La Asamblea Nacional aprobó la designación de los 12 ciudadanos provenientes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano parlamentario responsable de seleccionar y evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con el reporte publicado por el portal digital Runrunes, el grupo seleccionado está conformado por juristas, especialistas en ciencias penales, defensores de derechos humanos, médicos psiquiatras y cardiólogos, cuya tarea se rige por lo establecido en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La instancia técnica tiene como mandato legal filtrar las credenciales y perfiles de los profesionales del derecho que se postulen para renovar las distintas salas del máximo tribunal del país. La nómina aprobada combina profesionales del ejercicio libre de la abogacía, exfuncionarios del sistema de justicia, representantes de gremios profesionales y de la academia, así como activistas de organizaciones no gubernamentales.
Perfiles del sector jurídico y empresarial
Dentro de la lista de juristas seleccionados destaca el abogado Luis Alfonzo Paradisi, especialista en derecho administrativo y postulado por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Según los registros gremiales citados por Runrunes, Alfonzo Paradisi ejerce como director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, además de integrar la junta directiva de la Cámara Venezolano-Británica de Comercio, organización en la cual presidió el Comité Legal durante el año 2016.
El jurista también se desempeñó como presidente de la Cámara Venezolano-Colombiana entre los años 2019 y 2021. En el ámbito del arbitraje comercial, integra el Consejo Consultivo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. La organización Transparencia Venezuela confirmó que en las revisiones efectuadas no se registraron filiaciones con el partido de gobierno ni militancia política activa.
En la representación de los colegios profesionales figura una abogada especialista en Ciencias Penales, Criminalística y Derecho Procesal, con trayectoria en la administración de justicia regional, tras desempeñarse como jueza en el estado Trujillo en el período comprendido entre 1970 y el año 2000. Su candidatura contó con el respaldo formal de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela, sin que las investigaciones independientes reflejen vínculos con parcialidades políticas.
Asimismo, la nómina incluye a una especialista en Ciencias Penales y magíster en Instituciones Financieras y Derecho Bancario, cuya postulación se realizó por iniciativa propia con el aval institucional de la Universidad Católica Andrés Bello. De acuerdo con datos publicados por la plataforma Macedonia del Norte, la jurista ejerció responsabilidades como fiscal del Ministerio Público tanto antes como después de 1999, y prestó servicios dentro de la jurisdicción disciplinaria judicial.
La representación del libre ejercicio del derecho se complementa con una abogada especializada en Derecho Laboral, Gerencia Municipal y Derecho Procesal Civil, quien laboró en 2004 como jefa del servicio revisor en la Notaría Pública Primera del estado Vargas. Archivos del Tribunal Supremo de Justicia confirman que ejerció como jueza titular en el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas entre los años 2008 y 2014.
Otra de las integrantes independientes es una especialista en Ciencias Penales y docencia universitaria. Documentos del Tribunal Supremo de Justicia revelan su participación procesal entre 2010 y 2011 en recursos contenciosos electorales enfocados en la transparencia de comicios internos de la Caja de Ahorros del Personal del Ministerio Público.
