Abogados, académicos y políticos exigen a la Asamblea Nacional convocar elecciones presidenciales
Personalidades insistieron en que ya se cumplió el tiempo constitucional para una presidencia encargada y se debe declarar la falta absoluta en la Presidencia de la República
Un grupo integrado por juristas, académicos, políticos y representantes de la sociedad civil venezolana instó formalmente a la Asamblea Nacional a declarar la falta absoluta de la Presidencia de la República y convocar a elecciones presidenciales. La solicitud, difundida el 24 de julio, se fundamenta en el vencimiento del plazo constitucional para la gestión interina del Poder Ejecutivo, actualmente bajo la responsabilidad de Delcy Rodríguez.
De acuerdo con un reporte del medio digital El Pitazo, los firmantes del documento señalaron que se han cumplido 180 días desde que Rodríguez asumió la encargaduría de la Presidencia. Bajo este argumento, el bloque de ciudadanos sostiene que el Parlamento, de mayoría oficialista, tiene la obligación legal de activar los mecanismos previstos en la Constitución de 1999 para resolver la vacancia del cargo mediante el voto popular.
El fundamento constitucional del reclamo
La petición de los sectores académicos y políticos se basa de manera estricta en la interpretación de los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas normas establecen los procedimientos a seguir ante la ausencia del mandatario nacional. Según los suscribientes, cuando la falta absoluta se produce durante la primera mitad del período presidencial, la Carta Magna obliga a realizar una nueva elección universal, directa y secreta.
El documento cuenta con el respaldo institucional de organizaciones de alta relevancia académica y jurídica en el país. Entre las entidades que suscriben la exigencia se encuentran la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el Bloque Constitucional, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Federación de Estudiantes Universitarios.
Estas instituciones argumentan que el respeto a los lapsos establecidos en el texto constitucional es indispensable para preservar el hilo democrático y la legitimidad de las instituciones del Estado. La prolongación de una presidencia encargada más allá de los límites contemplados por la ley, advierten, debilita el marco del Estado de derecho y profundiza la incertidumbre política en la nación.
El impacto del doble sismo y la crisis de los servicios públicos
La exigencia de un cambio político y de una convocatoria electoral se produce en un contexto de extrema vulnerabilidad social, agravado por factores ambientales y de infraestructura. El pronunciamiento de los firmantes hace referencia directa al doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, un evento que, según los datos recopilados en el documento, causó la muerte de más de 5,000 personas en el territorio nacional.
Los solicitantes señalaron que la catástrofe natural evidenció la falta de capacidad de respuesta por parte de las instituciones del Estado durante las horas críticas posteriores a los sismos. De acuerdo con el texto difundido por los activistas y académicos, la labor de rescate y auxilio inmediato a las víctimas fue asumida de forma prioritaria por las propias comunidades organizadas, con el apoyo técnico y humanitario de delegaciones de países aliados que acudieron a atender la emergencia.
Esta situación de desatención gubernamental ante el desastre natural ha incrementado el descontento de la ciudadanía, que percibe una desconexión entre la gestión estatal y las necesidades urgentes de la población. A esto se suman las persistentes deficiencias en la prestación de servicios públicos esenciales, como el suministro de agua potable, el sistema eléctrico nacional, la atención médica hospitalaria y el sistema educativo formal, los cuales se encuentran en una situación de deterioro estructural.
Implicaciones políticas, sociales y económicas
El análisis planteado por el grupo de intelectuales y políticos aborda las consecuencias multidimensionales que genera la falta de definición institucional en Venezuela. En el plano político y de derechos humanos, el documento recuerda que el país mantiene restricciones severas al ejercicio de la libre expresión, así como la permanencia de presos políticos y ciudadanos sometidos a medidas restrictivas de su libertad plena. El restablecimiento de las garantías democráticas es visto por los firmantes como el primer paso indispensable para iniciar cualquier proceso de reconciliación nacional.
En el ámbito económico, la propuesta subraya que la superación de la crisis financiera y productiva de Venezuela pasa necesariamente por la reconstrucción de la confianza institucional. Los firmantes sostienen que la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, la renegociación de los compromisos financieros con organismos multilaterales y el diseño de políticas públicas sustentables requieren de un gobierno con plena legitimidad de origen.
Asimismo, los académicos enfatizan que la estabilización política es un requisito clave para detener la migración forzada y propiciar las condiciones que permitan el retorno de profesionales, técnicos y científicos venezolanos que se encuentran en el exterior. La pérdida de capital humano calificado ha sido uno de los efectos más complejos del proceso migratorio de los últimos años, afectando directamente la capacidad operativa de las universidades, centros de salud e industrias del país.
Una coalición de diversos sectores civiles
La solicitud destaca por la diversidad de los actores que decidieron plasmar su firma en el documento. La convocatoria reúne a figuras históricas de la política venezolana, exparlamentarios, defensores de derechos humanos, economistas y autoridades universitarias de distintas tendencias de pensamiento, unidos en torno a la defensa del texto constitucional.
Entre las personalidades firmantes figuran Corina Yoris, Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, Cecilia Sosa Gómez (expresidenta de la Corte Suprema de Justicia), Eduardo Fernández, Teresa Albanes, Cecilia García Arocha (exrectora de la UCV), Fernando Ochoa Antich, José María De Viana, David Morán Bohórquez, Benigno Alarcón, Henkel García, César Pérez Vivas, Imelda Cisneros, Gloria Cuenca, Macky Arenas y Enrique Urdaneta.
La presentación de este documento el 24 de julio, fecha en que se conmemora el natalicio del Libertador Simón Bolívar, busca cargar de simbolismo la exigencia de un retorno a las vías institucionales y pacíficas para la resolución del conflicto político venezolano. Los firmantes reiteraron que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que debe ser este, a través del sufragio libre, quien decida el rumbo de la reconstrucción nacional y la conducción del Poder Ejecutivo.
