«Muy pocos acuerdos y muchos compromisos»: lo que dejó el tercer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo
Ricardo Sucre Heredia y Miguel Barone dice que en torno al proceso hay expectativas de que se den resultados concretos para recuperar la democracia
El cierre del tercer ciclo de la mesa de diálogo entre la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y los delegados del gobierno venezolano dejó un saldo caracterizado por promesas de revisión legal antes que por resoluciones inmediatas. Según explicaron los politólogos Miguel Barone y Ricardo Sucre Heredia en declaraciones brindadas al medio El Pitazo, el proceso concluido el pasado 21 de octubre se resume en compromisos de trabajo a mediano plazo y un volumen acotado de pactos definitivos.
La jornada de conversaciones, desarrollada entre el 14 y el 21 de octubre, arrojó como resultado visible avances en la estructuración de la instancia encargada de evaluar el Poder Judicial, a la par que dejó pendientes aspectos neurálgicos de la agenda política como las inhabilitaciones de dirigentes de la oposición y la devolución de los símbolos de las organizaciones partidistas.
Avances institucionales y el Comité de Postulaciones
Uno de los puntos específicos generados en este ciclo fue la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, instancia orientada al proceso de renovación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En la estructuración de este ente se designó a 12 representantes provenientes de la sociedad civil.
De acuerdo con el análisis presentado por Miguel Barone a El Pitazo, dentro de los 12 miembros seleccionados únicamente dos poseen nexos comprobados con el partido de gobierno. El especialista destacó la incorporación de figuras con trayectoria académica y profesional en el ámbito público, entre quienes citó al politólogo Guillermo Tell Aveledo Coll.
No obstante, Barone matizó el alcance de este paso dentro del cuadro general del país. El analista señaló que la estructura institucional levantada por el oficialismo a lo largo de casi tres décadas no se desarticula de forma veloz. A su juicio, aunque existen acciones puntuales en marcha, el ritmo de los acuerdos responde a un escenario complejo en el que el Ejecutivo suele emplear mecanismos de dilatación en las fases de discusión técnica.
El politólogo enfatizó que la dinámica de la negociación actual cuenta con un elemento determinante: la mediación e influencia directa de Estados Unidos. Según su evaluación dada al referido medio, el margen de aceleración o frenado de las conversaciones depende en buena medida de las decisiones y la presión que ejerza el Departamento de Estado de la nación estadounidense sobre las partes involucradas.
Revisión del marco legal y sanciones administrativas
Por su parte, el analista Ricardo Sucre Heredia evaluó la ronda de negociaciones desde la perspectiva de los compromisos asumidos en materia legislativa. Según expuso a El Pitazo, el comunicado oficial emitido tras la semana de encuentros refleja la disposición de revisar un conjunto de leyes aprobadas en los últimos años que han restringido el ejercicio de los derechos políticos.
Entre los instrumentos bajo revisión destaca la Ley contra el Odio. Barone puntualizó que las modificaciones planteadas hasta el momento han derivado en la eliminación de penas de cárcel, aunque mantuvieron sanciones administrativas caracterizadas por montos económicos elevados. Este tipo de medidas, de acuerdo con el criterio de los expertos, demuestra que la apertura del aparato estatal no implica la derogación automática de los controles regulatorios.
Sucre Heredia indicó que el tratamiento de temas de fondo requerirá un lapso prolongado de deliberación. La restitución de las garantías para que dirigentes políticos inhabilitados puedan medirse en procesos electorales es uno de los puntos con mayor carga técnica y política. En este renglón se incluye el expediente de María Corina Machado, cuya situación jurídica constituye uno de los temas centrales de las mesas de trabajo.
Un elemento adicional en la agenda de discusión es la devolución de las tarjetas y personerías jurídicas de las organizaciones políticas opositoras a sus directivas originales, medida considerada clave para garantizar condiciones de competencia equitativa en futuros eventos comiciales.
Cronograma electoral e impacto en la opinión pública
El desarrollo del proceso de diálogo también se cruza con las proyecciones temporales sobre los próximos eventos electorales. En una entrevista concedida al diario El Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, indicó que la realización de comicios generales podría proyectarse hacia finales del próximo año o incluso fijarse para los primeros meses de 2028.
Esta estimación temporal coincide con las proyecciones de los analistas sobre la probabilidad de que el gobierno extienda las fases de negociación amparándose en tecnicismos. Para Miguel Barone, la extensión de los plazos forma parte de la dinámica propia de estos procesos, donde las concesiones políticas se otorgan de forma pausada.
En cuanto a la recepción del proceso por parte de la sociedad civil, Sucre Heredia subrayó que la percepción ciudadana se mueve actualmente bajo el terreno de las expectativas concretas más que sobre la base de una confianza irrestricta hacia las partes negociadoras. La población sigue la evolución de la mesa de diálogo a través de los resultados verificables que puedan traducirse en cambios para el entorno político e institucional del país.
Por su parte, Barone coincidió en que existe un distanciamiento entre la ciudadanía y los actores que participan en las conversaciones, derivado del desgaste de intentos anteriores. Sin embargo, sostuvo que la vigencia de la mesa de negociación representa el canal operativo actual para intentar la restitución de garantías democráticas, independientemente de los niveles de aprobación popular que registre la dirigencia política involucrada.
El tercer ciclo de negociaciones concluye de este modo con un esquema de trabajo que traslada la discusión hacia comisiones técnicas, mientras la implementación de los compromisos asumidos dependerá de los equilibrios de fuerza entre las delegaciones y de la supervisión de los actores internacionales participantes en el proceso.
