La justicia en Venezuela, un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho, se encuentra en un punto crítico, y su rescate, según la voz unánime de juristas y académicos, dista mucho de ser una simple sustitución de nombres en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La verdadera transformación, el anhelo de una sociedad que clama por equidad, reside en el retorno irrestricto al cumplimiento de la ley y en la delimitación clara de las funciones de cada poder.
En los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde el debate académico se convierte en un faro de análisis crítico, abogados y especialistas en derecho penal y constitucional convergieron en una preocupación común: la profunda desconfianza que asfixia al sistema judicial venezolano. Para ellos, las recientes promesas de cambio en el Poder Judicial, que surgieron tras eventos políticos de relevancia, han quedado en el terreno de las palabras vacías. La realidad palpable es un sistema que, lejos de impartir justicia imparcial, opera bajo una lógica de control político, desvirtuando el proceso penal en una lamentable herramienta de represión.
Un Sistema Capturado: La Política por Encima del Derecho
La designación de figuras clave como el fiscal de la República y la defensora del pueblo, así como el proceso en marcha para seleccionar nuevos magistrados del TSJ, han sido señalados como ejemplos claros de esta dinámica. Los expertos denuncian que estos procedimientos carecen de la transparencia, la inclusión y el apego irrestricto a la ley que deberían caracterizarlos. Es un patrón que refuerza la percepción ciudadana de un sistema judicial prefabricado, no para servir al pueblo, sino para consolidar intereses políticos.
La abogada y profesora universitaria Magaly Vásquez subraya la exigencia de la sociedad civil por una transformación genuina, una bandera que el gobierno ha intentado enarbolar. Sin embargo, Vásquez insiste en que cualquier reforma debe venir acompañada de procesos diáfanos, donde los distintos sectores de la sociedad puedan no solo participar, sino también comprender a fondo cada paso. "No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando del máximo tribunal del país", recalca, haciendo hincapié en la trascendencia de la designación de los magistrados del TSJ, un proceso que actualmente maneja el Poder Legislativo.
Vásquez también expresa su inquietud por la opacidad que rodea el número exacto de plazas a cubrir en el TSJ. Aunque se especula con la sustitución de una veintena de los 32 magistrados existentes, la información oficial por parte del Parlamento es escasa, generando incertidumbre y alimentando sospechas. Más allá de la cantidad, la profesora enfatiza que "el meollo del asunto no reside en cuántas sillas ocupen, sino en la extralimitación de sus funciones". Para ella, la clave está en que el TSJ retome su cauce constitucional, dedicándose a juzgar en las distintas materias y no a usurpar la potestad legislativa, que corresponde a otro poder. Cada institución, recuerda, tiene sus propias responsabilidades.
