. En todos los estados de Venezuela hay problemas graves". Esta contundente afirmación refleja la magnitud del desafío que tienen por delante. El Bloque de juristas no se limita a la denuncia; se ha propuesto llevar a cabo una evaluación exhaustiva y nacional del Poder Judicial. Desde los tribunales de municipios hasta el propio Tribunal Supremo de Justicia, cada instancia será examinada. El objetivo es analizar el rendimiento, la calidad de las decisiones y el comportamiento de los titulares de estos despachos. En unos meses, esperan ofrecer un diagnóstico detallado que sirva de base para una propuesta de reforma integral, basada en hallazgos concretos y no en meras especulaciones.
Este esfuerzo es crucial para los venezolanos. Un sistema judicial sano y transparente es la garantía de los derechos humanos, la base de la seguridad jurídica y el motor para la recuperación del país. La ciudadanía anhela un Poder Judicial que sea verdaderamente independiente, que actúe con probidad y que imparta justicia de manera imparcial, sin distingos políticos ni presiones de ningún tipo.
La transformación de la justicia venezolana no es una tarea menor ni superficial. Demanda un compromiso inquebrantable con la legalidad, una voluntad política genuina y la participación activa de la sociedad civil y los expertos. Solo así se podrá desmantelar el entramado de control político y opacidad que hoy define al sistema, y reconstruir un Poder Judicial que inspire confianza, garantice los derechos de todos y sea, en efecto, un verdadero pilar de la democracia. El camino es largo y arduo, pero la voz de los juristas resuena con la esperanza de que, algún día, la justicia en Venezuela deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad palpable.
